Por Álvaro José Aurane
10 Septiembre 2016
Es irremediable recordar ese cuento. Ese chasco que nada tiene que ver con la política y que tiene todo que ver con el poder. Ese chiste del que hace 15 años se acordó el filósofo José Pablo Feinmann en una contratapa de Página/12, mientras miraba una imagen de la reunión a la que el entonces presidente Fernando de la Rúa había invitado a Carlos Menem en la Casa Rosada. Una foto del jefe de un Poder Ejecutivo consultando a su antecesor…
Es ineludible rememorar ese “cuento de gallegos” ahora que, gracias a la investigación periodística de Juan Manuel Asís, se conoce que durante 313 días el gobernador Juan Manzur mantuvo en secreto el decreto 41/1, dictado durante el primer día de su gestión para designar a su predecesor, José Alperovich, como asesor con rango de ministro. Eso sí, con una aclaración del propio Feinmann: los chascos sobre gallegos son, en realidad, sobre argentinos. Pero ese humor nos refleja tan acabadamente que, en un colosal negacionismo colectivo, hemos resuelto cobardemente atribuírselos a los nacidos en Galicia, sólo porque nos resulta insoportable admitir que no estamos hablando de otros, sino de nosotros.
La humorada es sobre un gallego que, además, es proctólogo. Y, se sabe, todo facultativo de esa especialidad tiene que vincularse de manera directa (“acaso íntima”, matiza Feinmann) con el tramo final del aparato digestivo. El chiste -enmendado- dice, pues, que este proctólogo gallego, a sus pacientes, no los auscultaba con un dedo sino con dos, sólo porque quería tener una segunda opinión.
Alperovich nombrado ministro sin despacho por el gobernador que en su primer discurso había prometido concretar de inmediato la reforma política que su predecesor siempre resistió; Alperovich en pose de ganador declarando que seguirá “trabajando por Tucumán”, jugándola de aconsejador, con un decreto que le “valora sobremanera el gesto de servidor público hacia sus comprovincianos”, oyendo a Manzur predicar de él que es un político “muy experimentado” al cual consultar para tener una segunda opinión, era -prácticamente- el único dedo que nos faltaba. Ya no falta más.
Lo imposible
El decreto 41/1 es, en sí, la segunda opinión que el alperovichismo cultural da para todo lo que tenga que ver con la administración de la cosa pública: hay que mantener a rajatabla el Estado de Excepción. Hay que sostener esta instancia en la cual el derecho está vigente, pero no se aplica. Hay que defender la consolidación de Tucumán como tierra de nadie a medio camino entre la democracia y la no-democracia.
“No podrán ser acumulados dos o más empleos a sueldo en una misma persona aun cuando uno sea provincial o municipal y el otro nacional”, reza el artículo 9 de la Constitución provincial. Para no infringirlo, el nombramiento del asesor-ministro es ad honorem. O sea, el manzurismo no va a aplicar la Carta Magna, pero tampoco va a violarla: la mantendrá en el limbo.
Lo de no aplicarla, por cierto, refiere a que el principio que pauta el mencionado artículo noveno es que no se puede pertenecer a dos gobiernos al mismo tiempo. Ese mismo espíritu emana del artículo 73 de la Carta Magna nacional: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando”. Es decir, la discusión no pasa por si la doble condición de senador nacional y ministro-asesor ad honorem es incompatible, porque el no cobro de un segundo sueldo salda ese punto. La cuestión, en cambio, es que esa doble función es imposible. Insalvablemente imposible.
¿Alperovich es senador part-time? ¿Desempeña el máximo honor parlamentario al que puede aspirar un ciudadano sólo durante medio día, porque después asesora al Gobierno de Tucumán? ¿Distrae las funciones para las que fue mandatado por el pueblo de la provincia a la que representa para abocarse a tareas para las que fue designado -que ironía- a dedo?
Si resulta que no es así, es decir, si resulta que Manzur no le envía a Alperovich expedientes para que los dictamine, sino que simplemente lo llama por teléfono, o comparte de vez en cuando un café o una comida, y le consulta en esa instancia informal sobre la marcha de los asuntos públicos, la cuestión es otra. En rigor, es peor. Y lo es porque la más básica de las preguntas se torna incontestable: ¿para qué dictaron un decreto que estable una relación formal?
