Testigos reconocieron dónde estuvieron detenidos

Los restos de las paredes gruesas de ladrillos y las raíces externas enormes de un gomerón. Esos dos rasgos visibles fueron clave para determinar dónde estaba ubicado con exactitud un chalet del ex Ingenio Lules donde funcionaba una base militar y un centro clandestino de detención en 1975, según los testimonios de víctimas que declararon en la megacausa “Operativo Independencia” y los registros de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Ayer se realizó en el lugar la primera inspección ocular en el contexto del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra 271 víctimas durante la operación.

Base militar

La inspección comenzó cerca del mediodía, apenas la lluvia que caía sobre Lules dio una tregua. Los jueces Gabriel Casas (presidente del Tribunal Oral Federal) y Hugo Cataldi encabezaron la medida.

Una vez que la comitiva integrada por fiscales, querellantes y defensores se ubicó debajo de la galería de la administración, Casas explicó a los testigos que no debían ampliar sus declaraciones testimoniales, sino ubicar los sitios que mencionaron en la sala.

Manuel Yapura, un ex trabajador del ingenio San Pablo secuestrado el 3 de marzo de 1975, relató que fue llevado al lugar y que allí había un asentamiento militar. Miguel Martínez, un vecino de Lules secuestrado el 9 de marzo de 1975, asintió. “Me trajeron un domingo, con mucha gente de la Villa Nueva, incluido mi papa y dos o tres hombres grandes. Nos llevan a un chalet, lo único que quedan son arboles. Nos tenían encapuchados y atados los ojos. En las raíces de un árbol grande estaba. Vinieron y me patearon y me dijeron ‘preparate’. Me agarraron del brazo y me sacaron. Me cargaron en una camioneta y me dejaron en la ruta”, afirmó.

Empleados que se encontraban en el lugar afirmaron que había un trabajador que estaba desde esa época y que quizás podría ubicar los sectores que se estaba describiendo. Juan Ruiz contó que era motorista y que solía entrar al predio frecuentemente.

“¿Había un chalet ahí?”, le preguntó Casas al hombre. “Sí, señor, lo han desarmado”, confirmó. “Los militares vinieron en el 74 hasta mediados del 77 o 78. Estaban aquí en ese chalet. Era de dos plantas”, afirmó. Aseguró que antes era la casa del administrador. Ruiz guió al grupo hasta el sitio. Martínez identificó de inmediato las raíces del gomerón y que ingresó al sitio por un portón paralelo al ingreso actual.

La fiscal Julia Vitar le consultó a Ruiz cuándo fue demolida la construcción, porque consignó que la Conadep hizo un reconocimiento del lugar apenas retornó la democracia. El trabajador estimó que podría haber sido entre el 83 u 84. En el informe “Nunca más”, de hecho, está la descripción del edificio y señala que los detenidos habrían estado en un sótano (una carbonera), tal como indicaron testigos en el juicio. El fiscal Agustín Chit remarcó el valor del reconocimiento. “Da veracidad a los testimonios que se produjeron en el debate. Ratifica que hubo ingenios que tuvieron una participación en el Operativo conforme relatan los testigos”, expresó.

Está previsto que con el avance de las audiencias se efectúen nuevas inspecciones en otros centros clandestinos. El juicio ya llegó a la mitad de los testimonios y se espera que se extienda hasta el año próximo. Es el proceso oral por delitos de lesa humanidad más grande que se celebra en el TOF en cuanto al número de víctimas. Es el primero, sin embargo, que aborda hechos sucedidos durante un Gobierno constitucional, el de Estela Martínez de Perón.

“Degradación”

Ayer también se tomó declaración en su domicilio de la localidad de San Pablo a la víctima Orlando Suárez. El ex empleado del Ingenio San Pablo fue una de las 14 personas secuestradas en un casamiento el 22 de marzo de 1975. El caso es uno de los más resonantes de la megacausa y tiene entre sus víctimas a los hermanos Juan Eugenio Aranda y Francisco Aranda, de 21 y 18 años. Dos cuerpos fueron entregados a la familia, pero parientes dudaron en la audiencia que fueran los de los jóvenes. Por pedido de la Fiscalía, serán exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Suárez relató que la noche de la boda llegaron “unimogs y gente de civil”. “Trajeron a un muchacho Juárez, muy golpeado, para que identificara quienes estaban ‘comprometidos’. Llevaban a cualquiera. Nos metieron en camionetas del ingenio, los Aranda iban conmigo. Nos llevaron a la comisaría y después al ex ingenio. Ahí nos vendaron los ojos en una casona. Nos hicieron subir una escalera. Se escuchaba gente”, recordó.

Afirmó que allí fue golpeado y que le hicieron tragar una sonda y que lo torturaron con una picana. “Me desmayé. Cuando me desperté tenía ampollas en la boca y el esófago por la electricidad. Al otro día nos llevaron a La Escuelita”, consignó. Afirmó que en ese lugar fue interrogado sobre si alimentaba a “la guerrilla” y que los relacionaban con la “caída de un avión”. “Estábamos atados de pies y manos. Nos degradaban tanto que le pedí a Dios que me ayude a morir. Un día me tocó al lado de ‘Cuco’ (Francisco Aranda), de espaldas. Nos tocamos la mano para darnos fuerzas. ‘Yo no vuelvo más’, me dijo”, lamentó llorando.

"Negar la existencia de grupos armados es inverosímil"

“En la mayoría de los testimonios no se nombra a los imputados. Se refiere al contexto: la existencia de militares y de grupos armados en el monte y una sociedad con intranquilidad”, consideró el defensor Facundo Maggio.

El letrado que representa a Camilo Orce -la codefendora es Nadia Orce- evaluó así el avance del juicio. Por otro lado, se refirió a la declaración del testigo Orlando Suárez, al que preguntó si sabía de la existencia de grupos armados en los cerros y de noticias de enfrentamientos en los medios. Suárez opinó que no existían y que no recordaba si estaba reflejado en los medios. “Negar la existencia de grupos armados es inverosímil e insostenible. El dolor y la razón no se llevan bien, lo digo con absoluto respeto y entendiendo las posturas de algunas querellas. Uno pregunta cuestiones objetivas. Pedir que no se pregunte cuestiones válidas es similar a admitir un juicio regulado por parámetros desconocidos”, sostuvo.

El jueves, el defensor Mario Leiva había afirmado que “la acción de la guerrilla era esquivada por las querellas”. Ayer dos querellantes refutaron sus dichos.

“La manifestación de Leiva nos llama la atención. No nos oponemos a que surjan los enfrentamientos, porque hay documental sobre ellos. En realidad quieren instalar la teoría de los dos demonios. Se trata de equiparar o justificar un plan sistemático con hechos conocidos y documentados”, lamentó Pedro Orieta. Pablo Gargiulo coincidió y añadió que Leiva tergiversó parte de los dichos de un testigo para avalar su afirmación sobre las querellas.