Por Juan Manuel Asis
27 Noviembre 2016
El poder político e institucional ya está en juego en el país. Cambiemos arriesgará una cuota nacional del suyo en 2017 y el Frente para la Victoria provincial lo pondrá todo en la mesa dos años más tarde, en 2019. Aunque, para ambos grupos, los resultados de los comicios intermedios pueden derivar en el comienzo del fin o en la continuidad del principio de alguno de ellos. Así se entienden los diferentes niveles de preocupación por los procesos de reformas electorales puestos en marcha en el plano nacional y el local. Pensados para sus subsistencias, cada gestión vive sus procesos reformadores con distinta intensidad, aunque con una misma motivación política: seguir.
En ese marco, las reacciones y el visible malestar de dirigentes nacionales de Cambiemos por el rechazo de senadores y gobernadores del FpV a su proyecto reformista desnudaron que empezaron a transitar el tiempo pre-electoral con una sensación de desventaja. El macrismo apostó todas sus fichas a la implementación del voto electrónico, suponiendo que ese mecanismo le ayudaría en un clima de supuesta transparencia. Y se quedó sin nada, inesperadamente. Se topó con un peronismo que vio en la iniciativa oficial una amenaza al mantenimiento de sus espacios de poder, especialmente en las provincias. No vienen por el kirchnerismo, vienen por el peronismo; fue al parecer la advertencia que detonó el rechazo.
Fue una derrota institucional y política sorpresiva para el Gobierno nacional, aunque desde lo discursivo puede sacar ventajas ya que la negativa de los referentes del FpV le viene de perillas para seguir acusando al justicialismo de estar atado a un sistema electoral clientelar y fraudulento, por más que el sufragio electrónico no conlleve garantías de transparencia, ya que existen dudas sobre su inviolabilidad. Si alguien desde el PJ dijera que los macristas querían cometer un fraude electrónico en perjuicio del peronismo; pocos lo creerían. Como lo graficó un ex funcionario: si el dueño de la pelota pone la cancha, elige los jugadores, pone el árbitro, los líneas, hasta el cuarto árbitro, y encima dicta el reglamento, ¿quién querría jugar ese partido? Nadie quiere jugar de visitante, y con todas las de perder. Así se sienten.
Claro que los argumentos no modifican los regímenes electorales ni repercuten a las urnas; sólo pueden influenciar en niveles no medibles en la opinión de la ciudadanía. Esto no es suficiente para el Gobierno nacional, donde algunos asimilaron elegantemente el mandoble, en cambio otros reaccionaron con violencia verbal acusando al PJ de retrógrado y feudal, por una acción que no vieron, ni calcularon. A negociar de nuevo, en otros tonos y con más desconfianza. Ya no sólo es enfrentar a Massa y lidiar con Cristina, sino también contrarrestar al peronismo institucionalizado. Muchos frentes.
En el fondo, no se trata de mejorar las instituciones sino de dar pelea por el poder, que es lo que precisamente se pondrá en juego el año próximo. De ahí que se mire la intención macrista y el rechazo del FpV en el marco de una disputa a futuro por apropiarse de las mejores cartas para la partida. El Gobierno nacional no se quedará de brazos cruzados; la batalla que viene es trascendental, por lo que cabe esperar al menos reacciones de tipo institucional y político contra los gobernantes peronistas.
En ese panorama de enfrentamiento se entiende que haya gobernadores que se opongan al voto electrónico. Es que un traspié de Cambiemos en 2017 le abre las puertas al regreso del peronismo al poder y también al líder del espacio que eventualmente pueda emerger. Más aún, apuntalará al tucumano del PJ que mire con ambición al sillón de Lucas Córdoba para 2019, ya sea el actual mandatario mirando su reelección o bien su antecesor pensando en el regreso. En el justicialismo sonríen porque entienden que le asestaron un golpe a las chances electorales del macrismo cerrando las puertas al proyecto reformista y que -a la vez- se acrecentaron las suyas. Para analizar esta movida habrá que esperar el desenlace.
