19 Abril 2016
En Concepción rige un Código de Ética Pública
“La lucha contra la corrupción es un tema que está en todas las agendas de gobierno”, afirmó el radical Molinuevo, autor de la iniciativa. “Me pareció positivo”, señaló el intendente. La ordenanza, aprobada por unanimidad, establece prohibiciones y obligaciones para los funcionarios del Ejecutivo municipal y para ediles.
CONCEJO. El cuerpo vecinal de Concepción funciona en España y 9 de Julio. la gaceta / foto de Osvaldo Ripoll (archivo)
Impedir el ejercicio de cargos incompatibles con la función pública municipal -como la participación en empresas proveedoras o contratistas-. Eliminar toda posibilidad de beneficio -económico o de cualquier otra índole- para quienes gestionen recursos públicos. Resguardar el derecho al acceso a la información pública para que la ciudadanía conozca los actos concretados por sus autoridades.
En la Municipalidad de Concepción aseguran que han dado un paso trascendental en la lucha contra la corrupción. El Concejo Deliberante de “La Perla del Sur” aprobó por unanimidad una ordenanza para un Código de Ética Pública, que establece obligaciones y pautas de conductas para concejales y funcionarios municipales.
La medida fue impulsada por el edil Alejandro José Molinuevo, quien fue electo en 2015 por el acople radical Movimiento Popular y Federal. Antes de llevar la iniciativa al recinto, el concejal había acordado su implementación con el intendente de Concepción, Roberto Sánchez (UCR). “(Molinuevo) me acercó la propuesta y me pareció muy positiva. Apunta a transparentar todo, que los actos de gobierno sean públicos. Eso es lo principal”, resumió el jefe municipal de “La Perla del Sur”.
“Contra la corrupción”
Molinuevo, del bloque “Vientos de Cambio”, defendió la iniciativa en el recinto del Concejo. “La lucha contra la corrupción es un tema que está en todas las agendas de gobierno. Se trata de un fenómeno que ha avanzado, y se enquistó en la institucionalidad democrática de nuestro tiempo”, indicó el edil radical. Y señaló que es “imperiosa la necesidad de compromiso en todos los niveles de la administración pública”. Por eso, en los fundamentos del proyecto remarcó que las obligaciones alcanzan “a todas las personas que ejerzan cargos en la administración pública, en todos sus niveles y jerarquías, extendiéndose su aplicación a todos los funcionarios y empleados de la Municipalidad”. “Las personas que cumplen funciones en el Estado municipal no podrán ser proveedores del Estado y no podrán desempeñarse al mismo tiempo en más de un cargo o empleo público remunerado”, detalló el representante vecinal.
En la provincia
A nivel provincial no rigen normativas referidas a la ética pública, más allá de disposiciones puntuales expresadas en la Constitución provincial (como la imposibilidad de tener en simultáneo dos salarios estatales, salvo que uno provenga del ejercicio de la docencia). En la nueva composición de la Legislatura ya hubo propuestas en ese sentido. Los radicales José María Canelada (titular del bloque UCR), Eudoro Aráoz y Adela Estofán de Terraf aportaron en diciembre pasado una batería de proyectos en ese sentido. Fernando Valdez, también de la UCR, advirtió que en 2014 planteó una propuesta de acceso a la información pública y otras medidas a favor de la transparencia. “Nunca hubo voluntad de facilitar la difusión de información estatal”, reclamó Valdez.
En la Municipalidad de Concepción aseguran que han dado un paso trascendental en la lucha contra la corrupción. El Concejo Deliberante de “La Perla del Sur” aprobó por unanimidad una ordenanza para un Código de Ética Pública, que establece obligaciones y pautas de conductas para concejales y funcionarios municipales.
La medida fue impulsada por el edil Alejandro José Molinuevo, quien fue electo en 2015 por el acople radical Movimiento Popular y Federal. Antes de llevar la iniciativa al recinto, el concejal había acordado su implementación con el intendente de Concepción, Roberto Sánchez (UCR). “(Molinuevo) me acercó la propuesta y me pareció muy positiva. Apunta a transparentar todo, que los actos de gobierno sean públicos. Eso es lo principal”, resumió el jefe municipal de “La Perla del Sur”.
“Contra la corrupción”
Molinuevo, del bloque “Vientos de Cambio”, defendió la iniciativa en el recinto del Concejo. “La lucha contra la corrupción es un tema que está en todas las agendas de gobierno. Se trata de un fenómeno que ha avanzado, y se enquistó en la institucionalidad democrática de nuestro tiempo”, indicó el edil radical. Y señaló que es “imperiosa la necesidad de compromiso en todos los niveles de la administración pública”. Por eso, en los fundamentos del proyecto remarcó que las obligaciones alcanzan “a todas las personas que ejerzan cargos en la administración pública, en todos sus niveles y jerarquías, extendiéndose su aplicación a todos los funcionarios y empleados de la Municipalidad”. “Las personas que cumplen funciones en el Estado municipal no podrán ser proveedores del Estado y no podrán desempeñarse al mismo tiempo en más de un cargo o empleo público remunerado”, detalló el representante vecinal.
En la provincia
A nivel provincial no rigen normativas referidas a la ética pública, más allá de disposiciones puntuales expresadas en la Constitución provincial (como la imposibilidad de tener en simultáneo dos salarios estatales, salvo que uno provenga del ejercicio de la docencia). En la nueva composición de la Legislatura ya hubo propuestas en ese sentido. Los radicales José María Canelada (titular del bloque UCR), Eudoro Aráoz y Adela Estofán de Terraf aportaron en diciembre pasado una batería de proyectos en ese sentido. Fernando Valdez, también de la UCR, advirtió que en 2014 planteó una propuesta de acceso a la información pública y otras medidas a favor de la transparencia. “Nunca hubo voluntad de facilitar la difusión de información estatal”, reclamó Valdez.
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