Por Roberto Delgado
24 Octubre 2015
La guerra en la obra social de la UNT está desatada. El Consejo Superior removió al presidente de Asunt, Pedro Rollán, a causa del extremo deterioro en la prestación de salud y de las finanzas de la institución, que según el síndico auditor Raúl Tracanna se encuentra “al borde de la disolución”. El removido titular de la entidad replicó que se trata de un proceso de “estricto tinte inquisitorial” y repartió culpas a todo el mundo por la crisis. Por ahora, en la dirección de Asunt se halla el vicepresente, Francisco Paolantonio, y el Consejo Superior le encargó al consejo de la obra social que elija autoridades y organice un plan para enfrentar la crisis.
¿Con esto se saldrá del problema? La institución que desde hace cinco décadas brinda salud a los integrantes de la UNT y sus familias (unas 28.000 personas) está desde hace varias semanas con suspensión de servicios médicos, odontológicos y de anestesistas, con soluciones parciales pero zozobra constante, reflejada en las protestas del sindicato Adiunt. Este reclama que se vayan todos, elecciones “democráticas” de un nuevo consejo directivo (ahora el sistema es mixto) y saneamiento de la institución. Otros han pedido intervención. Como respuesta a la caída en pendiente -que viene generando inquietud desde junio- la semana anterior el consejo de Asunt le había pedido la remoción de su presidente.
En la sesión del Consejo Superior del miércoles pasado se dieron a conocer el descargo de Rollán, el análisis que hizo el director de Asuntos Jurídicos de ese texto y del informe del síndico auditor y una nómina del personal de la obra social, cuya cantidad se estima en 240 empleados. Aunque en una reunión de la semana anterior el consejero no docente Ángel “Zurdo” Morales (titular del gremio de no docentes), había dicho que son 280. La sesión del miércoles fue secreta, con el argumento de que el tema de la remoción de un funcionario era muy delicado, al decir del consejero docente Jorge Molina, y porque “la situación ha sido muy vapuleada por los medios de comunicación, y eso afecta la instituicionalidad”, según dijo la decana de Artes, Raquel Pastor. El consejero Ricardo Cisneros (graduados) replicó que “debemos un debate abierto al conjunto de la comunidad universitaria” y pidió sesión pública, pero se impuso el criterio del “secretismo”. Y de allí salío la remoción de Rollán.
Este se defendió con virulencia en su descargo. Dijo que en los últimos tiempos le habían pedido la renuncia de palabra -”con total desparpajo”- el secretario de Políticas y Comunicación Institucional, José Hugo Saab, la rectora Alicia Bardón y varios integrantes del consejo directivo de Asunt, entre ellos el mismo Paolantonio. Negó validez al informe del síndico -dijo que el mismo Tracanna había hecho dos informes este año por la situación de la obra social, diferentes al de ahora, que sólo fue entregado a la rectora-, y añadió que el problema del déficit de Asunt fue planteado anteriormente y que las memorias y balances de 2012 y 2013 fueron aprobados por el Consejo Superior de la UNT (el de 2014 fue presentado pero pasó a comisión). Derivó culpas al consejo directivo de Asunt. Les dijo a los consejeros que faltan a las sesiones y anticipó su decisión de permanecer en el cargo, porque -afirmó- “no están dadas las causales de remoción”. El director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, sentenció, analizando ese descargo, que el procedimiento para la remoción ha sido correcto y que Rollán, en vez de descalificar el informe del síndico, debía “adoptar medidas efectivas para superar la emergencia”, así como remarcó que es inexcusable la responsabilidad del titular de la obra social en el manejo y atención de la crisis.
No se sabe a dónde va la UNT con este conflicto. Hay enojo con Rollán, elegido a instancias del ex rector Juan Alberto Cerisola en 2012 (se dice que comparten la misma abogada, Silvia Peyracchia, que defiende a Cerisola en las causas por irregularidades con los fondos de YMAD) pero hay indecisión entre los universitarios sobre algunas de las medidas tomadas entre Rollán y el Rectorado, como la designación del contador Mauro Feldman como asesor a cargo de la Gerencia General de Asunt sin que haya dejado su cargo en la presidencia de Canal 10.
