26 Octubre 2016
La fiscal santiagueña Olga Gay de Castellano solicitó ampliar las imputaciones contra tres ex jueces de esa provincia, un empresario periodístico y un empleado judicial acusados de cometer una millonaria defraudación por más de $ 10 millones al Estado tucumano mediante medidas cautelares. Estas diligencias se completaron luego con oficios que permitieron el cobro de más de $ 9 millones.
Fuentes judiciales informaron que la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los ex jueces Ramón Tarchini Saavedra, Lucrecia Martínez Llanos y Miguel Ángel Moreno deben ser imputados por los presuntos delitos de “defraudación en concurso real con prevaricato y retardo de Justicia”. En tanto, para el empresario Luis Manuel Pericás y el empleado judicial Eduardo Antuz, reclamó que sean imputados por presunto “tráfico de influencias y cohecho”.
Según consignó Télam, la fiscal penal denunció que “se perdieron varios expedientes” relacionados con medidas cautelares dictadas por los tres ex jueces, aunque consideró que “las pruebas resultan contundentes” sobre la responsabilidad en los dictámenes que provocaron la defraudación. Con anterioridad, el juez Dario Alarcón, a cargo de las investigaciones, había rechazado los pedidos de excarcelaciones formulados por la defensa de los imputados.
Fuentes judiciales informaron que la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los ex jueces Ramón Tarchini Saavedra, Lucrecia Martínez Llanos y Miguel Ángel Moreno deben ser imputados por los presuntos delitos de “defraudación en concurso real con prevaricato y retardo de Justicia”. En tanto, para el empresario Luis Manuel Pericás y el empleado judicial Eduardo Antuz, reclamó que sean imputados por presunto “tráfico de influencias y cohecho”.
Según consignó Télam, la fiscal penal denunció que “se perdieron varios expedientes” relacionados con medidas cautelares dictadas por los tres ex jueces, aunque consideró que “las pruebas resultan contundentes” sobre la responsabilidad en los dictámenes que provocaron la defraudación. Con anterioridad, el juez Dario Alarcón, a cargo de las investigaciones, había rechazado los pedidos de excarcelaciones formulados por la defensa de los imputados.
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