Por Federico Diego van Mameren
17 Julio 2016
Las preguntas que muchos ciudadanos se hacen es: ¿En Tucumán, no hubo ningún tipo de irregularidad? ¿Todos fueron probos y esquivaron cualquier acto de corrupción? ¿Cómo hicieron las autoridades provinciales para evitar no caer en la seducción de José López y de sus millones? Es sorprendente la fortaleza moral, siendo Tucumán una de las provincias mimadas del kirchnerismo. Nadie entró en ningún juego de la corruptela que parece complicar la obra pública. No hubo absolutamente nada. De lo contrario habrían denunciado hechos o intentos de seducción.
La gestión anterior nunca tuvo un diálogo tranquilo y sano con la Presidenta, es cierto; pero el teléfono que siempre atendió fue el de Julio De Vido, el diputado más sospechado. Desde el lado del Poder (esto incluye al Ejecutivo, a la Justicia y a la Legislatura), ¿hay interés por saber qué pasó?
La ex presidenta de la Nación recomendó hacer una auditoria para revisar qué ha pasado verdaderamente con la obra pública. Juan Manzur, el gobernador, había sido uno de los ministros respetados y valorados por Cristina: podría seguir el camino indicado por su ex jefa, aún cuando él diga que piensa y que está seguro de que el kirchnerismo ya fue.
Osvaldo Jaldo, cuando asumió como diputado nacional, juró por “el mejor gobernador de la historia de Tucumán, José Alperovich”. Este, cuando fue gobernador, se cansó de elogiar -ahora parece que se arrepintió- la política “K”. Jaldo podría también seguir la senda que le marcaron tanto Cristina como su alter ego político. Serviría para despejar dudas en el ciudadano que necesite responder las preguntas iniciales.
Cada convenio que se firmó con la Nación para que llegue plata desde el Obelisco, “el mejor gobernador de la historia de Tucumán” hizo que sea avalado por la Legislatura. Por lo tanto, Jaldo podría aliviar de culpas y responsabilidades -y de dudas- a muchos integrantes de la Cámara si se hiciera una investigación o auditoría para saber si pasó algo, si alguien no entendió bien a López.
El Justicialismo -el principal partido de la provincia- suspendió a López luego del escándalo que derivó en su detención, pero antes tampoco había movido un dedo para evitar que alguien tan poco representativo provocase algún daño en la Provincia.
En la Justicia tampoco surgieron dudas; y mientras no haya denuncias no se pedirán expedientes, obviamente. El jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, integró ese gobierno provincial mimado del kirchnerismo -y de López-; y ha sido el cancerbero que le abrió la puerta del PJ a la esposa del gobernador anterior y senadora premiada por Cristina.
Ante cualquier consulta, las respuestas son ambiguas y el silencio es el mejor amigo de empresarios y políticos. Es claro que hasta aquí no hay ilícito a la vista perpetrado en esta jurisdicción, por lo tanto está todo bien. Las preguntas de los ciudadanos y las palabras de la prensa no son más que malas intenciones y acciones desestabilizadoras que nada tienen que ver con la transparencia deseada...
Balas de plata
La senadora Silvia Elías de Pérez es una “rara avis” de la política. Es una maleducada que elige escapar al protocolo. Esquiva algunos saludos y prefiere ni mirar a quienes ella tiene anotados en su lista con rojo. Ya hizo salir de las casillas a la anterior senadora peronista. Ahora tiene apuntado a su sucesor y marido, José Alperovich. Elías de Pérez le dejó una denuncia en la Justicia provincial.
El fiscal Diego López Avila tendrá que revisar la conducta del ex ministro de Economía Jorge Jiménez y del titular del ente regulador de servicios públicos, Sergio Gustavo Sánchez. A la pistola de Elías de Pérez no le quedan muchas balas. Por eso anda buscando que sus tiros sean certeros. Ya habría tomado contacto con el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene algunos papeles sobre López.
La senadora tucumana y algunos colaboradores se pasan varias horas revisando la cuenta en la que quedaron registrados los fondos que llegaron a Tucumán a través del Plan Más Cerca. O por problemas en sus calculadoras o por incapacidad para sumar y restar, hasta ahora no han logrado que les cierren los números.
