05 Noviembre 2016
PROBLEMAS FINANCIEROS. García y Bardón tratan de elaborar un plan para sanear las cuentas de la UNT. la gaceta / foto de juan pablo sánchez noli (archivo)
La asignación en el Presupuesto 2017 de $ 1.028 millones extra a solo 21 universidades de las 56 del país generó malestar entre los rectores. Según manifestó la rectora, Alicia Bardón, este reparto “sin criterio” responde a manejos políticos. “Lo que nos manifestaron en la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) es que no ha sido parte de un acuerdo ni con ellos ni con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”, expresó.
Ayer, la rectora estuvo reunida con las autoridades de la SPU en Buenos Aires para avanzar sobre el plan de ajuste en la UNT. Oportunidad que aprovechó para interiorizarse sobre este beneficio que recibieron algunas universidades, muchas de ellas creadas durante los 12 años del kirchnerismo. “Tiene que ver con acuerdos de los mismos diputados. Sin ninguna pauta racional ni criterio respecto de proyectos académicos, ni de Ciencia y Técnica”, argumentó. Dio como ejemplo que en Santa Fe salieron beneficiadas las tres universidades: Rosario, Rafaela y Litoral.
El presupuesto inicial contemplaba $ 75.561 millones para todas las universidades. Pero el martes surgió una planilla B con adicionales que alcanzaban los $ 1.028 millones. Advertidos sobre esto, un grupo de rectores decidió enviar una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina (PRO). “Entendemos que cualquier incremento adicional que se incorpore como resultado del debate y/o acuerdo debería alcanzar a la totalidad de las universidades y no solamente a un grupo. Deberían aplicarse criterios de equidad (como los que contempla el CIN), y teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento específicas tanto para cada una de las instituciones nuevas como para aquellas consolidadas”, señalaba parte de la carta. La rectora confirmó que ella apoyó el contenido de la misiva.
En el noroeste, las universidades de Jujuy, Catamarca y Salta también quedaron adentro de este listado. La más beneficiada, en este caso, fue la de Salta. Bardón, destacó que entre las 21 instituciones hay algunas históricas y grandes como la de Córdoba (no aparece la UBA) y otras muy nuevas (por ejemplo, Hurlingham creada en 2014).
Cuentas claras
La reunión de Bardón es la última antes de que el 15 desembarquen las autoridades y técnicos de la SPU en la UNT. Antes de esa fecha deberán mandar los lineamientos del ajuste. “Van a reunirse con los decanos y con las autoridades; esperemos llegar a un acuerdo que todos puedan comprender”, manifestó el vicerrector, José García.
Aclaró que los cambios no se verán en 2017, pero al menos la intención es que se vean algunas mejoras que permitan descomprimir el inciso 1 de gastos de personal, que se lleva casi el 100% del presupuesto.
El jueves por la tarde ingresaron $ 120 millones a la cuenta del Rectorado. En principio, el destino de esos fondos son los planes de pago de la AFIP. La rectora había manifestado hace unos días que había solicitado adelantos financieros.
Además, esperan que luego de la reunión con la SPU -y después de que la UNT muestre su intención de ordenar las cuentas- se puedan destrabar los contratos programa. Ya superaron los $ 40 millones, un monto con el que la universidad contaba para pagar sueldos no docentes durante el año pertenecientes a partidas comprometidas desde 2015.
Ayer, la rectora estuvo reunida con las autoridades de la SPU en Buenos Aires para avanzar sobre el plan de ajuste en la UNT. Oportunidad que aprovechó para interiorizarse sobre este beneficio que recibieron algunas universidades, muchas de ellas creadas durante los 12 años del kirchnerismo. “Tiene que ver con acuerdos de los mismos diputados. Sin ninguna pauta racional ni criterio respecto de proyectos académicos, ni de Ciencia y Técnica”, argumentó. Dio como ejemplo que en Santa Fe salieron beneficiadas las tres universidades: Rosario, Rafaela y Litoral.
El presupuesto inicial contemplaba $ 75.561 millones para todas las universidades. Pero el martes surgió una planilla B con adicionales que alcanzaban los $ 1.028 millones. Advertidos sobre esto, un grupo de rectores decidió enviar una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina (PRO). “Entendemos que cualquier incremento adicional que se incorpore como resultado del debate y/o acuerdo debería alcanzar a la totalidad de las universidades y no solamente a un grupo. Deberían aplicarse criterios de equidad (como los que contempla el CIN), y teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento específicas tanto para cada una de las instituciones nuevas como para aquellas consolidadas”, señalaba parte de la carta. La rectora confirmó que ella apoyó el contenido de la misiva.
En el noroeste, las universidades de Jujuy, Catamarca y Salta también quedaron adentro de este listado. La más beneficiada, en este caso, fue la de Salta. Bardón, destacó que entre las 21 instituciones hay algunas históricas y grandes como la de Córdoba (no aparece la UBA) y otras muy nuevas (por ejemplo, Hurlingham creada en 2014).
Cuentas claras
La reunión de Bardón es la última antes de que el 15 desembarquen las autoridades y técnicos de la SPU en la UNT. Antes de esa fecha deberán mandar los lineamientos del ajuste. “Van a reunirse con los decanos y con las autoridades; esperemos llegar a un acuerdo que todos puedan comprender”, manifestó el vicerrector, José García.
Aclaró que los cambios no se verán en 2017, pero al menos la intención es que se vean algunas mejoras que permitan descomprimir el inciso 1 de gastos de personal, que se lleva casi el 100% del presupuesto.
El jueves por la tarde ingresaron $ 120 millones a la cuenta del Rectorado. En principio, el destino de esos fondos son los planes de pago de la AFIP. La rectora había manifestado hace unos días que había solicitado adelantos financieros.
Además, esperan que luego de la reunión con la SPU -y después de que la UNT muestre su intención de ordenar las cuentas- se puedan destrabar los contratos programa. Ya superaron los $ 40 millones, un monto con el que la universidad contaba para pagar sueldos no docentes durante el año pertenecientes a partidas comprometidas desde 2015.
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