Lo que el gobierno no quiere responder ocupa todo el artículo 2 del ya tristemente histórico decreto 41/1: “Dispónese que los gastos emergentes del cumplimiento de las tareas que desarrollo el contador Alperovich, serán atendidos con las partidas presupuestarias específicas con las que cuenta la secretaría general de la Gobernación”. O sea, ¿es en serio?
LA GACETA publicó el pasado 28 de julio que el senador, al asumir, declaró una fortuna personal de $ 139,5 millones. ¿Cuáles “gastos emergentes” de charlar con Manzur no puede afrontar?
Para cancelar conjeturas sobre chucherías como ahorrarse los pasajes del Senado o los gastos en asados, el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, ha dicho que ni un solo peso se ha erogado en favor de Alperovich desde que él es asesor. Claro que el funcionario creía que la norma había quedado sin efecto (suerte que tiene a Manzur que lo asesora: él le hizo notar que no era así), a lo que se suma la dudosa validez (y aplicabilidad) de ese instrumento que nunca había sido publicado. Pero si (a pesar de la incerteza del Ejecutivo respecto del derecho positivo) se asume que no hay ninguna intención oficial de cubrir gastos del ex mandatario, e incluso que él tampoco está dispuesto a que se costeen sus estipendios, la conclusión sigue siendo desesperanzadora. No hay otra opción más que la de advertir que el decreto 41/1 es derecho inútil. Y esa clase de derecho es el favorito de los Estados de Excepción.
Pero que se trate de una norma boba (hasta el momento) a los efectos materiales, no significa que también lo sea a los efectos políticos. Todo por el contrario…
Si pasa, pasa...
Desde un punto de vista estructural, el decreto 41/1 representa la legitimación de una de las más impunes doctrinas de la Democracia Pavimentadora: “Si pasa, pasa”. Este salvaje paradigma en el manejo del poder pretende que cualquier maniobra en perjuicio del Estado que sea descubierta tempranamente, y que por tanto pueda ser reparada, no genera ninguna responsabilidad legal de parte de los perpetradores. Por ejemplo, se retiran en valijas 200 millones de las cuentas de la Legislatura y, cuando LA GACETA lo revela, declaran que “todo fue gastado en pobres”; y la Justicia local sigue casi sin darse por enterada. Total, si pasa, pasa...
En eso consiste, ni más ni menos, el escándalo que estalló en Canal 10, donde fueron transmitidos 40.000 segundos de publicidad en favor del PJ, que el oficialismo ni siquiera había solicitado (y que por tanto no habían sido facturados), además de los 32.000 que sí estaban pedidos. Ahora que se conoció esa maniobra (una más de las ya incontables acciones fraudulentas que depravaron las elecciones en las que la igualdad de posibilidades fue abolida), el partido beneficiado dice que sí va a pagar. Y el Gobierno se hace el otario: aplica el “Si pasa, pasa”. De hecho, mientras los dos directores de la UNT (Daniel Moeremans -el único que dio la cara- y Mauro Feldman) han puesto sus renuncias a disposición del Rectorado, el director de la Provincia (Alejandro Laurnagaray de Urquiza), vicepresidente del directorio, sostiene que él no tiene nada que ver. Es curioso: en el “sumario interno” encomendado por el directorio, y elevado a sus miembros, el representante del Gobierno aparece mencionado.
Dice el informe que cuando fueron advertidas “diferencias entre lo que se pautaba y lo que se cargaba en el servidor”, se advirtió de la situación a quienes trabajan en el área comercial, “quienes respondieron que era la misma persona (por el vicepresidente) quien estaba agregando material comercial político en forma personal”. En otra página se lee que un operador contesta que el mismo director “le consultó sobre la factibilidad técnica de borrar datos del servidor squid, a lo que le respondió que una vez emitidos dichos datos es imposible hacerlo”. También agrega este operador que el representante de la provincia “no se refirió a material específico alguno, sólo fue una consulta técnica y no se pretendió borrar registro alguno” Pero de ahí al “nada que ver” hay 40.000 segundos de diferencia.