Tampoco se ha discutido la responsabilidad en los nombramientos de personal desde 2012 -unos 70 empleados, entre los cuales se mencionan apellidos como el de Cerisola- y qué hacer con sus sueldos, que son elevados en comparación con los de los docentes. En su descargo, el removido presidente dijo que desde 2008 se equiparó el escalafón del personal con el de los no docentes y que en el reencasillamiento se dispuso que fueran distribuidos entre las categorías 2 y 5 (la escala va de 1 a 7). Añadió que él le pidió en abril a la rectora y a la Secretaría de Políticas Universitarias que esos sueldos fueran pagados por la UNT, no por la obra social, sin respuesta hasta ahora.
En los balances de los últimos tres años (en: http://www.asunt.org.ar/nota.php?idCont=53) se menciona que una causante de la crisis es la fuga de afiliados autorizada por el Consejo Superior en 2006. En el último balance dice que se fueron 1.805, en su mayoría a Osfatun, la obra social de los no docentes (del “Zurdo” Morales), que por su condición sindical puede gozar de subsidios del Gobierno nacional para prestaciones caras de alta complejidad. ¿Hay una intención no declarada de beneficiar al sindicato del “Zurdo”? Rollán lo sugiere: “este año fuimos testigos de la inauguración de un centro médico de la obra social sindical de Osfatun dentro de las localizaciones de nuestra propia Universidad, lugar donde la única obra social debería ser Asunt”, dice.
En el dictamen de González Navarro se mencionan varias desviaciones de Rollán a su responsabilidad, como la explicación de no haber hecho lugar a un pesido de sesión del consejo, no haber realizado una auditoría de la obra social y haber permitido un deterioro tal que se llega al borde de la disolución, como había dicho el síndico auditor.
Ahora bien, la salida que plantea del Consejo Superior deja varias dudas: se patea hacia adelante. Y el directorio de la entidad, la mayoría del cual entró con Rollán, ha participado por acción u omisión de lo que ha pasado. A ese mismo directorio se le encargó armar un plan de crisis en 15 días. Mientras tanto, sigue el drama de las prestaciones. En el informe de la UNT sobre la sesión del miércoles no se dice ni una palabra al respecto.
¿Se va hacia la disolución de la obra social por inviable? Fríamente, Rollán dice que la UNT se hará cargo del problema y también pone de manifiesto como otra causal los bajos sueldos de los docentes de la Universidad. Lo cual también reclama el sindicato Adiunt, siempre embretado en la paritaria que se hace a nivel nacional, que año a año frustra a los docentes de Tucumán, y de la cual las autoridades de la UNT no se hacen cargo.
Arrastrar los problemas no ha llevado a soluciones en la UNT. Dos denuncias por irregularidades con el dinero de Asunt llevan una década de arrastre en la Justicia Federal. Una es una acusación de fraude, con perjuicio de $ 305.000, entre mayo de 1999 y septiembre de 2001. Varios empleados imputados fueron sobreseidos por prescripción y sólo queda acusado el ex tesorero Raúl Figueroa, a la espera de juicio oral. Otra causa por un faltante de $ 1,7 millón, de 2006, contra Carlos Fiorito y otras seis personas que fueron procesadas en 2013 y a las que la Cámara de Apelaciones les concedió el sobreseimiento por prescripción, también está al borde. El fiscal General Antonio Gómez pidió que intervenga la Cámara Nacional de Casación penal, como último recurso contra el envejecimiento de la pesquisa.
Es decir: esperar que la Justicia resuelva los nidos de irregularidades que dejaron formarse el Consejo Superior y el Rectorado no sirve. Ahora el abogado especialista en denuncias de corrupción Oscar López ha hecho una presentación ante la Justicia por la crisis actual. ¿Irá a juicio dentro de una década? El consejero docente Daniel Yepez dio su sentencia la semana pasada: “acá nunca hay castigo”. Y la Universidad siguió funcionando.