En suma, cuando se habla de reforma política, de nuevos esquemas de votación o de colectoras, de lo que se está hablando es de la posibilidad de disfrutar del poder. En Cambiemos había desesperación por aplicar su propuesta reformista porque debilitaba al peronismo desde la institucionalidad; un justicialismo que se defiende oponiéndose a la movida macrista hablando de inflación, desocupación, inseguridad, salarios, pobreza.
A la tucumana
La oposición en Tucumán, a su vez, le achaca desinterés reformista al oficialismo. Y es cierto; ya que su partida se juega en 2019, no el año próximo. La reforma política no despierta el entusiasmo del peronismo; máxime si las propuestas en danza afectan mínimamente sus chances electorales. En la provincia, el interés del PJ por eventuales cambios en los sistemas de votación se acelerará o se retrasará según el resultado comicial del año entrante. Incluso determinará si el producto final de la iniciativa reformista de la Legislatura es completo, de chapa y pintura, o si se agota sólo en un tibio barniz. Acople es el concepto clave.
Tanto es el desinterés del oficialismo por alterar las reglas de juego en la provincia, por lo menos hasta ahora, que la oposición es la que más proyectos presentó en la Cámara vinculados a modificaciones a la legislación electoral.
Porque el sistema electoral es clave a la hora de pensar en llegar o en mantenerse en el poder. No por nada el peronismo pica en punta cuando se trata de imaginar mecanismos especiales de selección de candidatos. Ya se dijo -y vale reiterarlo-, los compañeros no van a renegar tan fácilmente del acople si no pergeñan un esquema alternativo. Lo cuantitativo adquiere relevancia en el PJ a partir de la cantidad de afiliados que tiene -casi 200.000- a la hora de pensar en colectoras. Y si cada peronista porta en su mochila el bastón de mariscal, se entiende que se hayan enamorado del acople. Todos quieren encabezar una lista. Y son muchos, cientos.
Encima, los resquicios legales que les deja la ley de partidos políticos (5.454) les abre las puertas para consolidar el sistema “acoplista”; claro, en desmedro de los niveles de representatividad, de la vida partidaria y hasta de la propia democracia.
Se entiende entonces que la oposición objete el arma electoral perfecta para el peronismo. Los radicales Canelada, Estofán, Chebaia y Aráoz quieren modificar la ley 7.876 y fijar que un partido político, alianza o frente electoral que presente candidatos a gobernador y vice sólo pueda celebrar un acuerdo con otra fuerza. Es decir reduce el acople a uno. Dardo al corazón de los peronistas.
Los mismos parlamentarios, además, sugieren la modificación de la integración de la Junta Electoral Provincial, promueven debates obligatorios entre los aspirantes a la gobernación y determinan la implementación del voto electrónico. Brodersen (PRO) propone PASO en los partidos (internas para elegir candidatos) y cambios en los requisitos de caducidad de las organizaciones políticas.
En general, la oposición no quiere una reforma constitucional -ni siquiera la mencionan- ni reniega de las colectoras, sólo intentan atenuar sus efectos, con lo cual se puede suponer que, además de transparencia, afectarían las posibilidades del peronismo. Si a ello le suman el voto electrónico, establecido en la Carta Magna, el combo podría ser eventualmente dañino para el oficialismo. Esto último es una especulación; pero es la apuesta opositora.
Y tanto no reniegan de los acoples, que la pata peronista del Acuerdo para el Bicentenario, el alfarismo, presentó su propia iniciativa, aunque no en la Legislatura. Entre otras cosas limita el acople en los casos de intendente, proponiendo que una lista de candidatos a gobernador y vice sólo puede aceptar la adhesión de una lista de candidato a intendente por ciudad. Así no habría un sinnúmero de candidatos a jefes municipales avalando a una misma fórmula gubernamental.
