Por LA GACETA
07 Diciembre 2015
La postal se repite desde hace varios años: comisarías colmadas de presos que viven en el hacinamiento, edificios en mal estado, un sistema carcelario que no cumple con sus objetivos principales: reeducar y resocializar. Cada tanto, cuando sucede la muerte de uno o más reclusos o algún incendio provocado en una seccional, la realidad vuelve a salir de su letargo con escasos cambios.
A fines de la semana que concluyó, autoridades de la Justicia, del Poder Ejecutivo y un legislador se reunieron, luego de un hábeas corpus interpuesto por dos fiscales de Instrucción, tras el incendio que se produjo en la Brigada Norte, en el que murieron dos presos, ocurrido a fines de junio pasado.
Una fiscala afirmó: “en la actualidad, el 10% de la población carcelaria, que tiene un total de 1.100 personas, no está trabajando y ese es un tema muy preocupante. El no darles trabajo también atenta contra la dignidad humana”.
En la reunión, surgió la idea de que se reabrieran los talleres y que se le diera participación al Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual. “El tema no se agota con el hecho de alojarlos, sino que también hay que darles trabajo. La idea es que traten de ocupar su tiempo de la manera más adecuada”, dijo un fiscal. El ministro de Gobierno propuso celebrar convenios con empresas privadas para que los presos puedan salir a trabajar o presten servicios comunitarios. “Sabemos que el tiempo de ocio los lleva a pensar en cómo pueden fugarse, o si pueden o no drogarse. Esa es la realidad”, sostuvo.
Por otro lado, los dos fiscales de Instrucción, que habían solicitado anteriormente que no hubiese reclusos en tres comisarías (Yerba Buena, Marti Coll y seccional 11ª), pidieron que se hiciera lo mismo con las seccionales 5ª y 10ª, que se hallan en pésimas condiciones para hospedar delincuentes. Estos deberían ser trasladados la cárcel de Villa Urquiza, pero esta carece de espacio. La nueva alcaidía que se está construyendo en el penal sería inaugurada dentro de ocho meses, tendrá una capacidad para 192 presos, según anunció el ministro de Gobierno.
Una persona que delinque, viola o mata, tiene problemas psicológicos serios que le impiden su adaptación social. La pérdida de la libertad es uno de los castigos más terribles que puede padecer un ser humano. Se supone que durante el período de encierro que dure la expiación, el recluso será ayudado en lo que a salud mental se refiere para luego readaptarse en la sociedad. En marzo de 2010, el fiscal general ante los Tribunales Orales Penales de la Capital Federal dijo en nuestra ciudad que en la Argentina, la mayoría de los abusadores sexuales de niños y adolescentes sale de la cárcel, tras cumplir su condena, sin haber recibido un tratamiento psicológico que procure evitar la reincidencia.
Si sólo 107 de los 1.152 reclusos trabajan en talleres, si no se los incentiva u obliga a todos a que concluyan sus estudios, a trabajar y a practicar deportes, si no reciben tratamiento psicológico sostenido durante su condena, difícilmente puedan reinsertarse en la sociedad sin volver a reincidir en el delito. Para reformular el sistema carcelario se necesita un debate serio entre los poderes del Estado, las áreas de salud, educación, las universidades y las instituciones civiles.
Si los presos siguen perfeccionando en el penal su capacidad delictiva, significa que el actual sistema es inservible.
A fines de la semana que concluyó, autoridades de la Justicia, del Poder Ejecutivo y un legislador se reunieron, luego de un hábeas corpus interpuesto por dos fiscales de Instrucción, tras el incendio que se produjo en la Brigada Norte, en el que murieron dos presos, ocurrido a fines de junio pasado.
Una fiscala afirmó: “en la actualidad, el 10% de la población carcelaria, que tiene un total de 1.100 personas, no está trabajando y ese es un tema muy preocupante. El no darles trabajo también atenta contra la dignidad humana”.
En la reunión, surgió la idea de que se reabrieran los talleres y que se le diera participación al Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual. “El tema no se agota con el hecho de alojarlos, sino que también hay que darles trabajo. La idea es que traten de ocupar su tiempo de la manera más adecuada”, dijo un fiscal. El ministro de Gobierno propuso celebrar convenios con empresas privadas para que los presos puedan salir a trabajar o presten servicios comunitarios. “Sabemos que el tiempo de ocio los lleva a pensar en cómo pueden fugarse, o si pueden o no drogarse. Esa es la realidad”, sostuvo.
Por otro lado, los dos fiscales de Instrucción, que habían solicitado anteriormente que no hubiese reclusos en tres comisarías (Yerba Buena, Marti Coll y seccional 11ª), pidieron que se hiciera lo mismo con las seccionales 5ª y 10ª, que se hallan en pésimas condiciones para hospedar delincuentes. Estos deberían ser trasladados la cárcel de Villa Urquiza, pero esta carece de espacio. La nueva alcaidía que se está construyendo en el penal sería inaugurada dentro de ocho meses, tendrá una capacidad para 192 presos, según anunció el ministro de Gobierno.
Una persona que delinque, viola o mata, tiene problemas psicológicos serios que le impiden su adaptación social. La pérdida de la libertad es uno de los castigos más terribles que puede padecer un ser humano. Se supone que durante el período de encierro que dure la expiación, el recluso será ayudado en lo que a salud mental se refiere para luego readaptarse en la sociedad. En marzo de 2010, el fiscal general ante los Tribunales Orales Penales de la Capital Federal dijo en nuestra ciudad que en la Argentina, la mayoría de los abusadores sexuales de niños y adolescentes sale de la cárcel, tras cumplir su condena, sin haber recibido un tratamiento psicológico que procure evitar la reincidencia.
Si sólo 107 de los 1.152 reclusos trabajan en talleres, si no se los incentiva u obliga a todos a que concluyan sus estudios, a trabajar y a practicar deportes, si no reciben tratamiento psicológico sostenido durante su condena, difícilmente puedan reinsertarse en la sociedad sin volver a reincidir en el delito. Para reformular el sistema carcelario se necesita un debate serio entre los poderes del Estado, las áreas de salud, educación, las universidades y las instituciones civiles.
Si los presos siguen perfeccionando en el penal su capacidad delictiva, significa que el actual sistema es inservible.
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