Por Guillermo Monti
20 Mayo 2016
El uso de las palabras jamás es caprichoso. Suele, entre muchas otras variables, establecer el signo de una época. En algún punto de nuestra historia reciente dejó de hablarse de “pueblo” y apareció el concepto de “gente”. Y no, no es lo mismo. Por estos días, quienes subsisten protegidos bajo el paraguas de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen pasaron de “cooperativistas” a “beneficiarios”. El juego semántico, que no es ni elegante ni sutil, alimenta el imaginario con la falsa certeza de que las redes solidarias tejidas desde el Estado son fábricas de vagos. En una coyuntura socioeconómica tan delicada como la actual es de sabios elegir y cuidar el vocabulario, a no ser que la intención pase -justamente- por echarle querosén a la fogata. Fea la actitud.
El Argentina Trabaja (implementado en 2009) y el Ellas Hacen (2013) son herramientas que el Gobierno nacional utilizó en escenarios de turbulencia o contracción económica. A Tucumán los programas le llovieron como a ninguna otra provincia: 25.000 en total, toda una demostración del fracaso de José Alperovich en materia productiva. El empleo generado en la provincia durante el período 2003-2015 fue escaso y de pésima calidad. Cunde la informalidad; minga de trabajo registrado con boleta, aportes patronales y obra social. Alrededor del 47% de los laburantes tucumanos están en negro. Son números impactantes y pavorosos. A ese desmadre social Alperovich lo obturó con los paliativos que el kirchnerismo generosamente le cedió.
La caja de los programas es por demás jugosa: unos 900 millones de pesos anuales repartidos inequitativamente entre la tropa. Bajo el control del tándem Domingo Amaya-Germán Alfaro revistan 58 de las 205 cooperativas registradas en la capital. En un sincericidio típico de la verborrea política Alfaro se refirió a ellas como “nuestras cooperativas” (LA GACETA del martes pasado). Eso sí Amaya y Alfaro: “liberaron” públicamente a los cooperativistas para que adhieran al espacio político que prefieran. En materia de realismo mágico, a Tucumán no hay con qué darle.
A la nueva gestión del Ministerio de Desarrollo Social le llevó meses desenredar la madeja. Imposible afirmar si lo consiguió por completo. El manejo de los recursos de las cooperativas fue durante años un agujero negro, exento de auditorías. De esa intricada trama de estructuras paralelas, incontrolable para la gestión de Beatriz Mirkin, se alimentaron los muchachos antes, durante y después de las campañas. Poner orden en este berenjenal implica desempoderar a barones y punteros de nuestro conurbano. A Juan Manzur la Nación lo está urgiendo a desmalezar. Fiel a su estilo, cumplirá sin problemas y esa es la misión que le confirió al ministro Gabriel Yedlin. A fin de cuentas, y al revés de Alperovich, Manzur nunca dedicó su tiempo a tomar mate escuchando las cuitas de alfiles y peones. El riesgo es que se le retobe la infantería, justo cuando el canismo pasea con una caña de pescar alimentada por una riquísima carnada. Amaya y Alfaro ya la probaron.
El macrismo le asignó a Matías Kelly la supervisión del Argentina Trabaja y el Ellas Hacen. Kelly anduvo por Tucumán y se marchó elogiando al equipo de trabajo de Yedlin. Fue un guiño para el cumplidor Manzur, que horas después se adelantó al grueso de sus colegas y firmó con Rogelio Frigerio la devolución de los fondos coparticipables retenidos por la Anses. Desarrollo Productivo se apoyó en la UNT –a través de su Secretaría de Extensión- para armar una estructura capaz de conseguir que los programas funcionen con eficiencia y, sobre todo, claridad. Hubo una cena en la que Kelly departió con parte del gabinete. No faltó, por caso, Juan Pablo Lichtmajer. Si el Ministerio de Educación y la UNT articularan estrategias de capacitación, se piensa en voz alta en despachos y pasillos, el perfil de los cooperativistas podría crecer hasta brindarles mejores oportunidades de insertarse en el mercado laboral. Esa mirada en positivo y a mediano plazo colisiona con el Tucumán de todos los días, violento, económicamente comprometido y prisionero de las mezquindades propias de la baja política.
Los cooperativistas del Argentina Trabaja y el Ellas Hacen son alrededor de 6.000 en San Miguel de Tucumán. Siguen Tafí Viejo y Yerba Buena, con 1.500 cada uno, mientras que entre Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas son unos 2.700. El resto se reparte entre Lules y algunas comunas. Comparado con ese universo, el reclamo de los 28 trabajadores despedidos de la delegación Tucumán del Renatea parece ínfimo. La lógica perversa sería “que se le asigne un plan a cada uno y listo”. Es un ejemplo de cómo no deben funcionar las cosas.
El del Renatea es un tema que bien vale un párrafo, habida cuenta del rojo de Tucumán en materia de informalidad laboral y, precisamente, si del “campo” se trata. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios salió en defensa de laburantes a los que, llamativamente, su propio gremio -la Uatre- estaba desprotegiendo. La Uatre es el feudo de Gerónimo “Momo” Venegas, ultraduhaldista de ayer y ultramacrista de hoy, secretario general de un sindicato cuya actividad registra las mayores tasas de empleo en negro (en algunos casos esclavo) y de ese cáncer social mal llamado “trabajo infantil”. Venegas, un aplaudidor consuetudinario en los actos de la patronal (sobre todo de la Sociedad Rural), se la tenía jurada al Renatea y el desguace de ese organismo -800 despidos en todo el país- es su venganza nada shakespereana.
