Por LA GACETA
11 Marzo 2016
En la Justicia federal se está produciendo un interesante debate entre la aplicación de la ley y el pragmatismo, entre el ingreso irrestricto y los problemas de las instituciones mal preparadas para la nueva contingencia. El juez federal Fernando Luis Poviña ha escuchado el lunes los argumentos de los estudiantes que presentaron un amparo para que se aplique en la Facultad de Medicina lo que prescribe la modificación a Ley de Educación Superior (N° 24.521) que establece el acceso “libre e irrestricto” a las universidades públicas, y ayer recibió el descargo de las autoridades de la unidad académica, que argumentan problemas presupuestarios para reforzar el ingreso a 1er año y advierten que cambiar la modalidad de ingreso -Medicina tiene examen de ingreso y cupo de ingresantes- lesionará la calidad educativa y las competencias de los profesionales que se gradúan.
El año pasado ya se dio este debate en la asamblea para la reforma del estatuto. Allí quedaron en evidencia dos posturas: una a favor de no poner límites al acceso a la educación y otra preocupada por presupuestos, preparación edilicia y cantidad de docentes. Ahora en la presentación judicial también hubo argumentos económicos de parte de los demandantes, que plantearon que no pueden pagar los costos que les insumen prepararse en institutos privados para el examen de ingreso. Denunciaron, en ese sentido, que en esos institutos están los mismos docentes de Medicina, lo cual debería ser motivo de investigación de parte de las autoridades universitarias. Pero el ingreso a la universidad no debería ser un problema económico o presupuestario, sino un asunto estrictamente vinculado a la preparación y a la capacitación, para que quienes se reciban desarrollen con absoluta competencia su oficio. La Facultad de Medicina ha encarado pragmáticamente este asunto con la restricción del ingreso y con el cupo, y ha obtenido la fama de que sus profesionales son competentes. No se dice lo mismo de otras unidades académicas.
Este debate no debería darse en el último nivel de estudio, el universitario, sino que la sociedad tiene que poner el el foco de la inclusión desde la primaria. No puede ser la cuestión económica la base de discusiones, con facultades que terminan asimilando estudiantes para luego conformarse con altísimos niveles de deserción (en la UNT se estima que el 40% de los ingresantes abandona después de primer año). El experto Alieto Guadagni (en Clarín, 8/3) señala que la universidad argentina desperdicia recursos porque es fácil ingresar con una preparación insuficiente y no se gradúan 70 de cada 100 ingresantes. Pone el ejemplo de Ecuador, que tiene examen de ingreso: la gratuidad en la universidad depende del rendimiento del estudiante.
El gran debate está en la búsqueda de excelencia. La articulación entre los niveles primario, secundario y uiniversitario es fundamental para lograr profesionales convencidos de su vocación y de su destino. En la articulación entre los estamentos de la enseñanza debe incluirse también la falta de una política inclusiva entre el interior y la capital y de la falta de accesibilidad de grupos sociales más postergados a mejores estudios y más posibilidades tecnológicas. En este sentido, cualquiera sea la resolución de la Justicia federal sobre el amparo planteado, bien debería ser este el punto de partida para un debate en serio de la sociedad sobre cómo aspirar a la excelencia en nuestra educación.
El año pasado ya se dio este debate en la asamblea para la reforma del estatuto. Allí quedaron en evidencia dos posturas: una a favor de no poner límites al acceso a la educación y otra preocupada por presupuestos, preparación edilicia y cantidad de docentes. Ahora en la presentación judicial también hubo argumentos económicos de parte de los demandantes, que plantearon que no pueden pagar los costos que les insumen prepararse en institutos privados para el examen de ingreso. Denunciaron, en ese sentido, que en esos institutos están los mismos docentes de Medicina, lo cual debería ser motivo de investigación de parte de las autoridades universitarias. Pero el ingreso a la universidad no debería ser un problema económico o presupuestario, sino un asunto estrictamente vinculado a la preparación y a la capacitación, para que quienes se reciban desarrollen con absoluta competencia su oficio. La Facultad de Medicina ha encarado pragmáticamente este asunto con la restricción del ingreso y con el cupo, y ha obtenido la fama de que sus profesionales son competentes. No se dice lo mismo de otras unidades académicas.
Este debate no debería darse en el último nivel de estudio, el universitario, sino que la sociedad tiene que poner el el foco de la inclusión desde la primaria. No puede ser la cuestión económica la base de discusiones, con facultades que terminan asimilando estudiantes para luego conformarse con altísimos niveles de deserción (en la UNT se estima que el 40% de los ingresantes abandona después de primer año). El experto Alieto Guadagni (en Clarín, 8/3) señala que la universidad argentina desperdicia recursos porque es fácil ingresar con una preparación insuficiente y no se gradúan 70 de cada 100 ingresantes. Pone el ejemplo de Ecuador, que tiene examen de ingreso: la gratuidad en la universidad depende del rendimiento del estudiante.
El gran debate está en la búsqueda de excelencia. La articulación entre los niveles primario, secundario y uiniversitario es fundamental para lograr profesionales convencidos de su vocación y de su destino. En la articulación entre los estamentos de la enseñanza debe incluirse también la falta de una política inclusiva entre el interior y la capital y de la falta de accesibilidad de grupos sociales más postergados a mejores estudios y más posibilidades tecnológicas. En este sentido, cualquiera sea la resolución de la Justicia federal sobre el amparo planteado, bien debería ser este el punto de partida para un debate en serio de la sociedad sobre cómo aspirar a la excelencia en nuestra educación.
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