05 Febrero 2016
La contratación pedida por el ministro público Edmundo Jiménez dividió en dos bloques a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Se trata de las mismas fracciones que habían quedado separadas durante la controvertida renovación de autoridades que llevó adelante el alto tribunal a finales del año pasado. En disidencia, Antonio Estofán y René Goane consideraron que la Corte debía conceder la solicitud de Jiménez, quien aspiraba a incorporar a Stevens Esper Esper, técnico de Higiene y Seguridad Laboral, al Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Esos contrato y posición no prosperaron por oposición de la mayoría que integran Antonio Gandur (presidente), Claudia Sbdar y Daniel Posse (ver texto relacionado).
En el voto que rubricaron juntos, Estofán y Goane coincidieron con sus pares en que la Corte tenía la decisión final sobre las cuestiones de personal del Poder Judicial de Tucumán, incluido el Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Sin embargo, la minoría entendió procedente aprobar el ingreso del técnico Esper Esper por el plazo estipulado.
“La función de superintendencia, que comprende la de nombrar y remover al personal, es propia e inherente a los tribunales superiores o cortes de justicia en el ejercicio del gobierno y la administración del Poder Judicial”, dijeron Goane y Estofán en el voto incluido en la Acordada 1.431/15, del 23 de diciembre. Los disidentes especificaron que esta tesitura estaba de acuerdo con lo que la Corte había resuelto el 21 de abril de 2015. En esa ocasión y por unanimidad, el cuerpo rechazó el planteo que había articulado Jiménez contra la decisión del presidente Gandur de auditar expedientes objetados en la Fiscalía N°10 de esta capital entonces a cargo de Guillermo Herrera (renunció en septiembre). Según el jefe de los fiscales y de los defensores oficiales, el titular del alto tribunal se había excedido al ordenar la auditoría a partir de la denuncia presentada por el Colegio de Abogados de la Capital. La Acordada 353/15 en cuestión ratificó la actuación de Gandur y recordó que el artículo 121 de la Constitución de Tucumán coloca la superintendencia de la administración de justicia en cabeza de la Corte, que tiene el deber de ejercer sus poderes implícitos por tratarse de la responsable máxima del correcto accionar de la función judicial del Estado.
Pese a estas consideraciones, Goane y Estofán entendieron que Jiménez podía iniciar, proponer y gestionar la incorporación de personal del Ministerio Público, siempre y cuando estos expedientes fuesen sometidos a la consideración y a la aprobación de la Corte Suprema. La minoría opinó que, observado este requisito, había que autorizar la contratación de Esper Esper.
Fracturados
La denegación de la contratación solicitada por el jefe de los fiscales y de los defensores oficiales tuvo lugar un mes después de la renovación de autoridades que fracturó a la Corte. A partir de entonces, Goane y Estofán sostienen que sus pares violaron la ley al elegir a Sbdar como vocal decana (interpretan que sólo puede ejercer dicha función el integrante de mayor edad -Gandur- o antigüedad -Goane-).
Pero mientras la minoría preparaba la vía administrativa para someter el caso a la Justicia, Sbdar presentó la renuncia indeclinable a la vicepresidencia. La dimisión fue rechazada por Gandur y aún circula por las diferentes vocalías. En el presente, un sector considera que Sbdar sigue siendo la número dos de Tribunales mientras que otro afirma que la Corte debe celebrar una nueva votación para elegir al vocal decano.
En el voto que rubricaron juntos, Estofán y Goane coincidieron con sus pares en que la Corte tenía la decisión final sobre las cuestiones de personal del Poder Judicial de Tucumán, incluido el Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Sin embargo, la minoría entendió procedente aprobar el ingreso del técnico Esper Esper por el plazo estipulado.
“La función de superintendencia, que comprende la de nombrar y remover al personal, es propia e inherente a los tribunales superiores o cortes de justicia en el ejercicio del gobierno y la administración del Poder Judicial”, dijeron Goane y Estofán en el voto incluido en la Acordada 1.431/15, del 23 de diciembre. Los disidentes especificaron que esta tesitura estaba de acuerdo con lo que la Corte había resuelto el 21 de abril de 2015. En esa ocasión y por unanimidad, el cuerpo rechazó el planteo que había articulado Jiménez contra la decisión del presidente Gandur de auditar expedientes objetados en la Fiscalía N°10 de esta capital entonces a cargo de Guillermo Herrera (renunció en septiembre). Según el jefe de los fiscales y de los defensores oficiales, el titular del alto tribunal se había excedido al ordenar la auditoría a partir de la denuncia presentada por el Colegio de Abogados de la Capital. La Acordada 353/15 en cuestión ratificó la actuación de Gandur y recordó que el artículo 121 de la Constitución de Tucumán coloca la superintendencia de la administración de justicia en cabeza de la Corte, que tiene el deber de ejercer sus poderes implícitos por tratarse de la responsable máxima del correcto accionar de la función judicial del Estado.
Pese a estas consideraciones, Goane y Estofán entendieron que Jiménez podía iniciar, proponer y gestionar la incorporación de personal del Ministerio Público, siempre y cuando estos expedientes fuesen sometidos a la consideración y a la aprobación de la Corte Suprema. La minoría opinó que, observado este requisito, había que autorizar la contratación de Esper Esper.
Fracturados
La denegación de la contratación solicitada por el jefe de los fiscales y de los defensores oficiales tuvo lugar un mes después de la renovación de autoridades que fracturó a la Corte. A partir de entonces, Goane y Estofán sostienen que sus pares violaron la ley al elegir a Sbdar como vocal decana (interpretan que sólo puede ejercer dicha función el integrante de mayor edad -Gandur- o antigüedad -Goane-).
Pero mientras la minoría preparaba la vía administrativa para someter el caso a la Justicia, Sbdar presentó la renuncia indeclinable a la vicepresidencia. La dimisión fue rechazada por Gandur y aún circula por las diferentes vocalías. En el presente, un sector considera que Sbdar sigue siendo la número dos de Tribunales mientras que otro afirma que la Corte debe celebrar una nueva votación para elegir al vocal decano.
Lo más popular