Es más, le dan un nombre al sistema de colectoras establecido en la Constitución de 2006: “Acuerdo de Unión de Boletas Electorales”. Prohibe los apoderados múltiples, que en Tucumán abundan; crea la Justicia Electoral Provincial, formado por un juzgado electoral y una cámara electoral (integrada por los camaristas que voltearon los comicios de 2015); y establece condiciones más duras para el reconocimiento de los partidos. Por ejemplo: fija la cantidad necesaria de afiliados en 1,5% del total de empadronados para las organizaciones provinciales. O sea casi 15.000. Hoy es del cuatro por mil (4.000). Muchos no podrían cumplir este requisito. Detalle a tener en cuenta: para ser reconocido como partido de distrito por la Junta Electoral Nacional se necesitan 4.000 afiliaciones; luego con ese reconocimiento la organización puede gestionar y obtener la certificación de la JEP como partido provincial. En ese marco, convendría ir por la vía electoral nacional primero y luego “bajar” a la Provincia. Una forma de “puentear” la propuesta de Cambiemos municipal; según advirtió un observador.
Inconstitucionalidad
Como se dijo, ningún proyecto opositor contempla la posibilidad de reformar la Carta Magna para eliminar el acople; establecido en el inciso 12 del artículo 43. Sólo lo acotan. Todo para limitar la supuesta influencia beneficiosa del acople para el peronismo y en aras de transparentar un sistema polémico, y con los mismos argumentos con los que el Gobierno nacional defendía su proyecto reformista. Que fracasó. ¿Sucederá lo mismo en la provincia? Falta tiempo para ver qué ocurre finalmente.
¿Por qué la oposición no menciona la posibilidad de reformar la Constitución? En el caso de la propuesta alfarista tiene una explicación. Es que la iniciativa se completa con un planteo de inconstitucionalidad contra el sistema de acople en la Justicia; demanda que podría hacerse antes de fin de año. ¿En qué se sostendría el recurso? En el propio fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que convalidó los comicios de 2015. En la resolución del 20 de septiembre, la Justicia propone al Poder Ejecutivo que evalúe la factibilidad, pertinencia y conveniencia de establecer modificaciones para perfeccionar el sistema electoral imperante, en pos de asegurar de una manera más efectiva la preservación de los esenciales valores democráticos. O sea, en los cálculos previos se apuesta a voltear el acople por la vía judicial sin tocar la Carta Magna y aplicar un sistema sustituto.
Claro, el oficialismo tucumano no se quedará de brazos cruzados, porque detrás de la discusión de los esquemas electorales se esconden las intenciones por conseguir un régimen que favorezca las pretensiones propias. Así Cambiemos apostó al voto electrónico, así los gobernadores peronistas lo rechazaron; así el oficialismo tucumano no quiere tocar el acople y la oposición local, por ende, lo quiere modificar.
En ese marco, las reacciones y el visible malestar de dirigentes nacionales de Cambiemos por el rechazo de senadores y gobernadores del FpV a su proyecto reformista desnudaron que empezaron a transitar el tiempo pre-electoral con una sensación de desventaja. El macrismo apostó todas sus fichas a la implementación del voto electrónico, suponiendo que ese mecanismo le ayudaría en un clima de supuesta transparencia. Y se quedó sin nada, inesperadamente. Se topó con un peronismo que vio en la iniciativa oficial una amenaza al mantenimiento de sus espacios de poder, especialmente en las provincias. No vienen por el kirchnerismo, vienen por el peronismo; fue al parecer la advertencia que detonó el rechazo.
Fue una derrota institucional y política sorpresiva para el Gobierno nacional, aunque desde lo discursivo puede sacar ventajas ya que la negativa de los referentes del FpV le viene de perillas para seguir acusando al justicialismo de estar atado a un sistema electoral clientelar y fraudulento, por más que el sufragio electrónico no conlleve garantías de transparencia, ya que existen dudas sobre su inviolabilidad. Si alguien desde el PJ dijera que los macristas querían cometer un fraude electrónico en perjuicio del peronismo; pocos lo creerían. Como lo graficó un ex funcionario: si el dueño de la pelota pone la cancha, elige los jugadores, pone el árbitro, los líneas, hasta el cuarto árbitro, y encima dicta el reglamento, ¿quién querría jugar ese partido? Nadie quiere jugar de visitante, y con todas las de perder. Así se sienten.