Vuelta a empezar
Desde un punto de vista político, el decreto 41/1 no es inocuo. Es devastador. Por eso la Casa de Gobierno lo mantuvo oculto: porque, en términos históricamente peronistas, se puede sintetizar en la fórmula “Manzur al gobierno, Alperovich al poder”. Casi como en el casillero más odiado del Juego de la Oca, la designación del ex gobernador como un asesor (que en realidad es ministro) manda a todo el manzurismo a “Volver a la casilla de inicio”: hace un año que Manzur debería haber estado gobernando plenamente, pero este decreto plantea que, acaso, sólo estuvo cogobernando.
Dicho en otros términos: si Alperovich nunca se fue del Gobierno de la Provincia (puesto que el Decreto 41/1 lo deja “adentro”), ¿cuándo asume Manzur?
“Un día le pregunté a un diputado nacional qué tal era (Alberto) Pierri, que era presidente de Diputados, y me dijo: ‘mirá, discursivamente, del 1 al 10, 2; cómo se relacionaba con otras personas, 3; capacidad intelectual, entre 2 y 3. ¿Qué tenía entonces? Muy buenos asesores’, me contestó”, aportó el presidente del bloque oficialista Ramón Santiago Cano. Y enmudeció a su platea.
La buena noticia para el gobernador en funciones, precisamente, radica en que ahora ya no será el merecedor del resentimiento de todos los “alperovichistas” que trabajaron por su candidatura, pero a los que esta gestión no dio cabida. Todos los dirigentes (son legión) que se quedaron sin su decreto de designación ahora saben (frente el decreto que designó al senador como ministro sin sueldo) que desde el primer día fue Alperovich quien asesoró a su sucesor respecto de quiénes eran dignos de asilo político y quienes merecían el destierro al llano.
Porque Manzur, que durante ocho años fue vicegobernador, de seguro tenía una idea formada acerca de quién era quién. Pero como durante casi seis años fue ministro de Salud de la Nación, antes de tomar “la lapicera” y firmar un nombramiento, muy probablemente pedía el asesoramiento de su antecesor. Antes de señalar con el dedo a quién sí, y a quién no, de seguro conversaba con Alperovich. Y le pedía una segunda opinión…
Es ineludible rememorar ese “cuento de gallegos” ahora que, gracias a la investigación periodística de Juan Manuel Asís, se conoce que durante 313 días el gobernador Juan Manzur mantuvo en secreto el decreto 41/1, dictado durante el primer día de su gestión para designar a su predecesor, José Alperovich, como asesor con rango de ministro. Eso sí, con una aclaración del propio Feinmann: los chascos sobre gallegos son, en realidad, sobre argentinos. Pero ese humor nos refleja tan acabadamente que, en un colosal negacionismo colectivo, hemos resuelto cobardemente atribuírselos a los nacidos en Galicia, sólo porque nos resulta insoportable admitir que no estamos hablando de otros, sino de nosotros.
La humorada es sobre un gallego que, además, es proctólogo. Y, se sabe, todo facultativo de esa especialidad tiene que vincularse de manera directa (“acaso íntima”, matiza Feinmann) con el tramo final del aparato digestivo. El chiste -enmendado- dice, pues, que este proctólogo gallego, a sus pacientes, no los auscultaba con un dedo sino con dos, sólo porque quería tener una segunda opinión.
Alperovich nombrado ministro sin despacho por el gobernador que en su primer discurso había prometido concretar de inmediato la reforma política que su predecesor siempre resistió; Alperovich en pose de ganador declarando que seguirá “trabajando por Tucumán”, jugándola de aconsejador, con un decreto que le “valora sobremanera el gesto de servidor público hacia sus comprovincianos”, oyendo a Manzur predicar de él que es un político “muy experimentado” al cual consultar para tener una segunda opinión, era -prácticamente- el único dedo que nos faltaba. Ya no falta más.
