Por Irene Benito
10 Marzo 2016
La Corte menos uno (René Goane, el vocal de la verba incendiaria) se sumó la semana pasada al contingente de los promesantes de Germán Garavano, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación extenuado por los conflictos judiciales de Tucumán. Este viaje sin precedentes a Santa Fe en el que se embarcaron cuatro vocales -cuando en circunstancias corrientes habrían ido, a lo sumo, dos- dejó un saldo cuanto menos extraño. Mientras unos festejaban el hecho de “haberse unido” para enfrentar la amenaza de intervención federal que representa la preocupación de Garavano por los desaguisados tribunalicios locales, otros ponían el acento en la debilidad que la misión santafesina expone. Resulta elocuente la transformación del ministro de Mauricio Macri en árbitro de la guerra de guerrillas que se libra en las instituciones vernáculas. Un príncipe del foro insiste en que nadie sabe cómo salir de la disputa de disputas que empezó hace un año con la denuncia del Colegio de Abogados de la Capital contra el ex fiscal Guillermo Herrera y que, desde ahí, se expandió erga omnes. Por decirlo de un modo simpático, pareciera que el descalabro ha “descalabrizado” a las autoridades autóctonas.
A nadie escapa que el mismo cuerpo que en el Litoral defendió la performance de la Justicia -frente al ataque masivo del ministro público Edmundo Jiménez- cerró 2015 a los cañonazos. En una demostración inusitada de espíritu autodestructivo, este órgano supremo llevó la renovación interna de autoridades hasta el umbral de la judicialización. Por obra y arte de los partes de la conflagración con la institución de Jiménez que a diario sacuden al Palacio de Justicia, el contencioso del vocal decano de la Corte quedó -momentáneamente- aparcado. Pese a que el 22 de diciembre presentó la renuncia indeclinable para evitar más desgastes, Claudia Sbdar sigue siendo, al menos en los papeles, la número dos de los Tribunales, situación que, sin dar vueltas, sus pares Goane y Antonio Estofán consideran ilegal.
Devenido en aglutinador de la judicatura que hasta diciembre andaba a los topetazos, Jiménez no consigue disimular que su poder judicial (con minúsculas) ya no le responde como antaño. Con las puertas de los despachos entreabiertas, magistrados que antes se desvivían por el calor del ex ministro de Gobierno y Justicia de la administración anterior hoy le auguran la oportunísima jubilación con el beneficio del 82% móvil, salvoconducto que ya usaron otros integrantes del Ministerio Público cuestionados como Herrera, y como el ex fiscal Carlos Albaca y su ex jefe, Luis de Mitri, binomio de funcionarios chamuscado por el caso “Lebbos”.
Aunque el ministro público de la gioconda sonrisa luzca aferrado al comando de fiscales y defensores oficiales, los lobbies preparan su sucesión. Ocurre que tanto en la Justicia como en la política leen los últimos movimientos ejecutados en investigaciones penales con trascendencia institucional como demostraciones de fuego amigo y de su vocación por precipitar la mentada intervención federal. En el centro de la escena aparece Washington Navarro Dávila, fiscal que reedita el estilo confrontativo y lenguaraz que registró Herrera. A Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados, no le caben dudas de que, detrás de su avanzada para obtener los números de celular de los vocales de la Corte, está Jiménez. El oficio dirigido al funcionario de la centralita del Palacio -y tan luego emitido en el ámbito de una causa por el supuesto tráfico de influencias que Herrera propaló en una radio cuando aún era fiscal- llegó, para más inri, cuando la Corte departía con Garavano en Santa Fe. Navarro Dávila razona que si no hay nada que esconder, los teléfonos deben ser entregados y sanseacabó. Pero en el alto tribunal entienden que su requerimiento, tal y como está formulado, exorbita la ley. Ahora bien, tantas veces en el pasado el fuero penal ha amoldado el orden jurídico a sus conveniencias coyunturales, que ya no se sabe a ciencia cierta cuál es la línea que separa lo que está bien de lo que está mal y, fundamentalmente, quién tiene la autoridad (moral y no sólo intelectual) para trazarla.
Algunos políticos también se sienten amedrentados por Jiménez cuando Navarro Dávila “mueve” el expediente de las valijas de los gastos sociales. En el mundillo oficialista ven fantasmas por doquier: más de uno pataleó cuando se enteró que la Corte (postcita con Garavano) había abierto un registro de funcionarios públicos imputados, base de datos llamada a sincerar que las denuncias que salpican al poder casi no prosperan y que, cuando por excepción acaece lo contrario, suelen tramitar a una velocidad funcional al olvido y la prescripción. Un año y medio, por ejemplo, insumió el proceso de apelación de la causa que complica a Miguel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Un actor emergente del fuero penal, el camarista insurrecto Enrique Pedicone, dejó a la vista esta mora recalcitrante al ventilar que Eudoro Albo, presidente del tribunal de apelaciones, había exigido nada más ni nada menos que la declaración testimonial del relator que manejaba el expediente luego de que trascendiesen sus tiempos muertos. Puertas adentro de ese superestrado diseñado por Jiménez se dispensan a sí mismos con una explicación que exime de mayores comentarios: la carga de trabajo obliga a postergar las causas complejas.
