25 Noviembre 2015
Hoy no será un día más en los tribunales federales. Comenzarán a ser juzgadas siete personas que están acusadas de dirigir una red de trata de personas que funcionaban en dos viejos prostíbulos de nuestra ciudad.
La causa se inició el 30 de mayo de 2013, luego de que la Fundación María de los Ángeles acusó a Mercedes Medina y a Ernesto Robles de dirigir una organización de trata con fines de explotación sexual. Por pedido del fiscal Federal Carlos Brito, el juez Daniel Bejas ordenó a Gendarmería que realizara investigaciones reservadas.
El trabajo que realizó la fuerza terminó en una serie de allanamientos en los prostíbulos California (ubicado en Marco Avellaneda al 600) y Night Club (de Pasaje Sargento Gómez 50 de la zona de la ex Termninal).
Allí, además de los acusados, se detuvo a los señalados y a Susana Figueroa, Eduardo Loto, María Rosa Juárez, Iván Frías y Juan Sarmiento que fueron acusados de participar en la organización
“Esta red criminal actuaba organizadamente con el fin de captar, trasladar, acoger y explotar sexualmente mujeres en estos dos sitios sórdidos e históricos de San Miguel de Tucumán. Obtenían con ello importantes ganancias mientras sometían a las víctimas a la prostitución empleando violencia e intimidación sobre ellas y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad”, se puede leer en la acusación que realizó la Justicia al solicitar la elevación a juicio de la causa .
Testimonios
Durante la investigación prestaron declaración en calidad de víctimas dos mujeres cuya identidad se encuentra reservada junto a otros testigos que reforzaron la posición acusatoria.
Una de las testigos contó que en una oportunidad Robles la llevó a Catamarca, a un prostíbulo llamado Moroco, de donde “traían y llevaban mujeres”. También declaró que los viajes incluían otros destinos: Salta y La Rioja.
Mencionó entonces que en el taller Robles habría alojado a los explotadores de Marita Verón: José “El Chenga” Gómez, y su madre, Lidia “Mamá Lili” Medina (fallecida antes de conocer la sentencia por el secuestro de la joven desaparecida desde 2002).
Una de estas mujeres, identificada con letras y números para preservar su identidad, contó que “Mercedes les pegaba con un látigo” y les daba cachetadas o les pegaba “con una llave en la frente”. O mandaba a Frías, uno de sus sobrinos, también imputado en la causa, a pegarles cuando tenía salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, donde cumplía una condena por otros delitos.
“Será un juicio tranquilo porque durante la audiencia quedará demostrada que esta causa prosperó porque se trató de una denuncia realizada por la Fundación. En toda la causa no existen elementos necesarios para demostrar que existió una red de trata de personas”, destacó Carlos Posse, defensor de Medina y Flores.
Los representantes legales de la Fundación María de los Ángeles sostienen que en la audiencia quedará demostrado que la organización “conformaba una estructura que funcionaba conforme a un plan previo, eficientemente armado y aceitado, que tenía como fin lograr el funcionamiento de los prostíbulos”.
El tribunal estará integrado por María Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla. El fiscal será Pablo Camuña, asistido por la oficina local de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) representada por Daniel Weisemberg.
La causa se inició el 30 de mayo de 2013, luego de que la Fundación María de los Ángeles acusó a Mercedes Medina y a Ernesto Robles de dirigir una organización de trata con fines de explotación sexual. Por pedido del fiscal Federal Carlos Brito, el juez Daniel Bejas ordenó a Gendarmería que realizara investigaciones reservadas.
El trabajo que realizó la fuerza terminó en una serie de allanamientos en los prostíbulos California (ubicado en Marco Avellaneda al 600) y Night Club (de Pasaje Sargento Gómez 50 de la zona de la ex Termninal).
Allí, además de los acusados, se detuvo a los señalados y a Susana Figueroa, Eduardo Loto, María Rosa Juárez, Iván Frías y Juan Sarmiento que fueron acusados de participar en la organización
“Esta red criminal actuaba organizadamente con el fin de captar, trasladar, acoger y explotar sexualmente mujeres en estos dos sitios sórdidos e históricos de San Miguel de Tucumán. Obtenían con ello importantes ganancias mientras sometían a las víctimas a la prostitución empleando violencia e intimidación sobre ellas y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad”, se puede leer en la acusación que realizó la Justicia al solicitar la elevación a juicio de la causa .
Testimonios
Durante la investigación prestaron declaración en calidad de víctimas dos mujeres cuya identidad se encuentra reservada junto a otros testigos que reforzaron la posición acusatoria.
Una de las testigos contó que en una oportunidad Robles la llevó a Catamarca, a un prostíbulo llamado Moroco, de donde “traían y llevaban mujeres”. También declaró que los viajes incluían otros destinos: Salta y La Rioja.
Mencionó entonces que en el taller Robles habría alojado a los explotadores de Marita Verón: José “El Chenga” Gómez, y su madre, Lidia “Mamá Lili” Medina (fallecida antes de conocer la sentencia por el secuestro de la joven desaparecida desde 2002).
Una de estas mujeres, identificada con letras y números para preservar su identidad, contó que “Mercedes les pegaba con un látigo” y les daba cachetadas o les pegaba “con una llave en la frente”. O mandaba a Frías, uno de sus sobrinos, también imputado en la causa, a pegarles cuando tenía salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, donde cumplía una condena por otros delitos.
“Será un juicio tranquilo porque durante la audiencia quedará demostrada que esta causa prosperó porque se trató de una denuncia realizada por la Fundación. En toda la causa no existen elementos necesarios para demostrar que existió una red de trata de personas”, destacó Carlos Posse, defensor de Medina y Flores.
Los representantes legales de la Fundación María de los Ángeles sostienen que en la audiencia quedará demostrado que la organización “conformaba una estructura que funcionaba conforme a un plan previo, eficientemente armado y aceitado, que tenía como fin lograr el funcionamiento de los prostíbulos”.
El tribunal estará integrado por María Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla. El fiscal será Pablo Camuña, asistido por la oficina local de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) representada por Daniel Weisemberg.
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