31 Julio 2016
CRISTINA FERNÁNDEZ. Está procesada sólo por la causa “Dólar Futuro.”
BUENOS AIRES.- La evolución de las causas penales contra ex funcionarios kirchneristas, en su mayoría por denuncias de corrupción, organizan la agenda de la Justicia Federal en la segunda mitad del año tras la feria invernal. El primer día de actividad judicial la investigación sobre el origen de los U$S 9 millones con que fue capturado el ex secretario de Obras Públicas José López entrará en una nueva ronda de indagatorias. El juez federal Daniel Rafecas tomará declaración de la monja Celia Inés Aparicio, quien lo ayudó a ingresar los bolsos con dinero al convento de General Rodríguez, según registraron las cámaras de seguridad.
El martes deberá presentarse la mujer del ex funcionario, Amalia Díaz, para que explique la decena de llamados que hizo a un celular de la madre Alba, superiora del convento, y en los días siguientes será el turno del contador Andrés Galera y el empresario Eduardo Gutiérrez. Se trata del primer y segundo dueño de la suntuosa casa que alquilaba López en Dique Luján, quienes, se sospecha, podrían haber oficiado de testaferros para que el ex funcionario ocultara el su verdadero patrimonio.
También se reanudará la indagatoria al ex empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi, extraditado desde Paraguay para que responda sobre el cargo de instigar el Triple Crimen de General Rodríguez, de agosto del 2008.
Pérez Corradi negó la acusación por los medios pero aun no llegó a ese punto ante la jueza María Servini de Cubría porque se centró en asumir su responsabilidad en el tráfico de efedrina aunque circunscribió su rol al “movimiento interno” del precursor de drogas sintética.
Si bien mencionó al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray como supuestos protectores de su actividad ilegal, las expectativas oficiales en ese sentido se diluyeron luego de que en su última declaración acusara el ex senador radical Ernesto Sanz de haber cobrado 200 mil dólares por promover la destitución del ex juez Federico Faggionatto Márquez, quien investigaba el tráfico de efedrina.
Sin prisión
Aunque el juez federal Claudio Bonadio desmintió días atrás que prevea en lo inmediato ordena la detención de la ex presidenta Cristina Fernádez, la expectativa sobre ese hecho explosivo no ha caído. La causa sobre la supuesta ilegalidad de la venta de dólar a futuro durante los últimos días de la gestión kirchnerista, a cargo de ese magistrado, es hasta aquí la única causa en que está procesada la ex presidenta, quien ya apeló su procesamiento.
El propio Bonadio y el titular del Banco Central desde diciembre del 2015, Federico Sturzenegger, fueron contradenunciados por la ex jefa de Estado por los mismo delitos por los que ella fue procesada y ahora será la Cámara Federal la que deba laudar en ese enredo judicial con indudable proyección política.
Apenas se reabran las actividades de los tribunales, la Cámara Federal también recibirá la apelación que presentó la hija de los ex presidentes, Florencia Kirchner, por el embargo de 5,6 millones de dólares depositados en una caja de seguridad y en una caja de ahorro, dispuesto por el juez federal Julian Ercolini dos días antes del receso.
El magistrado dispuso el embargo hasta que se demuestre la licitud de esos fondos a raíz de una denuncia de la diputada de origen radical Margarita Stolbitzer de la que se hizo eco el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación de la causa “Los Sauces”, sobre negocios hoteleros de la familia Kirchner.
Inhibida de hacerlo en el fuero penal por su condición de ex funcionaria, Cristina denunció a Stolbitzer ante el fuero civil por “daños y perjuicios” y el 8 de agosto las dos deberán sentarse cara a cara en una mediación judicial que, de fracasar, dará origen a una causa reparatoria
Otra de las causas judiciales que volverá a ponerse en movimiento es la presunta malversación de fondos públicos en la implementación del programa de construcción de viviendas sociales Sueños Compartidos, que administraban la Madres de Plaza de Mayo.
Contra De Vido
En la primera semana después de la feria el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tiene previsto llevar adelante las postergadas indagatorias del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.