La continuidad de programas inclusivos como el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen fue ratificada por el Gobierno nacional, tal vez ante la certeza del estiletazo social que hubiera significado darlos de baja en meses críticos para los sectores más vulnerables, entre tanto tarifazo y despido. El desafío es que, como toda herramienta, cumpla el fin virtuoso para el que fue concebida. Volver a “cooperativista” en lugar de “beneficiario” es, por ejemplo, un buen primer paso.
El Argentina Trabaja (implementado en 2009) y el Ellas Hacen (2013) son herramientas que el Gobierno nacional utilizó en escenarios de turbulencia o contracción económica. A Tucumán los programas le llovieron como a ninguna otra provincia: 25.000 en total, toda una demostración del fracaso de José Alperovich en materia productiva. El empleo generado en la provincia durante el período 2003-2015 fue escaso y de pésima calidad. Cunde la informalidad; minga de trabajo registrado con boleta, aportes patronales y obra social. Alrededor del 47% de los laburantes tucumanos están en negro. Son números impactantes y pavorosos. A ese desmadre social Alperovich lo obturó con los paliativos que el kirchnerismo generosamente le cedió.
La caja de los programas es por demás jugosa: unos 900 millones de pesos anuales repartidos inequitativamente entre la tropa. Bajo el control del tándem Domingo Amaya-Germán Alfaro revistan 58 de las 205 cooperativas registradas en la capital. En un sincericidio típico de la verborrea política Alfaro se refirió a ellas como “nuestras cooperativas” (LA GACETA del martes pasado). Eso sí Amaya y Alfaro: “liberaron” públicamente a los cooperativistas para que adhieran al espacio político que prefieran. En materia de realismo mágico, a Tucumán no hay con qué darle.
A la nueva gestión del Ministerio de Desarrollo Social le llevó meses desenredar la madeja. Imposible afirmar si lo consiguió por completo. El manejo de los recursos de las cooperativas fue durante años un agujero negro, exento de auditorías. De esa intricada trama de estructuras paralelas, incontrolable para la gestión de Beatriz Mirkin, se alimentaron los muchachos antes, durante y después de las campañas. Poner orden en este berenjenal implica desempoderar a barones y punteros de nuestro conurbano. A Juan Manzur la Nación lo está urgiendo a desmalezar. Fiel a su estilo, cumplirá sin problemas y esa es la misión que le confirió al ministro Gabriel Yedlin. A fin de cuentas, y al revés de Alperovich, Manzur nunca dedicó su tiempo a tomar mate escuchando las cuitas de alfiles y peones. El riesgo es que se le retobe la infantería, justo cuando el canismo pasea con una caña de pescar alimentada por una riquísima carnada. Amaya y Alfaro ya la probaron.
El macrismo le asignó a Matías Kelly la supervisión del Argentina Trabaja y el Ellas Hacen. Kelly anduvo por Tucumán y se marchó elogiando al equipo de trabajo de Yedlin. Fue un guiño para el cumplidor Manzur, que horas después se adelantó al grueso de sus colegas y firmó con Rogelio Frigerio la devolución de los fondos coparticipables retenidos por la Anses. Desarrollo Productivo se apoyó en la UNT –a través de su Secretaría de Extensión- para armar una estructura capaz de conseguir que los programas funcionen con eficiencia y, sobre todo, claridad. Hubo una cena en la que Kelly departió con parte del gabinete. No faltó, por caso, Juan Pablo Lichtmajer. Si el Ministerio de Educación y la UNT articularan estrategias de capacitación, se piensa en voz alta en despachos y pasillos, el perfil de los cooperativistas podría crecer hasta brindarles mejores oportunidades de insertarse en el mercado laboral. Esa mirada en positivo y a mediano plazo colisiona con el Tucumán de todos los días, violento, económicamente comprometido y prisionero de las mezquindades propias de la baja política.
Los cooperativistas del Argentina Trabaja y el Ellas Hacen son alrededor de 6.000 en San Miguel de Tucumán. Siguen Tafí Viejo y Yerba Buena, con 1.500 cada uno, mientras que entre Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas son unos 2.700. El resto se reparte entre Lules y algunas comunas. Comparado con ese universo, el reclamo de los 28 trabajadores despedidos de la delegación Tucumán del Renatea parece ínfimo. La lógica perversa sería “que se le asigne un plan a cada uno y listo”. Es un ejemplo de cómo no deben funcionar las cosas.
El del Renatea es un tema que bien vale un párrafo, habida cuenta del rojo de Tucumán en materia de informalidad laboral y, precisamente, si del “campo” se trata. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios salió en defensa de laburantes a los que, llamativamente, su propio gremio -la Uatre- estaba desprotegiendo. La Uatre es el feudo de Gerónimo “Momo” Venegas, ultraduhaldista de ayer y ultramacrista de hoy, secretario general de un sindicato cuya actividad registra las mayores tasas de empleo en negro (en algunos casos esclavo) y de ese cáncer social mal llamado “trabajo infantil”. Venegas, un aplaudidor consuetudinario en los actos de la patronal (sobre todo de la Sociedad Rural), se la tenía jurada al Renatea y el desguace de ese organismo -800 despidos en todo el país- es su venganza nada shakespereana.
La continuidad de programas inclusivos como el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen fue ratificada por el Gobierno nacional, tal vez ante la certeza del estiletazo social que hubiera significado darlos de baja en meses críticos para los sectores más vulnerables, entre tanto tarifazo y despido. El desafío es que, como toda herramienta, cumpla el fin virtuoso para el que fue concebida. Volver a “cooperativista” en lugar de “beneficiario” es, por ejemplo, un buen primer paso.
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