No sólo el protocolo incomoda Elías de Pérez: también algunos socios que eligió su amigo José Cano. Es que entre esos números habría obras del ex intendente Domingo Amaya que aún están sin concluir.
Pesado equipaje
Algo muy parecido ocurre con las valijas en las que se llegaba a transportar dinero de la Legislatura. La Justicia dijo que estaba todo en orden. No hay ilícito. Son todos inocentes, sin embargo muchos pueden inferir que son culpables. El pago que se hace –y se vino haciendo desde hace 20 años- a los legisladores es ilegal. Los representantes del pueblo saben que guardan plata en su bolsillo incorrectamente. Eso lo avala -y avalaron- el vicegobernador actual -y todos los anteriores-. Los legisladores no pueden justificar sus ingresos porque muchos de sus dineros son “en negro”, bajo el eufemismo de “gastos sociales”.
Muchos hombres y mujeres de la Cámara no pueden -o les cuesta trabajo- utilizar la tarjeta de crédito. A los narcotraficantes, también. Tienen dinero que no pueden justificar. Revisar esta situación no es un problema. Es incómodo. El gobernador Juan Manzur, en nombre de la institucionalidad declamada –y reclamada-, podría hacerlo, pero implicaría decir “me investigo a mí mismo”. Este sistema que supieron inventar en los años 90 del siglo pasado es una trampa -de la que no quieren salir- para hombres y mujeres que representan al pueblo. Pueblo que los quiere, que los vota, que los defiende y que sabe que lo están engañando, claro que en nombre del sistema.
El protocolo no es sólo problema de la senadora Elías de Pérez. Una de las noches previas al 9 de Julio, los legisladores provinciales decidieron agasajar a diputados y senadores que habían venido a Tucumán para aquella sesión histórica en la cual los porteños no habían previsto que los tucumanos hablen, como finalmente pasó. La comida se realizó en Terrazas de San José. La mesa principal tenía la presencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti y del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Con ellos estaba el senador Federico Pinedo. El gobernador Manzur y el vice, Jaldo, ocuparon las sillas de los tucumanos. Pero había una última especialmente reservada. No, ni un senador ni tampoco un diputado nacional terminó ocupándola. Tampoco fue para el presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman. Pareciera que el protocolo también cede y se rinde ante otras cuestiones que indudablemente parecen ser más importantes, como el dinero. En la mesa principal, aquel día, estuvo sentado el secretario de la Legislatura que terminó desplazando no sólo a algún representante del pueblo sino también a algún legislador elegido por sus pares para determinados cargos. Claudio Pérez saludó la visita de las autoridades nacionales y, a cambio, recibió críticas por el privilegio obtenido. Claro que todas las quejas se hicieron en voz muy baja. Pérez se ha vuelto muy poderoso en la Legislatura. No es para menos: conoce el secreto que todo ciudadano querría saber. Desde hace más de una década ha sido la persona que les ha pagado a los legisladores. Por eso nadie criticó ni hizo ningún planteo ante el protocolo. Pérez es más poderoso que un representante del pueblo. Él siempre tuvo claro cuántos billetes tenía cada uno de los sobres que se repartían a los legisladores, en efectivo -obviamente-, porque el sistema no permite que sea de otra manera.
Instituciones fuertes
El 9 de Julio tendió puentes pero no puede hacer desaparecer la grieta. En ella caben odios, rencores, dolores, vergüenzas, intolerancias que no permiten respetar al prójimo. Al contrario, lo agreden. Las preguntas que sacuden al ciudadano no juzgan, sólo interrogan. No se trata de alterar las instituciones de la República dictando sentencias donde ni la Justicia ve ilícitos. Sin embargo, se trata de dar tranquilidad –respuestas- para convivir en el futuro. Ha pasado en estos días que un grupo de ex combatientes caminó por donde no debía en el desfile. Se hizo casi al mismo tiempo en que científicos detectaban más identidades en los huesos que se hallaron en Pozo de Vargas. La sociedad argentina tiene estas dificultades porque en su momento las instituciones no se respetaron. Por eso los repudios que hizo el Poder Ejecutivo provincial no alcanzan. Tal vez una investigación permitiría deslindar responsabilidades, algo que la Justicia nunca hizo: siempre se subordinó a los poderes de turno, especialmente en los temas que profundizan la grieta. Y hoy la sociedad argentina a veces no puede ni saludarse, aunque lo exija el protocolo.
