Por LA GACETA
06 Mayo 2016
Alcanzar la mayoría de edad es el anhelo de muchos adolescentes. Es la posibilidad de poder “liberarse del control” de sus padres para “hacer lo que uno quiera”. Sin embargo, dejar de ser un menor implica una mayor responsabilidad, como por ejemplo, hacerse cargo de las decisiones propias y no acudir a “la casita de los viejos” ante la primera adversidad. Pero también existe la tentación de los progenitores de querer seguir dirigiendo o manejando la vida ajena. Esta vocación de paternidad puede comprobarse largamente en la historia argentina. Intervenir es uno de los verbos preferidos de los gobernantes, especialmente los de facto.
El miércoles, recordábamos que el 13 de mayo cumplirá 45 años el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), creado por el ministro Francisco Manrique, para ser administrado por sus propios beneficiarios. Sin embargo, el objetivo nunca se cumplió, pese a la mayoría de edad de todos sus afiliados.
Tucumán no se queda atrás en esta materia. La Caja Popular de Ahorros, el Subsidio de Salud, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) y el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) son algunos ejemplos. La primera, fundada por el entonces gobernador Ernesto Padilla el 13 de julio de 1915, celebró el año pasado su primer centenario en calidad de intervenida. A pocos días de iniciar su gestión, en 2003, José Alperovich la intervino.
El Subsidio de Salud, creado en 1969, es el adelantado. Sus autoridades fueron suspendidas en 1990 por el decreto 1.217 que establecía que en seis meses se debía integrarse el nuevo directorio a través de comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, pero estos nunca se llevaron a cabo. El 16 de marzo de 1973, mediante la ley N° 3910, el entonces gobernador Oscar Sarrulle transforma la Dirección Provincial de Cooperativas en Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, intervenido desde 1998. El Ipvdu, fue creado como entidad autárquica en diciembre de 1969 mediante la ley N° 3619; debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y dura cuatro años en el cargo; desde 1991 se suceden los interventores. El IPLA, nacido en 1994 y vuelto a crear en 2002 mediante la ley N° 7243, se halla intervenido. En 2007, la Legislatura sancionó una norma que prescribía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el gobernador la vetó.
En diciembre pasado, el ministro de Gobierno, Regino Amado, dijo que el Poder Ejecutivo había incluido en su agenda la normalización de estos organismos. “La primera tarea será observar la situación particular de cada ente, no sólo sobre su funcionamiento, sino también su estado edilicio. Ahí se verá cuáles están en condiciones de normalizarse... siempre creí que había que normalizar los organismos, aunque a su debido tiempo. No puedo opinar por los que sostuvieron las intervenciones, hablo de aquí para adelante”, dijo el funcionario.
La intervención de un organismo en forma sostenida y sin que pese sobre él acusaciones de irregularidades o administración fraudulenta, le permite al Poder Ejecutivo manejarlo a su voluntad, pero esta acción es propia de los gobiernos dictatoriales, de manera que en una democracia no debe existir.
El miércoles, recordábamos que el 13 de mayo cumplirá 45 años el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), creado por el ministro Francisco Manrique, para ser administrado por sus propios beneficiarios. Sin embargo, el objetivo nunca se cumplió, pese a la mayoría de edad de todos sus afiliados.
Tucumán no se queda atrás en esta materia. La Caja Popular de Ahorros, el Subsidio de Salud, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) y el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) son algunos ejemplos. La primera, fundada por el entonces gobernador Ernesto Padilla el 13 de julio de 1915, celebró el año pasado su primer centenario en calidad de intervenida. A pocos días de iniciar su gestión, en 2003, José Alperovich la intervino.
El Subsidio de Salud, creado en 1969, es el adelantado. Sus autoridades fueron suspendidas en 1990 por el decreto 1.217 que establecía que en seis meses se debía integrarse el nuevo directorio a través de comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, pero estos nunca se llevaron a cabo. El 16 de marzo de 1973, mediante la ley N° 3910, el entonces gobernador Oscar Sarrulle transforma la Dirección Provincial de Cooperativas en Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, intervenido desde 1998. El Ipvdu, fue creado como entidad autárquica en diciembre de 1969 mediante la ley N° 3619; debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y dura cuatro años en el cargo; desde 1991 se suceden los interventores. El IPLA, nacido en 1994 y vuelto a crear en 2002 mediante la ley N° 7243, se halla intervenido. En 2007, la Legislatura sancionó una norma que prescribía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el gobernador la vetó.
En diciembre pasado, el ministro de Gobierno, Regino Amado, dijo que el Poder Ejecutivo había incluido en su agenda la normalización de estos organismos. “La primera tarea será observar la situación particular de cada ente, no sólo sobre su funcionamiento, sino también su estado edilicio. Ahí se verá cuáles están en condiciones de normalizarse... siempre creí que había que normalizar los organismos, aunque a su debido tiempo. No puedo opinar por los que sostuvieron las intervenciones, hablo de aquí para adelante”, dijo el funcionario.
La intervención de un organismo en forma sostenida y sin que pese sobre él acusaciones de irregularidades o administración fraudulenta, le permite al Poder Ejecutivo manejarlo a su voluntad, pero esta acción es propia de los gobiernos dictatoriales, de manera que en una democracia no debe existir.
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