Por LA GACETA
24 Julio 2016
Luego de dos décadas, los tucumanos deberemos pagar la deuda originada por el juicio que en 1996, la Compañía Aguas del Aconquija (CAA), operadora de la empresa francesa Compagnie Générale des Eaux, le inició al Estado ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial. Tucumán debe abonar 170 millones de dólares porque está por expirar el plazo, otorgado en 2015 por el Gobierno nacional para comenzar a pagar el compromiso, surgido por la rescisión del contrato con la empresa CAA. Ello ocurrirá a partir del 1° de agosto.
Una de las alternativas ofrecidas a la Provincia es pagar con el 50% del 3% de los fondos coparticipables que la Nación girará este año a Tucumán como parte del convenio por la devolución del 15% del dinero retenido por deudas previsionales. El compromiso debería ser saldado en cinco cuotas que no deberían extenderse más allá de diciembre próximo. La historia se remonta a 1996, cuando el gobierno de Antonio Bussi decidió renegociar el contrato de concesión con la CAA, cuestionando el incremento tarifario del 100% y la mala calidad del servicio. El 27 de diciembre de 1996, la CAA planteó la demanda ante el Ciadi. Bussi rechazó la notificación. En agosto de 1997, la firma decidió rescindir unilateralmente en contrato, le informó al gobierno y solicitó una indemnización de U$S 400 millones. En julio de 1998, el Ciadi se declaró incompetente y explicó que el pleito debía resolverse en la Justicia provincial, pero advirtió que sí se iba a expedir respecto de su competencia en el litigio entre la CAA y la Argentina, porque la Nación era la garante de las inversiones francesas por un convenio firmado en 1991. Bussi trasladó el conflicto a los tribunales locales. El 13 de septiembre de 1999, la entonces fiscala de Estado de Bussi radicó una denuncia millonaria contra la CAA en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El 3 de abril de 2000, el gobierno de Julio Miranda retiró la demanda. La Compañía Aguas del Aconquija dejó de administrar el servicio de aguas y cloacas el 7 de septiembre de 1998, pero un año antes, la administración de Bussi la obligó a prestar servicio hasta el 99. En 2000, la compañía francesa intimó a 100.000 usuarios a que pagaran las deudas por el servicio prestado. En 2005, la Corte Suprema de la provincia anuló esa acción. “Creemos que tenemos que ganar el proceso, lo que no significa que la Provincia no tenga que pagar nada”, dijo el fiscal de Estado, en nuestra crónica del 29/12/06. “Tucumán perdió el juicio contra Aguas del Aconquija. “El Ciadi condenó a pagar U$S 105 millones al grupo Vivendi, subsidiario de la ex concesionaria del servicio de agua y cloacas”, se titulaba la nota del 22/8/07. “El laudo tildó de irresponsable la actitud del gobierno de Bussi. Los árbitros del órgano dependiente del Banco Mundial, que intervinieron en el conflicto, lamentaron el proceder de algunos funcionarios”, decía la crónica del 2/9/06. El 29 de diciembre de 2010, publicábamos: “la Provincia alivió la deuda por el Ciadi, dijo Alperovich. El gobernador explicó que obtuvo una refinanciación especial para pagarle a la Nación en caso de que prosperara la demanda de Aguas del Aconquija”.
Este es el resultado de marchas y contramarchas desafortunadas de nuestra clase gobernante. A lo largo de dos décadas y frente a este castigo oneroso para los tucumanos, cabe preguntarse quiénes se harán cargo del quebranto, porque si bien esta historia se inició en 1996, tuvo sus continuadores en los años subsiguientes. Si hubo mal asesoramiento o se encararon estrategias erróneas, ¿quiénes fueron los responsables? ¿Habrá sanciones para ellos? ¿Quiénes se beneficiaron económicamente con este pleito? Se suele decir que la victoria tiene muchos padres, mientras que la derrota es huérfana.
Una de las alternativas ofrecidas a la Provincia es pagar con el 50% del 3% de los fondos coparticipables que la Nación girará este año a Tucumán como parte del convenio por la devolución del 15% del dinero retenido por deudas previsionales. El compromiso debería ser saldado en cinco cuotas que no deberían extenderse más allá de diciembre próximo. La historia se remonta a 1996, cuando el gobierno de Antonio Bussi decidió renegociar el contrato de concesión con la CAA, cuestionando el incremento tarifario del 100% y la mala calidad del servicio. El 27 de diciembre de 1996, la CAA planteó la demanda ante el Ciadi. Bussi rechazó la notificación. En agosto de 1997, la firma decidió rescindir unilateralmente en contrato, le informó al gobierno y solicitó una indemnización de U$S 400 millones. En julio de 1998, el Ciadi se declaró incompetente y explicó que el pleito debía resolverse en la Justicia provincial, pero advirtió que sí se iba a expedir respecto de su competencia en el litigio entre la CAA y la Argentina, porque la Nación era la garante de las inversiones francesas por un convenio firmado en 1991. Bussi trasladó el conflicto a los tribunales locales. El 13 de septiembre de 1999, la entonces fiscala de Estado de Bussi radicó una denuncia millonaria contra la CAA en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El 3 de abril de 2000, el gobierno de Julio Miranda retiró la demanda. La Compañía Aguas del Aconquija dejó de administrar el servicio de aguas y cloacas el 7 de septiembre de 1998, pero un año antes, la administración de Bussi la obligó a prestar servicio hasta el 99. En 2000, la compañía francesa intimó a 100.000 usuarios a que pagaran las deudas por el servicio prestado. En 2005, la Corte Suprema de la provincia anuló esa acción. “Creemos que tenemos que ganar el proceso, lo que no significa que la Provincia no tenga que pagar nada”, dijo el fiscal de Estado, en nuestra crónica del 29/12/06. “Tucumán perdió el juicio contra Aguas del Aconquija. “El Ciadi condenó a pagar U$S 105 millones al grupo Vivendi, subsidiario de la ex concesionaria del servicio de agua y cloacas”, se titulaba la nota del 22/8/07. “El laudo tildó de irresponsable la actitud del gobierno de Bussi. Los árbitros del órgano dependiente del Banco Mundial, que intervinieron en el conflicto, lamentaron el proceder de algunos funcionarios”, decía la crónica del 2/9/06. El 29 de diciembre de 2010, publicábamos: “la Provincia alivió la deuda por el Ciadi, dijo Alperovich. El gobernador explicó que obtuvo una refinanciación especial para pagarle a la Nación en caso de que prosperara la demanda de Aguas del Aconquija”.
Este es el resultado de marchas y contramarchas desafortunadas de nuestra clase gobernante. A lo largo de dos décadas y frente a este castigo oneroso para los tucumanos, cabe preguntarse quiénes se harán cargo del quebranto, porque si bien esta historia se inició en 1996, tuvo sus continuadores en los años subsiguientes. Si hubo mal asesoramiento o se encararon estrategias erróneas, ¿quiénes fueron los responsables? ¿Habrá sanciones para ellos? ¿Quiénes se beneficiaron económicamente con este pleito? Se suele decir que la victoria tiene muchos padres, mientras que la derrota es huérfana.
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