Lo imposible
El decreto 41/1 es, en sí, la segunda opinión que el alperovichismo cultural da para todo lo que tenga que ver con la administración de la cosa pública: hay que mantener a rajatabla el Estado de Excepción. Hay que sostener esta instancia en la cual el derecho está vigente, pero no se aplica. Hay que defender la consolidación de Tucumán como tierra de nadie a medio camino entre la democracia y la no-democracia.
“No podrán ser acumulados dos o más empleos a sueldo en una misma persona aun cuando uno sea provincial o municipal y el otro nacional”, reza el artículo 9 de la Constitución provincial. Para no infringirlo, el nombramiento del asesor-ministro es ad honorem. O sea, el manzurismo no va a aplicar la Carta Magna, pero tampoco va a violarla: la mantendrá en el limbo.
Lo de no aplicarla, por cierto, refiere a que el principio que pauta el mencionado artículo noveno es que no se puede pertenecer a dos gobiernos al mismo tiempo. Ese mismo espíritu emana del artículo 73 de la Carta Magna nacional: “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando”. Es decir, la discusión no pasa por si la doble condición de senador nacional y ministro-asesor ad honorem es incompatible, porque el no cobro de un segundo sueldo salda ese punto. La cuestión, en cambio, es que esa doble función es imposible. Insalvablemente imposible.
¿Alperovich es senador part-time? ¿Desempeña el máximo honor parlamentario al que puede aspirar un ciudadano sólo durante medio día, porque después asesora al Gobierno de Tucumán? ¿Distrae las funciones para las que fue mandatado por el pueblo de la provincia a la que representa para abocarse a tareas para las que fue designado -que ironía- a dedo?
Si resulta que no es así, es decir, si resulta que Manzur no le envía a Alperovich expedientes para que los dictamine, sino que simplemente lo llama por teléfono, o comparte de vez en cuando un café o una comida, y le consulta en esa instancia informal sobre la marcha de los asuntos públicos, la cuestión es otra. En rigor, es peor. Y lo es porque la más básica de las preguntas se torna incontestable: ¿para qué dictaron un decreto que estable una relación formal?
Lo que el gobierno no quiere responder ocupa todo el artículo 2 del ya tristemente histórico decreto 41/1: “Dispónese que los gastos emergentes del cumplimiento de las tareas que desarrollo el contador Alperovich, serán atendidos con las partidas presupuestarias específicas con las que cuenta la secretaría general de la Gobernación”. O sea, ¿es en serio?
LA GACETA publicó el pasado 28 de julio que el senador, al asumir, declaró una fortuna personal de $ 139,5 millones. ¿Cuáles “gastos emergentes” de charlar con Manzur no puede afrontar?
Para cancelar conjeturas sobre chucherías como ahorrarse los pasajes del Senado o los gastos en asados, el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, ha dicho que ni un solo peso se ha erogado en favor de Alperovich desde que él es asesor. Claro que el funcionario creía que la norma había quedado sin efecto (suerte que tiene a Manzur que lo asesora: él le hizo notar que no era así), a lo que se suma la dudosa validez (y aplicabilidad) de ese instrumento que nunca había sido publicado. Pero si (a pesar de la incerteza del Ejecutivo respecto del derecho positivo) se asume que no hay ninguna intención oficial de cubrir gastos del ex mandatario, e incluso que él tampoco está dispuesto a que se costeen sus estipendios, la conclusión sigue siendo desesperanzadora. No hay otra opción más que la de advertir que el decreto 41/1 es derecho inútil. Y esa clase de derecho es el favorito de los Estados de Excepción.
Pero que se trate de una norma boba (hasta el momento) a los efectos materiales, no significa que también lo sea a los efectos políticos. Todo por el contrario…
Si pasa, pasa...
Desde un punto de vista estructural, el decreto 41/1 representa la legitimación de una de las más impunes doctrinas de la Democracia Pavimentadora: “Si pasa, pasa”. Este salvaje paradigma en el manejo del poder pretende que cualquier maniobra en perjuicio del Estado que sea descubierta tempranamente, y que por tanto pueda ser reparada, no genera ninguna responsabilidad legal de parte de los perpetradores. Por ejemplo, se retiran en valijas 200 millones de las cuentas de la Legislatura y, cuando LA GACETA lo revela, declaran que “todo fue gastado en pobres”; y la Justicia local sigue casi sin darse por enterada. Total, si pasa, pasa...