Pero toda la expectativa se centra en la actitud que tomará ante la citación Hebe de Bonafini, quien ya negó a presentarse en los tribunales federales de Retiro en una anterior citación y anticipó que hará lo mismo la nueva fecha, el jueves 4 de agosto.
En la causa por lavado de activos que enfrenta el empresario detenido y con procesamiento confirmado Lázaro Baéz se apagaron las cámara de las allanamientos televisados que realizó el fiscal Guillermo Marijuan en sus campos de Santa Cruz, ahora embargados.
Para los próximos días se aguarda que declare su abogado Jorge Chueco y que le juez Sebastián Casanello procese el oficios ante la Justicia suiza para que le envíen datos ya anticipados por la Unidad de información Financiera local que probarían la maniobra de lavado que se le adjudica.
Otro ex funcionario que deberá pasar por Comodoro Py será el ex ministro de Educación, Daniel Filmus, quien el 5 de agosto deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Bonadio en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios del Instituto Nacional de Cine (Incaa).
También para los primeros días de agosto el fiscal federal Jorge Di Lello prometió elevar a juicio oral la causa Ciccone, en la cual ex vicepresidente Amado Boudou está acusado por negociaciones incompatibles y presunto enriquecimiento en la transferencia de la empresa quebrada a un testaferro.
A sólo siete meses de asumido, también funcionarios del gobierno de Mauricio Macri están ya bajo la lupa judicial tres funcionarios nacionales, empezando por el propio jefe de Estado imputado en la causa por el escándalo internacional de los Panamá Papers y la supuesta omisión de datos patrimoniales en su declaración jurada. Antes de que comience la feria, la causa sumó un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que indica que las declaraciones juradas de Macri en el período 2014 ante la Oficina Anticorrupción y ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan, “en algunos ítems, conceptos y valores diferentes”; por lo que el fiscal Federico Delgado tiene previsto solicitar una serie de medidas de prueba.
Idéntica sospecha sobre el origen del dinero levantan los 200 mil pesos y 50 mil dólares que la vicepresidenta Gabriela Michetti denunció que le robaron en su propio domicilio el 22 de noviembre, día en que la formula que integra con Macri ganó el balotaje.
En tanto, el fiscal Eduardo Taiano espera recibir en los primeros días de agosto una serie de informes solicitados en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que pesa sobre la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani; tras una denuncia promovida por el legislador porteño Gustavo Vera. (Télam)
El martes deberá presentarse la mujer del ex funcionario, Amalia Díaz, para que explique la decena de llamados que hizo a un celular de la madre Alba, superiora del convento, y en los días siguientes será el turno del contador Andrés Galera y el empresario Eduardo Gutiérrez. Se trata del primer y segundo dueño de la suntuosa casa que alquilaba López en Dique Luján, quienes, se sospecha, podrían haber oficiado de testaferros para que el ex funcionario ocultara el su verdadero patrimonio.
También se reanudará la indagatoria al ex empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi, extraditado desde Paraguay para que responda sobre el cargo de instigar el Triple Crimen de General Rodríguez, de agosto del 2008.
Pérez Corradi negó la acusación por los medios pero aun no llegó a ese punto ante la jueza María Servini de Cubría porque se centró en asumir su responsabilidad en el tráfico de efedrina aunque circunscribió su rol al “movimiento interno” del precursor de drogas sintética.
Si bien mencionó al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray como supuestos protectores de su actividad ilegal, las expectativas oficiales en ese sentido se diluyeron luego de que en su última declaración acusara el ex senador radical Ernesto Sanz de haber cobrado 200 mil dólares por promover la destitución del ex juez Federico Faggionatto Márquez, quien investigaba el tráfico de efedrina.
Sin prisión
Aunque el juez federal Claudio Bonadio desmintió días atrás que prevea en lo inmediato ordena la detención de la ex presidenta Cristina Fernádez, la expectativa sobre ese hecho explosivo no ha caído. La causa sobre la supuesta ilegalidad de la venta de dólar a futuro durante los últimos días de la gestión kirchnerista, a cargo de ese magistrado, es hasta aquí la única causa en que está procesada la ex presidenta, quien ya apeló su procesamiento.