Claro que los argumentos no modifican los regímenes electorales ni repercuten a las urnas; sólo pueden influenciar en niveles no medibles en la opinión de la ciudadanía. Esto no es suficiente para el Gobierno nacional, donde algunos asimilaron elegantemente el mandoble, en cambio otros reaccionaron con violencia verbal acusando al PJ de retrógrado y feudal, por una acción que no vieron, ni calcularon. A negociar de nuevo, en otros tonos y con más desconfianza. Ya no sólo es enfrentar a Massa y lidiar con Cristina, sino también contrarrestar al peronismo institucionalizado. Muchos frentes.
En el fondo, no se trata de mejorar las instituciones sino de dar pelea por el poder, que es lo que precisamente se pondrá en juego el año próximo. De ahí que se mire la intención macrista y el rechazo del FpV en el marco de una disputa a futuro por apropiarse de las mejores cartas para la partida. El Gobierno nacional no se quedará de brazos cruzados; la batalla que viene es trascendental, por lo que cabe esperar al menos reacciones de tipo institucional y político contra los gobernantes peronistas.
En ese panorama de enfrentamiento se entiende que haya gobernadores que se opongan al voto electrónico. Es que un traspié de Cambiemos en 2017 le abre las puertas al regreso del peronismo al poder y también al líder del espacio que eventualmente pueda emerger. Más aún, apuntalará al tucumano del PJ que mire con ambición al sillón de Lucas Córdoba para 2019, ya sea el actual mandatario mirando su reelección o bien su antecesor pensando en el regreso. En el justicialismo sonríen porque entienden que le asestaron un golpe a las chances electorales del macrismo cerrando las puertas al proyecto reformista y que -a la vez- se acrecentaron las suyas. Para analizar esta movida habrá que esperar el desenlace.
En suma, cuando se habla de reforma política, de nuevos esquemas de votación o de colectoras, de lo que se está hablando es de la posibilidad de disfrutar del poder. En Cambiemos había desesperación por aplicar su propuesta reformista porque debilitaba al peronismo desde la institucionalidad; un justicialismo que se defiende oponiéndose a la movida macrista hablando de inflación, desocupación, inseguridad, salarios, pobreza.
A la tucumana
La oposición en Tucumán, a su vez, le achaca desinterés reformista al oficialismo. Y es cierto; ya que su partida se juega en 2019, no el año próximo. La reforma política no despierta el entusiasmo del peronismo; máxime si las propuestas en danza afectan mínimamente sus chances electorales. En la provincia, el interés del PJ por eventuales cambios en los sistemas de votación se acelerará o se retrasará según el resultado comicial del año entrante. Incluso determinará si el producto final de la iniciativa reformista de la Legislatura es completo, de chapa y pintura, o si se agota sólo en un tibio barniz. Acople es el concepto clave.
Tanto es el desinterés del oficialismo por alterar las reglas de juego en la provincia, por lo menos hasta ahora, que la oposición es la que más proyectos presentó en la Cámara vinculados a modificaciones a la legislación electoral.
Porque el sistema electoral es clave a la hora de pensar en llegar o en mantenerse en el poder. No por nada el peronismo pica en punta cuando se trata de imaginar mecanismos especiales de selección de candidatos. Ya se dijo -y vale reiterarlo-, los compañeros no van a renegar tan fácilmente del acople si no pergeñan un esquema alternativo. Lo cuantitativo adquiere relevancia en el PJ a partir de la cantidad de afiliados que tiene -casi 200.000- a la hora de pensar en colectoras. Y si cada peronista porta en su mochila el bastón de mariscal, se entiende que se hayan enamorado del acople. Todos quieren encabezar una lista. Y son muchos, cientos.
Encima, los resquicios legales que les deja la ley de partidos políticos (5.454) les abre las puertas para consolidar el sistema “acoplista”; claro, en desmedro de los niveles de representatividad, de la vida partidaria y hasta de la propia democracia.
Se entiende entonces que la oposición objete el arma electoral perfecta para el peronismo. Los radicales Canelada, Estofán, Chebaia y Aráoz quieren modificar la ley 7.876 y fijar que un partido político, alianza o frente electoral que presente candidatos a gobernador y vice sólo pueda celebrar un acuerdo con otra fuerza. Es decir reduce el acople a uno. Dardo al corazón de los peronistas.
