La desmesura

Un ignoto personaje apareció denunciado como vínculo entre el Ministerio de Planificación nacional, la Secretaría de Obras Públicas y los empresarios de la construcción tucumanos, que hoy están inquietos por un informe de la Oficina Anticorrupción de la Nación que dice que 15 empresas en Tucumán estarían involucradas en “sobreprecios, dádivas, obras inconclusas, puentes caídos y con graves problemas estructurales”.

Ese personaje es el contador Andrés Galera, que aparece mencionado en el libro “El zar tucumano” (2011), de Nicolás Balinotti y José Sbrocco, como el “valijero” que en 2005 habría pedido coimas y las habría recibido en bolsas de consorcio en una habitación de un hotel cinco estrellas frente al parque 9 de Julio. “De esta manera comenzó a funcionar el sistema de retornos en las obras públicas”, dicen los periodistas, que cuentan que esa maniobra se llevó a cabo al menos dos veces (según su investigación) con coimas de entre el 2 y el 3 por ciento, según la obra. Ellos explican que Galera no figura como empleado del Gobierno nacional, y además De Vido negó que lo conociera o tuviera trato con él. Sin embargo, mencionan que Galera apareció en el caso Skanska (pago de coimas para la construcción del Gasoducto del Norte, caso que ha sido reabierto por la Justicia hace dos meses) y que fue mencionado por uno de los imputados en la causa, Adrián Félix López, “uno de los proveedores de facturas truchas a la empresa sueca para ocultar el pago de coimas”. Adrián López dijo en un reportaje a la revista “Noticias” que Galera se había presentado como enviado de De Vido. “Yo sabía que era... un valijero y él decía venir  en nombre de Planificación, en nombre de Julio de Vido; creo que no es funcionario, creo que sí trabaja con López, el de Obras Públicas”. Se refería a José Francisco López. El diario “Perfil” (23/1/09) mencionó que el fiscal Eduardo Taiano investigaba a Galera y a un subsecretario de De Vido. 

Varias tareas
Galera también aparece mencionado tres veces en el libro “La Piñata”, de Hugo Alconada Mon, por encargarse -en teoría- de pedir sobornos a empresarios tucumanos; por estar mencionado en el caso Skanska por los sobreprecios, y también por ser uno de los hombres que compró jugadores como Lugüercio en Racing en tiempos de Néstor Kirchner. 
Estas menciones periodísticas no tuvieron mayor repercusión en Tucumán hasta el escándalo de José López tratando de enterrar u ocultar casi 9 millones de dólares en un monasterio, lo cual le da visos de verosimilitud a historias que han circulado en los últimos 13 años sobre la cartelización de las obras públicas en Tucumán y el reparto preferencial. El ex gobernador José Alperovich (el zar, según Balinotti y Sbrocco) ha negado que hubiera habido coimas en su gestión, pero la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) ha recordado que hay denuncias por sobreprecios y obras mal hechas, y sobre “una ruta del peaje de la coima”, que han saltado de un anaquel a otro de las justicias federal y provincial, sin que se resuelvan. 

Las casas de Lomas
Un caso muy grande ha sido el del megabarrio Lomas de Tafí, cuya primera parte se entregó por adjudicación directa, sin licitación, hasta 2010, autorizado por leyes aprobadas por la Legislatura alperovichista. La denuncia de Elías de Pérez dice que se pagó un 13% de sobreprecios; explica que se compararon los valores abonados con los mencionados en esos mismos momentos en la revista “Arquitectura y construcciones” y que se analizaron las deficiencias técnicas en unas 1.400 casas del barrio, como ser falta de capas aisladoras y menor provisión de hierros y cemento en las columnas. “Se dividió la obra en 10 partes, pero las empresas encargadas estaban obligadas a subcontratar a empresas menores (varias vinculadas con funcionarios del Gobierno), a cooperativas y a empresas fantasmas”, dijo.

