Aráoz apuesta al fallo judicial por las valijas

El legislador Eudoro Aráoz (UCR) formuló una nueva presentación judicial en la causa que pretende dilucidar el destino de más de $ 500 millones que repartió el Poder Legislativo en supuestos subsidios durante el 2015 electoral.

El radical expresó, en la contestación de un recurso de revocatoria planteado por la Fiscalía de Estado, que la Provincia no ha mostrado voluntad por dar a conocer quiénes fueron los beneficiarios de esos “gastos sociales”, cuánto dinero recibieron y cómo fue justificado, entre otros misterios que encierra la ejecución de esos fondos públicos. “El hecho de que, luego de varios meses, la Legislatura no se haya dignado a responder (...), lleva razonablemente a concluir que la información jamás será entregada si no es por orden judicial”, indicó Aráoz en el escrito, que fue redactado por su representante legal en la causa, Gonzalo Peñalba Pinto.

En diciembre pasado, el radical había elevado una nota al vicegobernador Osvaldo Jaldo pidiéndole los detalles sobre los $ 500 millones ejecutados en 2015, sobre todo en el período en el que el actual gobernador, Juan Manzur, estuvo a cargo de la Presidencia de la Cámara.

Ante la falta de respuestas, Aráoz concurrió en marzo a la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que, atendiendo al derecho de acceso a la información pública, le ordene al Gobierno provincial que dé a conocer el destino de los $ 500 millones. Esos fondos, según reveló LA GACETA con fotos y documentos, eran llevados en valijas desde un banco hasta la sede legislativa.

La Fiscalía de Estado, en un principio, objetó las vías administrativas que había seguido el ex titular del Colegio de Abogados. Según los letrados de la Casa de Gobierno, quienes se basaron en el reglamento interno de la Cámara y en otras normativas, el parlamentario debió haberse dirigido a las comisiones internas de trabajo del cuerpo colegiado para obtener la documentación requerida.

Aráoz indicó que el acceso a la información de carácter público no podía depender de “la buena voluntad de las mayoría oficialista” que caracteriza a las comisiones internas. Al poco tiempo, los ciudadanos Clímaco de la Peña, Carlos Duguech y Raúl Moreno pidieron su adhesión a la causa como codemandantes. Los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello les dieron lugar. Luego, Leonardo Francisco Debono, abogado de la Fiscalía de Estado, planteó un recurso de revocatoria diciendo que esa medida generaba “gravedad institucional”.

Aráoz, a través de Peñalba Pinto, rechazó esa postura. En el escrito, recordó el libro Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, de Bartolomé Mitre, donde se consigna la célebre frase de Antonio Luis Beruti y Domingo French. “En el año del Bicentenario, mediante rigorismos formales y artilugios procesales, la Provincia pretende impedirlo, pero ‘el pueblo quiere saber de qué se trata’”, señala la contestación. Y advierte que la conducta procesal del Estado provincial “tiende a impedir el efectivo acceso a dicha información”. “(La postura de la Provincia) dada su invocación al predominio de la mayoría y a las comisiones internas, importa la pretensión de abrogar todo derecho de acceso a la información a las minorías. Con ese criterio, una mayoría circunstancial podría mantener oculto el destino de los fondos públicos”, indicó Aráoz.