25 Septiembre 2016
JEFE DE LOS FISCALES. El ministro público Jiménez. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio (archivo)
Víctor Manuel Rougés, juez de Instrucción subrogante (N°5), consideró que no le correspondía revisar la decisión de archivar la denuncia penal contra Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales y de los defensores oficiales de la provincia. El titular del Juzgado Correccional N°2 juzgó que sólo debía intervenir en el supuesto de que la fiscala Adriana Reinoso Cuello (N°6) hubiese solicitado la investigación de su superior (hipótesis de pesquisa a cargo de un juez). Como sucedió lo contrario, Rougés entendió que no había cuestiones pendientes de resolución y devolvió el expediente a Reinoso Cuello “a los fines pertinentes”.
La denuncia en cuestión había sido formulada por Roxana Teves contra Jiménez; dos de sus hijos, Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez; el ex fiscal Guillermo Herrera -acorralado por los cuestionamientos, renuncio para jubilarse con el beneficio del 82% móvil hace un año- y la heredera Carolina Severini. Teves expresó que todos ellos integrarían una asociación ilícita a las órdenes de Jiménez que usaba la Justicia penal con fines extorsivos. La denunciante dijo que había sido víctima de ese modus operandi y que, como consecuencia de ello, fue desposeída de su parte en el patrimonio valuado en $ 20 millones (5,3 millones de dólares según la cotización de la época) que había pertenecido al empresario Augusto Severini, quien falleció en septiembre de 2009.
A fines de aquel año, la heredera Severini denunció a Teves -había sido concubina y socia de hecho del empresario- y a tres familiares. La heredera se apersonó en la ex Fiscalía de Herrera con la asistencia de los hijos del jefe de los fiscales y de los defensores oficiales. Como consecuencia de ello, Teves y sus parientes fueron detenidos. Todos ellos recobraron la libertad luego de que la mujer, que sigue imputada, se autoincriminara y cediese unos plazos fijos por más de $ 6 millones que quedaron en manos de Edmundo Javier Jiménez.
Siete días
El caso “Teves” (o “Teves-Albarracín”) adquirió estado público en 2015, cuando el Colegio de Abogados de la Capital denunció que la Justicia penal local podría estar siendo usada como una agencia de cobranzas, sospecha que generó una auditoría interna (ver “Judiciales alertan...”). Este año, Teves formuló su presentación contra Jiménez, sus hijos, Herrera y Severini. Tanto el titular del Ministerio Público denunciado como Reinoso Cuello consideraron que esa denuncia es, en realidad, una defensa.
La decisión de Rougés en principio sólo beneficiaría a Jiménez, quien fue ex ministro de Gobierno y de Justicia de José Alperovich entre 2003 y 2014, cuando aquel lo designó jefe de los fiscales. Ocurre que ni Herrera ni los hijos del titular del Ministerio Público ni Severini gozan de fueros. Ello implicaría que Reinoso Cuello ha de disponer un archivo específico respecto de los denunciados comunes. Todavía cabe la posibilidad de que Teves, que es asesorada por los abogados y dirigentes radicales Juan Roberto Robles y Juan Andrés Robles (son padre e hijo), asuma el rol de querellante y se oponga a los criterios de Reinoso Cuello. Esa fiscala aconsejó el rechazo de la denuncia una semana después de que esta ingresara a los Tribunales.
Rougés actúa como juez subrogante en el Juzgado N°5 durante los meses impares por la jubilación con el beneficio del 82% móvil de la ex titular Mirta Lenis de Vera -en los meses pares interviene el juez Marcelo Mendilaharzu-. Días antes de jubilarse, Lenis de Vera se declaró incompetente respecto de este asunto y lo remitió al juez de Instrucción N°1, Alejandro Tomas. Este disintió con su ex par y planteó el conflicto ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. En esa instancia, el fiscal Daniel Marranzino opinó que el caso debía ser asignado a Tomas. Por fin el 6 de septiembre pasado, la Cámara dio el expediente a la oficina acéfala con los votos de los vocales Liliana Vitar y Eudoro Albo -el camarista Enrique Pedicone disintió: para él, el caso debía ingresar al juzgado de Tomas-. Una semana después, Rougés emitió la decisión que avala el archivo de la denuncia de Teves.