En eso consiste, ni más ni menos, el escándalo que estalló en Canal 10, donde fueron transmitidos 40.000 segundos de publicidad en favor del PJ, que el oficialismo ni siquiera había solicitado (y que por tanto no habían sido facturados), además de los 32.000 que sí estaban pedidos. Ahora que se conoció esa maniobra (una más de las ya incontables acciones fraudulentas que depravaron las elecciones en las que la igualdad de posibilidades fue abolida), el partido beneficiado dice que sí va a pagar. Y el Gobierno se hace el otario: aplica el “Si pasa, pasa”. De hecho, mientras los dos directores de la UNT (Daniel Moeremans -el único que dio la cara- y Mauro Feldman) han puesto sus renuncias a disposición del Rectorado, el director de la Provincia (Alejandro Laurnagaray de Urquiza), vicepresidente del directorio, sostiene que él no tiene nada que ver. Es curioso: en el “sumario interno” encomendado por el directorio, y elevado a sus miembros, el representante del Gobierno aparece mencionado.
Dice el informe que cuando fueron advertidas “diferencias entre lo que se pautaba y lo que se cargaba en el servidor”, se advirtió de la situación a quienes trabajan en el área comercial, “quienes respondieron que era la misma persona (por el vicepresidente) quien estaba agregando material comercial político en forma personal”. En otra página se lee que un operador contesta que el mismo director “le consultó sobre la factibilidad técnica de borrar datos del servidor squid, a lo que le respondió que una vez emitidos dichos datos es imposible hacerlo”. También agrega este operador que el representante de la provincia “no se refirió a material específico alguno, sólo fue una consulta técnica y no se pretendió borrar registro alguno” Pero de ahí al “nada que ver” hay 40.000 segundos de diferencia.
Vuelta a empezar
Desde un punto de vista político, el decreto 41/1 no es inocuo. Es devastador. Por eso la Casa de Gobierno lo mantuvo oculto: porque, en términos históricamente peronistas, se puede sintetizar en la fórmula “Manzur al gobierno, Alperovich al poder”. Casi como en el casillero más odiado del Juego de la Oca, la designación del ex gobernador como un asesor (que en realidad es ministro) manda a todo el manzurismo a “Volver a la casilla de inicio”: hace un año que Manzur debería haber estado gobernando plenamente, pero este decreto plantea que, acaso, sólo estuvo cogobernando.
Dicho en otros términos: si Alperovich nunca se fue del Gobierno de la Provincia (puesto que el Decreto 41/1 lo deja “adentro”), ¿cuándo asume Manzur?
“Un día le pregunté a un diputado nacional qué tal era (Alberto) Pierri, que era presidente de Diputados, y me dijo: ‘mirá, discursivamente, del 1 al 10, 2; cómo se relacionaba con otras personas, 3; capacidad intelectual, entre 2 y 3. ¿Qué tenía entonces? Muy buenos asesores’, me contestó”, aportó el presidente del bloque oficialista Ramón Santiago Cano. Y enmudeció a su platea.
La buena noticia para el gobernador en funciones, precisamente, radica en que ahora ya no será el merecedor del resentimiento de todos los “alperovichistas” que trabajaron por su candidatura, pero a los que esta gestión no dio cabida. Todos los dirigentes (son legión) que se quedaron sin su decreto de designación ahora saben (frente el decreto que designó al senador como ministro sin sueldo) que desde el primer día fue Alperovich quien asesoró a su sucesor respecto de quiénes eran dignos de asilo político y quienes merecían el destierro al llano.
Porque Manzur, que durante ocho años fue vicegobernador, de seguro tenía una idea formada acerca de quién era quién. Pero como durante casi seis años fue ministro de Salud de la Nación, antes de tomar “la lapicera” y firmar un nombramiento, muy probablemente pedía el asesoramiento de su antecesor. Antes de señalar con el dedo a quién sí, y a quién no, de seguro conversaba con Alperovich. Y le pedía una segunda opinión…
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