03 Enero 2016
SALTA.- El fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y su par a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, solicitaron que se investigue si el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, habilitaba cupos para comercializar en la frontera a cambio de dinero o dádivas.
Así se publicó ayer en el sitio oficial Fiscales.gob, donde se detalla que la presentación de los representantes del Ministerio Público se basa en una denuncia formulada en contra de Reynoso por parte del empresario Héctor Navarro, que preside una de las 14 cámaras de comercio de la localidad salteña de Salvador Mazza, ubicada en el límite con Bolivia.
En su denuncia, explicó que años atrás se conformó una Mesa Multisectorial junto a la AFIP, la Dirección General de Rentas y la Municipalidad de Salvador Mazza, con el objetivo de otorgar cupos para la venta de mercadería calificada como de “alto riesgo fiscal” en la zona de tráfico fronterizo.
Se trata de un régimen fiscal especial que rige sobre el ingreso, tránsito y permanencia de mercaderías en las zonas de vigilancia aduanera, y según lo acordado, en forma mensual se otorgan 150 cupos en base a una lista conformada por comerciantes inscriptos.
Navarro denunció que en 2010 se presentó un empresario de origen sirio que, voluntariamente, se autoexcluyó del listado. Los empresarios supieron después que, previo a desvincularse, el comerciante sirio había presentado una acción de amparo en el juzgado a cargo de Reynoso, quien hizo lugar a la medida con el argumento de que el empresario había sido “discriminado por su nacionalidad”, y le permitió el ingreso de camiones en forma ilimitada. (Télam)
Así se publicó ayer en el sitio oficial Fiscales.gob, donde se detalla que la presentación de los representantes del Ministerio Público se basa en una denuncia formulada en contra de Reynoso por parte del empresario Héctor Navarro, que preside una de las 14 cámaras de comercio de la localidad salteña de Salvador Mazza, ubicada en el límite con Bolivia.
En su denuncia, explicó que años atrás se conformó una Mesa Multisectorial junto a la AFIP, la Dirección General de Rentas y la Municipalidad de Salvador Mazza, con el objetivo de otorgar cupos para la venta de mercadería calificada como de “alto riesgo fiscal” en la zona de tráfico fronterizo.
Se trata de un régimen fiscal especial que rige sobre el ingreso, tránsito y permanencia de mercaderías en las zonas de vigilancia aduanera, y según lo acordado, en forma mensual se otorgan 150 cupos en base a una lista conformada por comerciantes inscriptos.
Navarro denunció que en 2010 se presentó un empresario de origen sirio que, voluntariamente, se autoexcluyó del listado. Los empresarios supieron después que, previo a desvincularse, el comerciante sirio había presentado una acción de amparo en el juzgado a cargo de Reynoso, quien hizo lugar a la medida con el argumento de que el empresario había sido “discriminado por su nacionalidad”, y le permitió el ingreso de camiones en forma ilimitada. (Télam)
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