El uso discrecional de las ayudas sociales

Por LA GACETA 30 Marzo 2016

A nadie se le ocurre hoy poner en duda el papel de las instituciones. Sin embargo, el sentimiento popular sí ha puesto en el banquillo de los acusados a los que trabajan en ellas desde la política. Es claro que no todos los funcionarios son iguales. Pero algunas actuaciones, y sobre todo el irritante término discrecionalidad (es decir, la utilización de fondos públicos sin rendir cuentas ni dar explicaciones), hacen que reine la desconfianza absoluta hacia los que gobiernan la cosa pública. Mientras en la Legislatura provincial no cesan los ataques hacia legislador macrista Luis Brodersen (quien en declaraciones periodísticas había calificado de “estafa” el uso discrecional de los fondos llamados “ayudas sociales a personas”), en Bella Vista los concejales decidieron “blanquear” sus propios “gastos de representación” mediante una ordenanza sancionada en diciembre. El intendente de esa ciudad, Sebastián Salazar, negó que la ordenanza estableciera una suba del 100% en las dietas de las autoridades municipales. Más bien todo lo contrario: “Los sueldos solamente fueron transparentados. Esto quiere decir que ahora todos los importes que perciben los funcionarios y los concejales figuran en la boleta de sueldo”, afirmó.

Semejante actitud genera inquietud, ya que desde el Gobierno nacional se insiste en la necesidad de bajar los gastos legislativos en las provincias. En diversas oportunidades dijimos, desde esta misma columna, que los “gastos sociales” son un inconcebible anacronismo que debería corregirse de una vez por todas. Sin embargo, este anhelo sigue generando cierto malestar en una clase política a la que, en general, le cuesta aceptar las críticas y tomar medidas de fondo para bajar costos de funcionamiento que resultan incontrastablemente excesivos con relación a la capacidad contributiva de la ciudadanía. El reclamo apunta a que las asignaciones a las legislaturas no excedan el 3% de los presupuestos provinciales, tal como ocurre en algunos distritos del país donde el clientelismo político y el despilfarro llegan a niveles bochornosos.

En este sentido, es lamentable que quienes ocupan bancas legislativas no entiendan el verdadero sentido del reclamo que les está formulando la opinión pública. Lo que se espera de ellos es que produzcan señales de ejemplaridad moral, que demuestren que el sacrificio de los sectores más castigados por la pobreza y por la crisis social es acompañado realmente desde las altas esferas del poder por mínimos gestos de solidaridad. Lo que está en juego es, más alla del monto de las sumas que puedan cobrar los representantes del pueblo en concepto de “gastos sociales”, su uso absolutamente discrecional. Porque ese dinero que usan sin rendir cuenta es del mismo pueblo que los eligió como representantes. Por eso la democracia se desvirtúa y se degrada cuando los ciudadanos creen advertir que los políticos han dejado de lado su rol de promotores del bien común para convertirse en una suerte de corporación que sólo procura beneficiarse a sí misma. Y esto es peligroso. En un contexto de crisis económico-social tan grave como el que se vive en el país, signado por una inflación que no da respiro y una carga tributaria atroz, los integrantes de la clase política deberían esforzarse al máximo por evitar cuanto pueda ser interpretado como un intento de servirse del poder y no de utilizar el poder para servir al conjunto social.