La denuncia en cuestión había sido formulada por Roxana Teves contra Jiménez; dos de sus hijos, Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez; el ex fiscal Guillermo Herrera -acorralado por los cuestionamientos, renuncio para jubilarse con el beneficio del 82% móvil hace un año- y la heredera Carolina Severini. Teves expresó que todos ellos integrarían una asociación ilícita a las órdenes de Jiménez que usaba la Justicia penal con fines extorsivos. La denunciante dijo que había sido víctima de ese modus operandi y que, como consecuencia de ello, fue desposeída de su parte en el patrimonio valuado en $ 20 millones (5,3 millones de dólares según la cotización de la época) que había pertenecido al empresario Augusto Severini, quien falleció en septiembre de 2009.
A fines de aquel año, la heredera Severini denunció a Teves -había sido concubina y socia de hecho del empresario- y a tres familiares. La heredera se apersonó en la ex Fiscalía de Herrera con la asistencia de los hijos del jefe de los fiscales y de los defensores oficiales. Como consecuencia de ello, Teves y sus parientes fueron detenidos. Todos ellos recobraron la libertad luego de que la mujer, que sigue imputada, se autoincriminara y cediese unos plazos fijos por más de $ 6 millones que quedaron en manos de Edmundo Javier Jiménez.
Siete días
El caso “Teves” (o “Teves-Albarracín”) adquirió estado público en 2015, cuando el Colegio de Abogados de la Capital denunció que la Justicia penal local podría estar siendo usada como una agencia de cobranzas, sospecha que generó una auditoría interna (ver “Judiciales alertan...”). Este año, Teves formuló su presentación contra Jiménez, sus hijos, Herrera y Severini. Tanto el titular del Ministerio Público denunciado como Reinoso Cuello consideraron que esa denuncia es, en realidad, una defensa.
La decisión de Rougés en principio sólo beneficiaría a Jiménez, quien fue ex ministro de Gobierno y de Justicia de José Alperovich entre 2003 y 2014, cuando aquel lo designó jefe de los fiscales. Ocurre que ni Herrera ni los hijos del titular del Ministerio Público ni Severini gozan de fueros. Ello implicaría que Reinoso Cuello ha de disponer un archivo específico respecto de los denunciados comunes. Todavía cabe la posibilidad de que Teves, que es asesorada por los abogados y dirigentes radicales Juan Roberto Robles y Juan Andrés Robles (son padre e hijo), asuma el rol de querellante y se oponga a los criterios de Reinoso Cuello. Esa fiscala aconsejó el rechazo de la denuncia una semana después de que esta ingresara a los Tribunales.
Rougés actúa como juez subrogante en el Juzgado N°5 durante los meses impares por la jubilación con el beneficio del 82% móvil de la ex titular Mirta Lenis de Vera -en los meses pares interviene el juez Marcelo Mendilaharzu-. Días antes de jubilarse, Lenis de Vera se declaró incompetente respecto de este asunto y lo remitió al juez de Instrucción N°1, Alejandro Tomas. Este disintió con su ex par y planteó el conflicto ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. En esa instancia, el fiscal Daniel Marranzino opinó que el caso debía ser asignado a Tomas. Por fin el 6 de septiembre pasado, la Cámara dio el expediente a la oficina acéfala con los votos de los vocales Liliana Vitar y Eudoro Albo -el camarista Enrique Pedicone disintió: para él, el caso debía ingresar al juzgado de Tomas-. Una semana después, Rougés emitió la decisión que avala el archivo de la denuncia de Teves.
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