El propio Bonadio y el titular del Banco Central desde diciembre del 2015, Federico Sturzenegger, fueron contradenunciados por la ex jefa de Estado por los mismo delitos por los que ella fue procesada y ahora será la Cámara Federal la que deba laudar en ese enredo judicial con indudable proyección política.
Apenas se reabran las actividades de los tribunales, la Cámara Federal también recibirá la apelación que presentó la hija de los ex presidentes, Florencia Kirchner, por el embargo de 5,6 millones de dólares depositados en una caja de seguridad y en una caja de ahorro, dispuesto por el juez federal Julian Ercolini dos días antes del receso.
El magistrado dispuso el embargo hasta que se demuestre la licitud de esos fondos a raíz de una denuncia de la diputada de origen radical Margarita Stolbitzer de la que se hizo eco el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación de la causa “Los Sauces”, sobre negocios hoteleros de la familia Kirchner.
Inhibida de hacerlo en el fuero penal por su condición de ex funcionaria, Cristina denunció a Stolbitzer ante el fuero civil por “daños y perjuicios” y el 8 de agosto las dos deberán sentarse cara a cara en una mediación judicial que, de fracasar, dará origen a una causa reparatoria
Otra de las causas judiciales que volverá a ponerse en movimiento es la presunta malversación de fondos públicos en la implementación del programa de construcción de viviendas sociales Sueños Compartidos, que administraban la Madres de Plaza de Mayo.
Contra De Vido
En la primera semana después de la feria el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tiene previsto llevar adelante las postergadas indagatorias del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.
Pero toda la expectativa se centra en la actitud que tomará ante la citación Hebe de Bonafini, quien ya negó a presentarse en los tribunales federales de Retiro en una anterior citación y anticipó que hará lo mismo la nueva fecha, el jueves 4 de agosto.
En la causa por lavado de activos que enfrenta el empresario detenido y con procesamiento confirmado Lázaro Baéz se apagaron las cámara de las allanamientos televisados que realizó el fiscal Guillermo Marijuan en sus campos de Santa Cruz, ahora embargados.
Para los próximos días se aguarda que declare su abogado Jorge Chueco y que le juez Sebastián Casanello procese el oficios ante la Justicia suiza para que le envíen datos ya anticipados por la Unidad de información Financiera local que probarían la maniobra de lavado que se le adjudica.
Otro ex funcionario que deberá pasar por Comodoro Py será el ex ministro de Educación, Daniel Filmus, quien el 5 de agosto deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Bonadio en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios del Instituto Nacional de Cine (Incaa).
También para los primeros días de agosto el fiscal federal Jorge Di Lello prometió elevar a juicio oral la causa Ciccone, en la cual ex vicepresidente Amado Boudou está acusado por negociaciones incompatibles y presunto enriquecimiento en la transferencia de la empresa quebrada a un testaferro.
A sólo siete meses de asumido, también funcionarios del gobierno de Mauricio Macri están ya bajo la lupa judicial tres funcionarios nacionales, empezando por el propio jefe de Estado imputado en la causa por el escándalo internacional de los Panamá Papers y la supuesta omisión de datos patrimoniales en su declaración jurada. Antes de que comience la feria, la causa sumó un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que indica que las declaraciones juradas de Macri en el período 2014 ante la Oficina Anticorrupción y ante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan, “en algunos ítems, conceptos y valores diferentes”; por lo que el fiscal Federico Delgado tiene previsto solicitar una serie de medidas de prueba.
Idéntica sospecha sobre el origen del dinero levantan los 200 mil pesos y 50 mil dólares que la vicepresidenta Gabriela Michetti denunció que le robaron en su propio domicilio el 22 de noviembre, día en que la formula que integra con Macri ganó el balotaje.
En tanto, el fiscal Eduardo Taiano espera recibir en los primeros días de agosto una serie de informes solicitados en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que pesa sobre la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani; tras una denuncia promovida por el legislador porteño Gustavo Vera. (Télam)
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