La gestión anterior nunca tuvo un diálogo tranquilo y sano con la Presidenta, es cierto; pero el teléfono que siempre atendió fue el de Julio De Vido, el diputado más sospechado. Desde el lado del Poder (esto incluye al Ejecutivo, a la Justicia y a la Legislatura), ¿hay interés por saber qué pasó?
La ex presidenta de la Nación recomendó hacer una auditoria para revisar qué ha pasado verdaderamente con la obra pública. Juan Manzur, el gobernador, había sido uno de los ministros respetados y valorados por Cristina: podría seguir el camino indicado por su ex jefa, aún cuando él diga que piensa y que está seguro de que el kirchnerismo ya fue.
Osvaldo Jaldo, cuando asumió como diputado nacional, juró por “el mejor gobernador de la historia de Tucumán, José Alperovich”. Este, cuando fue gobernador, se cansó de elogiar -ahora parece que se arrepintió- la política “K”. Jaldo podría también seguir la senda que le marcaron tanto Cristina como su alter ego político. Serviría para despejar dudas en el ciudadano que necesite responder las preguntas iniciales.
Cada convenio que se firmó con la Nación para que llegue plata desde el Obelisco, “el mejor gobernador de la historia de Tucumán” hizo que sea avalado por la Legislatura. Por lo tanto, Jaldo podría aliviar de culpas y responsabilidades -y de dudas- a muchos integrantes de la Cámara si se hiciera una investigación o auditoría para saber si pasó algo, si alguien no entendió bien a López.
El Justicialismo -el principal partido de la provincia- suspendió a López luego del escándalo que derivó en su detención, pero antes tampoco había movido un dedo para evitar que alguien tan poco representativo provocase algún daño en la Provincia.
En la Justicia tampoco surgieron dudas; y mientras no haya denuncias no se pedirán expedientes, obviamente. El jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, integró ese gobierno provincial mimado del kirchnerismo -y de López-; y ha sido el cancerbero que le abrió la puerta del PJ a la esposa del gobernador anterior y senadora premiada por Cristina.
Ante cualquier consulta, las respuestas son ambiguas y el silencio es el mejor amigo de empresarios y políticos. Es claro que hasta aquí no hay ilícito a la vista perpetrado en esta jurisdicción, por lo tanto está todo bien. Las preguntas de los ciudadanos y las palabras de la prensa no son más que malas intenciones y acciones desestabilizadoras que nada tienen que ver con la transparencia deseada...
Balas de plata
La senadora Silvia Elías de Pérez es una “rara avis” de la política. Es una maleducada que elige escapar al protocolo. Esquiva algunos saludos y prefiere ni mirar a quienes ella tiene anotados en su lista con rojo. Ya hizo salir de las casillas a la anterior senadora peronista. Ahora tiene apuntado a su sucesor y marido, José Alperovich. Elías de Pérez le dejó una denuncia en la Justicia provincial.
El fiscal Diego López Avila tendrá que revisar la conducta del ex ministro de Economía Jorge Jiménez y del titular del ente regulador de servicios públicos, Sergio Gustavo Sánchez. A la pistola de Elías de Pérez no le quedan muchas balas. Por eso anda buscando que sus tiros sean certeros. Ya habría tomado contacto con el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene algunos papeles sobre López.
La senadora tucumana y algunos colaboradores se pasan varias horas revisando la cuenta en la que quedaron registrados los fondos que llegaron a Tucumán a través del Plan Más Cerca. O por problemas en sus calculadoras o por incapacidad para sumar y restar, hasta ahora no han logrado que les cierren los números.
No sólo el protocolo incomoda Elías de Pérez: también algunos socios que eligió su amigo José Cano. Es que entre esos números habría obras del ex intendente Domingo Amaya que aún están sin concluir.