Lejos de un motivo de alivio, el desenlace provisorio del caso de Brito, primer funcionario de la administración anterior enviado a juicio por hechos probables de corrupción, supone otro dolor de cabeza para el Ministerio Público, a quien Pedicone volvió a atacar por el desempeño de Alejandro Noguera, ex fiscal del caso “Lebbos”. La crítica del ex dirigente justicialista que en junio desembarcó en la Justicia (decidido a hacerse oír) incluye a Jiménez y vuelve a poner contra las cuerdas a la Corte. Esos movimientos acelerados por la decisión -¿casual?- de enjuiciar a Albaca, ex hombre intocable de la familia judicial y, para muchos, emblema de la impunidad, repercuten en un maremágnum que aflige al Poder Ejecutivo perseguido por el juez federal porteño Claudio Bonadio; las arcas raquíticas; un pico alarmante de inseguridad y los intereses latentes del senador-ex gobernador. En estas horas de debilidades encontradas parece inevitable recurrir a la lucidez de Borges, que un día dijo para siempre que el destino es ciego e implacable con quienes se equivocan.
A nadie escapa que el mismo cuerpo que en el Litoral defendió la performance de la Justicia -frente al ataque masivo del ministro público Edmundo Jiménez- cerró 2015 a los cañonazos. En una demostración inusitada de espíritu autodestructivo, este órgano supremo llevó la renovación interna de autoridades hasta el umbral de la judicialización. Por obra y arte de los partes de la conflagración con la institución de Jiménez que a diario sacuden al Palacio de Justicia, el contencioso del vocal decano de la Corte quedó -momentáneamente- aparcado. Pese a que el 22 de diciembre presentó la renuncia indeclinable para evitar más desgastes, Claudia Sbdar sigue siendo, al menos en los papeles, la número dos de los Tribunales, situación que, sin dar vueltas, sus pares Goane y Antonio Estofán consideran ilegal.
Devenido en aglutinador de la judicatura que hasta diciembre andaba a los topetazos, Jiménez no consigue disimular que su poder judicial (con minúsculas) ya no le responde como antaño. Con las puertas de los despachos entreabiertas, magistrados que antes se desvivían por el calor del ex ministro de Gobierno y Justicia de la administración anterior hoy le auguran la oportunísima jubilación con el beneficio del 82% móvil, salvoconducto que ya usaron otros integrantes del Ministerio Público cuestionados como Herrera, y como el ex fiscal Carlos Albaca y su ex jefe, Luis de Mitri, binomio de funcionarios chamuscado por el caso “Lebbos”.
Aunque el ministro público de la gioconda sonrisa luzca aferrado al comando de fiscales y defensores oficiales, los lobbies preparan su sucesión. Ocurre que tanto en la Justicia como en la política leen los últimos movimientos ejecutados en investigaciones penales con trascendencia institucional como demostraciones de fuego amigo y de su vocación por precipitar la mentada intervención federal. En el centro de la escena aparece Washington Navarro Dávila, fiscal que reedita el estilo confrontativo y lenguaraz que registró Herrera. A Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados, no le caben dudas de que, detrás de su avanzada para obtener los números de celular de los vocales de la Corte, está Jiménez. El oficio dirigido al funcionario de la centralita del Palacio -y tan luego emitido en el ámbito de una causa por el supuesto tráfico de influencias que Herrera propaló en una radio cuando aún era fiscal- llegó, para más inri, cuando la Corte departía con Garavano en Santa Fe. Navarro Dávila razona que si no hay nada que esconder, los teléfonos deben ser entregados y sanseacabó. Pero en el alto tribunal entienden que su requerimiento, tal y como está formulado, exorbita la ley. Ahora bien, tantas veces en el pasado el fuero penal ha amoldado el orden jurídico a sus conveniencias coyunturales, que ya no se sabe a ciencia cierta cuál es la línea que separa lo que está bien de lo que está mal y, fundamentalmente, quién tiene la autoridad (moral y no sólo intelectual) para trazarla.
Algunos políticos también se sienten amedrentados por Jiménez cuando Navarro Dávila “mueve” el expediente de las valijas de los gastos sociales. En el mundillo oficialista ven fantasmas por doquier: más de uno pataleó cuando se enteró que la Corte (postcita con Garavano) había abierto un registro de funcionarios públicos imputados, base de datos llamada a sincerar que las denuncias que salpican al poder casi no prosperan y que, cuando por excepción acaece lo contrario, suelen tramitar a una velocidad funcional al olvido y la prescripción. Un año y medio, por ejemplo, insumió el proceso de apelación de la causa que complica a Miguel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Un actor emergente del fuero penal, el camarista insurrecto Enrique Pedicone, dejó a la vista esta mora recalcitrante al ventilar que Eudoro Albo, presidente del tribunal de apelaciones, había exigido nada más ni nada menos que la declaración testimonial del relator que manejaba el expediente luego de que trascendiesen sus tiempos muertos. Puertas adentro de ese superestrado diseñado por Jiménez se dispensan a sí mismos con una explicación que exime de mayores comentarios: la carga de trabajo obliga a postergar las causas complejas.
Lejos de un motivo de alivio, el desenlace provisorio del caso de Brito, primer funcionario de la administración anterior enviado a juicio por hechos probables de corrupción, supone otro dolor de cabeza para el Ministerio Público, a quien Pedicone volvió a atacar por el desempeño de Alejandro Noguera, ex fiscal del caso “Lebbos”. La crítica del ex dirigente justicialista que en junio desembarcó en la Justicia (decidido a hacerse oír) incluye a Jiménez y vuelve a poner contra las cuerdas a la Corte. Esos movimientos acelerados por la decisión -¿casual?- de enjuiciar a Albaca, ex hombre intocable de la familia judicial y, para muchos, emblema de la impunidad, repercuten en un maremágnum que aflige al Poder Ejecutivo perseguido por el juez federal porteño Claudio Bonadio; las arcas raquíticas; un pico alarmante de inseguridad y los intereses latentes del senador-ex gobernador. En estas horas de debilidades encontradas parece inevitable recurrir a la lucidez de Borges, que un día dijo para siempre que el destino es ciego e implacable con quienes se equivocan.
Lo más popular