Los mismos parlamentarios, además, sugieren la modificación de la integración de la Junta Electoral Provincial, promueven debates obligatorios entre los aspirantes a la gobernación y determinan la implementación del voto electrónico. Brodersen (PRO) propone PASO en los partidos (internas para elegir candidatos) y cambios en los requisitos de caducidad de las organizaciones políticas.
En general, la oposición no quiere una reforma constitucional -ni siquiera la mencionan- ni reniega de las colectoras, sólo intentan atenuar sus efectos, con lo cual se puede suponer que, además de transparencia, afectarían las posibilidades del peronismo. Si a ello le suman el voto electrónico, establecido en la Carta Magna, el combo podría ser eventualmente dañino para el oficialismo. Esto último es una especulación; pero es la apuesta opositora.
Y tanto no reniegan de los acoples, que la pata peronista del Acuerdo para el Bicentenario, el alfarismo, presentó su propia iniciativa, aunque no en la Legislatura. Entre otras cosas limita el acople en los casos de intendente, proponiendo que una lista de candidatos a gobernador y vice sólo puede aceptar la adhesión de una lista de candidato a intendente por ciudad. Así no habría un sinnúmero de candidatos a jefes municipales avalando a una misma fórmula gubernamental.
Es más, le dan un nombre al sistema de colectoras establecido en la Constitución de 2006: “Acuerdo de Unión de Boletas Electorales”. Prohibe los apoderados múltiples, que en Tucumán abundan; crea la Justicia Electoral Provincial, formado por un juzgado electoral y una cámara electoral (integrada por los camaristas que voltearon los comicios de 2015); y establece condiciones más duras para el reconocimiento de los partidos. Por ejemplo: fija la cantidad necesaria de afiliados en 1,5% del total de empadronados para las organizaciones provinciales. O sea casi 15.000. Hoy es del cuatro por mil (4.000). Muchos no podrían cumplir este requisito. Detalle a tener en cuenta: para ser reconocido como partido de distrito por la Junta Electoral Nacional se necesitan 4.000 afiliaciones; luego con ese reconocimiento la organización puede gestionar y obtener la certificación de la JEP como partido provincial. En ese marco, convendría ir por la vía electoral nacional primero y luego “bajar” a la Provincia. Una forma de “puentear” la propuesta de Cambiemos municipal; según advirtió un observador.
Inconstitucionalidad
Como se dijo, ningún proyecto opositor contempla la posibilidad de reformar la Carta Magna para eliminar el acople; establecido en el inciso 12 del artículo 43. Sólo lo acotan. Todo para limitar la supuesta influencia beneficiosa del acople para el peronismo y en aras de transparentar un sistema polémico, y con los mismos argumentos con los que el Gobierno nacional defendía su proyecto reformista. Que fracasó. ¿Sucederá lo mismo en la provincia? Falta tiempo para ver qué ocurre finalmente.
¿Por qué la oposición no menciona la posibilidad de reformar la Constitución? En el caso de la propuesta alfarista tiene una explicación. Es que la iniciativa se completa con un planteo de inconstitucionalidad contra el sistema de acople en la Justicia; demanda que podría hacerse antes de fin de año. ¿En qué se sostendría el recurso? En el propio fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que convalidó los comicios de 2015. En la resolución del 20 de septiembre, la Justicia propone al Poder Ejecutivo que evalúe la factibilidad, pertinencia y conveniencia de establecer modificaciones para perfeccionar el sistema electoral imperante, en pos de asegurar de una manera más efectiva la preservación de los esenciales valores democráticos. O sea, en los cálculos previos se apuesta a voltear el acople por la vía judicial sin tocar la Carta Magna y aplicar un sistema sustituto.
Claro, el oficialismo tucumano no se quedará de brazos cruzados, porque detrás de la discusión de los esquemas electorales se esconden las intenciones por conseguir un régimen que favorezca las pretensiones propias. Así Cambiemos apostó al voto electrónico, así los gobernadores peronistas lo rechazaron; así el oficialismo tucumano no quiere tocar el acople y la oposición local, por ende, lo quiere modificar.
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