Pesado equipaje
Algo muy parecido ocurre con las valijas en las que se llegaba a transportar dinero de la Legislatura. La Justicia dijo que estaba todo en orden. No hay ilícito. Son todos inocentes, sin embargo muchos pueden inferir que son culpables. El pago que se hace –y se vino haciendo desde hace 20 años- a los legisladores es ilegal. Los representantes del pueblo saben que guardan plata en su bolsillo incorrectamente. Eso lo avala -y avalaron- el vicegobernador actual -y todos los anteriores-. Los legisladores no pueden justificar sus ingresos porque muchos de sus dineros son “en negro”, bajo el eufemismo de “gastos sociales”.
Muchos hombres y mujeres de la Cámara no pueden -o les cuesta trabajo- utilizar la tarjeta de crédito. A los narcotraficantes, también. Tienen dinero que no pueden justificar. Revisar esta situación no es un problema. Es incómodo. El gobernador Juan Manzur, en nombre de la institucionalidad declamada –y reclamada-, podría hacerlo, pero implicaría decir “me investigo a mí mismo”. Este sistema que supieron inventar en los años 90 del siglo pasado es una trampa -de la que no quieren salir- para hombres y mujeres que representan al pueblo. Pueblo que los quiere, que los vota, que los defiende y que sabe que lo están engañando, claro que en nombre del sistema.
El protocolo no es sólo problema de la senadora Elías de Pérez. Una de las noches previas al 9 de Julio, los legisladores provinciales decidieron agasajar a diputados y senadores que habían venido a Tucumán para aquella sesión histórica en la cual los porteños no habían previsto que los tucumanos hablen, como finalmente pasó. La comida se realizó en Terrazas de San José. La mesa principal tenía la presencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti y del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Con ellos estaba el senador Federico Pinedo. El gobernador Manzur y el vice, Jaldo, ocuparon las sillas de los tucumanos. Pero había una última especialmente reservada. No, ni un senador ni tampoco un diputado nacional terminó ocupándola. Tampoco fue para el presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman. Pareciera que el protocolo también cede y se rinde ante otras cuestiones que indudablemente parecen ser más importantes, como el dinero. En la mesa principal, aquel día, estuvo sentado el secretario de la Legislatura que terminó desplazando no sólo a algún representante del pueblo sino también a algún legislador elegido por sus pares para determinados cargos. Claudio Pérez saludó la visita de las autoridades nacionales y, a cambio, recibió críticas por el privilegio obtenido. Claro que todas las quejas se hicieron en voz muy baja. Pérez se ha vuelto muy poderoso en la Legislatura. No es para menos: conoce el secreto que todo ciudadano querría saber. Desde hace más de una década ha sido la persona que les ha pagado a los legisladores. Por eso nadie criticó ni hizo ningún planteo ante el protocolo. Pérez es más poderoso que un representante del pueblo. Él siempre tuvo claro cuántos billetes tenía cada uno de los sobres que se repartían a los legisladores, en efectivo -obviamente-, porque el sistema no permite que sea de otra manera.
Instituciones fuertes
El 9 de Julio tendió puentes pero no puede hacer desaparecer la grieta. En ella caben odios, rencores, dolores, vergüenzas, intolerancias que no permiten respetar al prójimo. Al contrario, lo agreden. Las preguntas que sacuden al ciudadano no juzgan, sólo interrogan. No se trata de alterar las instituciones de la República dictando sentencias donde ni la Justicia ve ilícitos. Sin embargo, se trata de dar tranquilidad –respuestas- para convivir en el futuro. Ha pasado en estos días que un grupo de ex combatientes caminó por donde no debía en el desfile. Se hizo casi al mismo tiempo en que científicos detectaban más identidades en los huesos que se hallaron en Pozo de Vargas. La sociedad argentina tiene estas dificultades porque en su momento las instituciones no se respetaron. Por eso los repudios que hizo el Poder Ejecutivo provincial no alcanzan. Tal vez una investigación permitiría deslindar responsabilidades, algo que la Justicia nunca hizo: siempre se subordinó a los poderes de turno, especialmente en los temas que profundizan la grieta. Y hoy la sociedad argentina a veces no puede ni saludarse, aunque lo exija el protocolo.
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