Siete decanos se le plantan al Rectorado

Los siete decanos opositores han salido a cuestionar el planteo de las autoridades de la UNT sobre el plan de ajuste para achicar el déficit y solicitaron transparencia en la administración de los fondos universitarios. El sábado, en una nota de este diario, la rectora, Alicia Bardón; y el vicerrector, José García, hicieron referencia al pedido que viene efectuando la Nación a fin de definir un plan racional y concreto para sanear las cuentas. Y remarcaron que esperaban llegar a un acuerdo con todos (en referencia a la comunidad universitaria).

En esa misma publicación, el vicerrector confirmó que el 15 llegará un grupo de técnicos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que se reunirán con autoridades y decanos para acordar los pasos a seguir.

Sobre esto, los decanos expresaron: “La rectora y el vicerrector hablan de la necesidad de un ajuste, y lo hacen por los medios, expresando la necesidad de un acuerdo que todos podamos comprender. No se puede acordar respecto de aquello que se desconoce”.

El comunicado lleva la firma de Adela Seguí (Derecho), Rosa Castaldo (Psicología), Liliana Zeman (Odontología), Olga Paterlini (Arquitectura), Ricardo Zelaya (Medicina), Beatriz Silva (Educación Física) y José Luis Jiménez (Ciencias Económicas). Este grupo se erige, hoy, como el contrapeso de la gestión bardonista: son siete de los 13 decanos de la UNT.

En el documento dejaron asentado que le exigen a las autoridades “acceso a la información sobre la ejecución presupuestaria de la Universidad y un cuadro de situación lo más detallado y completo posible para poder tomar decisiones responsablemente”.

Recordaron, además, que la UNT atraviesa un “déficit extraordinario” que ha sido cuestionado por la SPU. Sin embargo -remarcaron- hasta ahora no conocen las cuentas universitarias más allá de “números globales”. “Hablan de la importancia del acceso a la información en una universidad en la que los decanos tenemos que recorrer pasillos y despachos durante meses y años para recibir negativas, respuestas confusas y contradictorias sobre los derechos de nuestras facultades: puntos docentes propios, unidades estructurales del personal no docente y pedidos de reparaciones de situaciones urgentes en los edificios”, agregaron.

Trajeron a colación el reclamo que las autoridades universitarias le hicieron a la Nación sobre “reparto equitativo de fondos entre universidades” en referencia al presupuesto 2017 (aprobado en Diputados) que benefició a otras universidades con montos extras y no a la UNT. Desde mediados de año se intensificó la demanda por los $70.000 mensuales para funcionamiento de las unidades académicas, que el Rectorado ha retenido para hacer frente a otros pagos.

Como cierre, los decanos de estas siete facultades subrayaron que la comunidad universitarias confió en ellos la protección de sus intereses, “así como la comunidad en general nos confió educar a sus jóvenes. Lo hacemos en nombre de ellos y en el cumplimiento de nuestro deber”.

Denuncia por acoso laboral

Una denuncia por acoso laboral contra un funcionario del Rectorado de la UNT ha causado revuelo interno entre las autoridades. El 25 de octubre, cuatro mujeres empleadas no docentes de la UNT presentaron dos notas: una dirigida a la rectora, Alicia Bardón, y otra al secretario general del gremio no docente (Apunt), Ángel “Zurdo” Morales. En ambas notas pedían una audiencia “con carácter de urgente” y el tema que motivaba ese pedido estaba vinculado a “problemáticas de mobbing”.

El término inglés mobbing está definido por la Real Academia Española como “el hostigamiento al que, de forma sistemática, se ve sometida una persona en el ámbito laboral, y que suele provocarle serios trastornos psicológicos”.

En esa nota inicial, las damnificadas explicaron -sin entrar en detalles- de qué se trataba el problema. Querían poner al tanto a las autoridades de la “desagradable situación que el personal femenino está padeciendo debido a la actitud del secretario de Asuntos Estudiantiles, Sergio Aragón”. La nota dirigida a la rectora tiene fecha de recepción del 26 de octubre. En idénticos términos se dirigieron al titular de Apunt.

Contaban que el funcionario de Asuntos Estudiantiles, habría estado “ejerciendo una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado en el lugar de trabajo, aun sin saber cuál es la finalidad de sus acciones, pero que afectan el normal desarrollo de las tareas que cada una de las afectadas desempeña, al punto que logra que acabemos abandonando el lugar de trabajo”.

La única diferencia entre la nota dirigida a la rectora y a Morales, es que en este último caso se nombra al secretario con nombre y apellido. En la otra se habla de una “persona importante dentro de la estructura de ésta dependencia”; es decir, la secretaría.

LA GACETA se comunicó con Aragón, quien aseguró desconocer la denuncia y que sólo había escuchado rumores. Confirmó que sigue asistiendo a la secretaría y trabajando normalmente. Dijo que la semana pasada la rectora le comentó sobre el pedido de audiencia, pero que no hablaron nada más. Además, aclaró que tiene “buena relación laboral con todo el mundo” y aseguró que los rumores lo sorprendieron y que la gente “puede decir cualquier cosa”. También señaló que las supuestas víctimas siguen trabajando en la secretaría a su cargo.

Durante los últimos días se había dicho que las afectadas no estaban yendo a trabajar. Se entrevistaron con la rectora y con el vicerrector, José García. El tema fue tratado el lunes en el gremio de Apunt.