Otra pena que quiere endurecer Trump

Charlie Savage - The New York Times

WASHINGTON.- Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, los políticos han anunciado periódicamente, con fanfarrias, que presentarían una iniciativa de ley para despojar de la nacionalidad a los estadounidenses acusados de terrorismo. La idea tiende a atraer atención por poco tiempo y luego se desvanece, en parte, porque la Corte Suprema falló hace ya mucho tiempo que la Constitución no permite que el gobierno le quite a una persona la nacionalidad en contra de su voluntad.

Sin embargo, el martes, el presidente electo Donald Trump revivió la idea y la llevó muchísimo más allá del caso extremo de un presunto terrorista. Propuso que el castigo para los estadounidenses que protestan contra las políticas gubernamentales con la quema de la bandera, podrían perder su nacionalidad; lo que significa, entre otras cosas, su derecho a votar en elecciones futuras.

“No se le debería permitir a nadie quemar la bandera estadounidense -si lo hacen, debe haber consecuencias-, ¡quizá perder la nacionalidad o un año en la cárcel!”, escribió Trump en un tuit a las 6:55 a.m.

“Trump escribió eso poco después de que Fox News transmitiera un segmento sobre una disputa en el Colegio Hampshire en Massachusetts, el cual quitó la bandera estadounidense del asta en su campus después de las protestas por la victoria electoral de Donald Trump; durante una manifestación, alguien quemó una bandera.

Aun si Trump pudiera persuadir al Congreso para que promulgara un estatuto penal, un cambio drástico en el equilibrio entre el poder gubernamental y las libertades individuales, cualquiera al que se le condenara y sentenciara de conformidad con ella podría señalar los precedentes claros de la Corte Suprema para argumentar la violación constitucional.

Los obstáculos incluyen el precedente de que la Constitución no le permite al gobierno expatriar a estadounidenses en contra de su voluntad, de conformidad con el emblemático caso de Afroyim contra Rusk, de 1967. Asimismo, están el fallo de 1989 en Texas contra Johnson, en el cual la Corte abolió leyes penales por las que se prohibía quemar la bandera, con el fallo de que el acto es una forma de expresión política a la que protege la Primera Enmienda.

David D. Cole, un profesor de derecho en la Universidad Georgetown, quien colaboró en la elaboración de los sumarios de la Corte Suprema en el caso de la quema de la bandera y quien está a punto de convertirse en el director jurídico nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, dijo que se preguntaba si la estrategia de Trump era incitar a la gente a quemar banderas para poder “marginar” las protestas en su contra. Sin embargo, también dijo que su propuesta “se pasa de la raya”.

“Para mí, es profundamente alarmante que la persona que se va a convertir en el funcionario gubernamental más poderoso de Estados Unidos no entienda nada sobre la Primera Enmienda -que es que no puedes castigar a la gente por expresar su disenso- y también parece no entender que la nacionalidad es un derecho constitucional que no se le puede quitar a nadie, punto; bajo ninguna circunstancia”, explicó.

El caso de 1967 que implicaba quitar la nacionalidad se remonta a una ley de 1940 por la cual se revocaba automáticamente la ciudadanía a los estadounidenses que realizaran ciertos actos, como votar en las elecciones de otro país o unirse a su ejército.

El caso se centraba en un hombre que había nacido en Polonia, se había naturalizado estadounidenses, y después se había ido a Israel y había votado en las elecciones allá. Cuando, posteriormente, quiso renovar su pasaporte estadounidense, el Departamento de Estado se negó con el argumento de que ya no era un ciudadano estadounidense y él demandó.

En un fallo de cinco a cuatro, la Corte Suprema señaló que la nacionalidad y los derechos que de ella emanan “no son ninguna insignificancia ligera que se pueda arriesgar en cualquier momento” con los intentos de los políticos por restringirlos. La Corte dijo que la Enmienda 14, que garantiza el debido proceso de ley, no empodera al gobierno para “robarle a alguien” su nacionalidad. Los estadounidenses, explica la resolución, solo pueden perder su nacionalidad, renunciando a ella en forma voluntaria.

“La mismísima naturaleza de nuestro gobierno libre hace que sea completamente incongruente tener un Estado de derecho en el que un grupo de ciudadanos que están temporalmente en cargos públicos pueden privar a otro grupo de ciudadanos de su nacionalidad”, escribió el magistrado Hugo L. Black.

En un caso de 1980, el de Vance contra Terrazas, la Corte Suprema extendió ese precedente por una votación de seis a tres. Concernía a un hombre que nació con dos nacionalidades, la estadounidense y la mexicana, quien cuando era estudiante juró lealtad a México, renunció a su ciudadanía estadounidense para poder obtener el documento mexicano correspondiente.

Cuando el Departamento de Estado dijo que por ello él había abandonado su nacionalidad estadounidenses, él le metió una demanda. La mayoría de la Corte dijo que seguía siendo ciudadano porque el gobierno tenía que demostrar que, específicamente, él pretendía renunciar a la nacionalidad en lugar de haber dicho esas palabras con una motivación diferente, como satisfacer su deseo de obtener el certificado.

El caso de la quema de la bandera en 1989 también se decidió con una votación de cinco a cuatro. Se centró en un manifestante que había quemado una bandera afuera de la Convención Nacional Republicana en 1984, en Dallas, como parte de una manifestación política en contra de las políticas del gobierno de Reagan. Se levantaron cargos en contra del manifestante, Gregory Johnson, de conformidad con una ley estatal por la cual se penaliza la profanación de la bandera, y él presentó la apelación de su condena.

La mayoría falló que el acto de Johnson era oratoria simbólica que está protegida por la Constitución con lo que, en efecto, anuló las leyes estatales en contra de la profanación de la bandera en todo Estados Unidos. En respuesta, el Congreso promulgó rápidamente una ley federal en contra de tal profanación, pero en 1990, la misma mayoría de magistrados la anuló también.