En “El zar tucumano” se le pregunta al interventor del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Gustavo Durán, acerca de ByM, empresa que entonces estaba administrada por el hijo de Oscar Mirkin, entonces secretario de Obras Públicas de Tucumán, y Gama, de Jorge Garber, primo del ex gobernador, recordada por una polémica respecto de la certificación del final de obra en la ampliación del área de emergentología del hospital Padilla. Durán niega que haya habido sobreprecios y preferencias.                                                                                                                                                                                                                                Ideas y vueltas sin resultado
La causa Lomas de Tafí estuvo desde 2013 dando vueltas por la Justicia Federal hasta que el juez Daniel Bejas dijo que, si bien se trataba de fondos nacionales, debía ser resuelta en los tribunales locales por ser una obra en la provincia. Le cayó al fiscal Diego López Ávila y, poco después, el entonces ministro fiscal Luis de Mitri decidió que el entonces fiscal Carlos Albaca le pasara a López Ávila el caso de Paulina Lebbos y recibiera, en compensación, el caso Lomas de Tafí. Albaca tuvo el expediente de 5.200 fojas cerrado hasta que se jubiló en 2015. Desde entonces lo tiene la fiscala subrogante, Adriana Giannoni. Elías de Pérez dice que pidió que la Auditoría General de la Nación incluya a Tucumán en la investigación del plan federal de viviendas. Según cuenta, el informe dice que hay “falta de control, irregularidades en el pago de certificados, diferencias entre los módulos pagados y lo que se debió pagar y un 88% de rendiciones incompletas, además de que el IPV no verifica a las empresas por la emisión de facturas”.
No es todo: la causa de las irregularidades en la DAU también navegó en la Justicia provincial desde 2012 y aún espera juicio. Elías de Pérez dice que el choripanero que aparecía como adjudicatario de obras habría sido testaferro de un funcionario.

Alperovich ha dicho enfáticamente que cada caso irregular que mencionó fue investigado. Pero el sistema ha sido demasiado confuso y por eso cundieron las denuncias. Así fue el plan “Más cerca”, que acumuló 12 presentaciones en tribunales. Lo que pasa es que la Justicia es muy lenta: basta ver las idas y vueltas con las denuncias por las irregularidades con los fondos de YMAD en el fuero federal, en las que se han mencionado sobreprecios y obras mal hechas en la UNT.
Una auditoría de la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat (del 31/5) ha tenido a mal traer en estos días al IPV, ya que se reclama (con la firma del contador Gustavo J. Flores, director de Control de Gestión del Fonavi), que en el programa ”Mejor vivir II” de módulos habitacionales hay fallas en planos de obras y listados de beneficiarios. Agrega que se dieron “preferencias electorales” y sin documentación respaldatoria; que hay planos incompletos, croquis a mano alzada y que se detectaron deficiencias en marcos de carpintería de chapa doblada, en las terminaciones (entra agua de lluvia) y en los muros realizados con ladrillos huecos, “que no cumplen los estándares mínimos de calidad de viviendas sociales”.

Acaso se trata de problemas que pueden ser resueltos sin mayores inconvenientes. En el informe aparecen empresas como Eiffel, que es una de las que hizo pavimentos, plazas y el club San José de en Yerba Buena en los tiempos del ex intendente Daniel Toledo. Empresas nacidas con el auge constructor de adjudicaciones directas de la “década ganada”. Se dice que la cantidad de empresas que trabajaron para el Estado se duplicó en estos años en el registro provincial de obra pública, ubicado en General Paz y La Rioja.

José López ha puesto en la mira a todas las obras realizadas. Los constructores se encuentran inquietos con el escándalo del ex secretario y con la lista de la Oficina Anticorrupción. “Estas situaciones empañan el desarrollo de la obra pública”, dijo Daniel Mafud, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, quien repudió el caso López y reclamó transparencia y licitaciones públicas. Más fuertes sonaron las declaraciones de Juan Chediack, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, quien dijo que se sabía que había coimas en Vialidad Nacional, tal y como denunció Elisa Carrió.

López es conocido como el enterrador de dólares, pero está desenterrando las obras realizadas en esta década. Con este escándalo, le cabe el concepto griego de la hibris, la desmesura. Pero no por el escándalo que protagonizó en el monasterio de General Rodríguez, sino por el burdo intento de transgresión de los límites que los griegos creían que los dioses imponían a los hombres.