¿Con esto se saldrá del problema? La institución que desde hace cinco décadas brinda salud a los integrantes de la UNT y sus familias (unas 28.000 personas) está desde hace varias semanas con suspensión de servicios médicos, odontológicos y de anestesistas, con soluciones parciales pero zozobra constante, reflejada en las protestas del sindicato Adiunt. Este reclama que se vayan todos, elecciones “democráticas” de un nuevo consejo directivo (ahora el sistema es mixto) y saneamiento de la institución. Otros han pedido intervención. Como respuesta a la caída en pendiente -que viene generando inquietud desde junio- la semana anterior el consejo de Asunt le había pedido la remoción de su presidente.
En la sesión del Consejo Superior del miércoles pasado se dieron a conocer el descargo de Rollán, el análisis que hizo el director de Asuntos Jurídicos de ese texto y del informe del síndico auditor y una nómina del personal de la obra social, cuya cantidad se estima en 240 empleados. Aunque en una reunión de la semana anterior el consejero no docente Ángel “Zurdo” Morales (titular del gremio de no docentes), había dicho que son 280. La sesión del miércoles fue secreta, con el argumento de que el tema de la remoción de un funcionario era muy delicado, al decir del consejero docente Jorge Molina, y porque “la situación ha sido muy vapuleada por los medios de comunicación, y eso afecta la instituicionalidad”, según dijo la decana de Artes, Raquel Pastor. El consejero Ricardo Cisneros (graduados) replicó que “debemos un debate abierto al conjunto de la comunidad universitaria” y pidió sesión pública, pero se impuso el criterio del “secretismo”. Y de allí salío la remoción de Rollán.
Este se defendió con virulencia en su descargo. Dijo que en los últimos tiempos le habían pedido la renuncia de palabra -”con total desparpajo”- el secretario de Políticas y Comunicación Institucional, José Hugo Saab, la rectora Alicia Bardón y varios integrantes del consejo directivo de Asunt, entre ellos el mismo Paolantonio. Negó validez al informe del síndico -dijo que el mismo Tracanna había hecho dos informes este año por la situación de la obra social, diferentes al de ahora, que sólo fue entregado a la rectora-, y añadió que el problema del déficit de Asunt fue planteado anteriormente y que las memorias y balances de 2012 y 2013 fueron aprobados por el Consejo Superior de la UNT (el de 2014 fue presentado pero pasó a comisión). Derivó culpas al consejo directivo de Asunt. Les dijo a los consejeros que faltan a las sesiones y anticipó su decisión de permanecer en el cargo, porque -afirmó- “no están dadas las causales de remoción”. El director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, sentenció, analizando ese descargo, que el procedimiento para la remoción ha sido correcto y que Rollán, en vez de descalificar el informe del síndico, debía “adoptar medidas efectivas para superar la emergencia”, así como remarcó que es inexcusable la responsabilidad del titular de la obra social en el manejo y atención de la crisis.
No se sabe a dónde va la UNT con este conflicto. Hay enojo con Rollán, elegido a instancias del ex rector Juan Alberto Cerisola en 2012 (se dice que comparten la misma abogada, Silvia Peyracchia, que defiende a Cerisola en las causas por irregularidades con los fondos de YMAD) pero hay indecisión entre los universitarios sobre algunas de las medidas tomadas entre Rollán y el Rectorado, como la designación del contador Mauro Feldman como asesor a cargo de la Gerencia General de Asunt sin que haya dejado su cargo en la presidencia de Canal 10.
Tampoco se ha discutido la responsabilidad en los nombramientos de personal desde 2012 -unos 70 empleados, entre los cuales se mencionan apellidos como el de Cerisola- y qué hacer con sus sueldos, que son elevados en comparación con los de los docentes. En su descargo, el removido presidente dijo que desde 2008 se equiparó el escalafón del personal con el de los no docentes y que en el reencasillamiento se dispuso que fueran distribuidos entre las categorías 2 y 5 (la escala va de 1 a 7). Añadió que él le pidió en abril a la rectora y a la Secretaría de Políticas Universitarias que esos sueldos fueran pagados por la UNT, no por la obra social, sin respuesta hasta ahora.
En los balances de los últimos tres años (en: http://www.asunt.org.ar/nota.php?idCont=53) se menciona que una causante de la crisis es la fuga de afiliados autorizada por el Consejo Superior en 2006. En el último balance dice que se fueron 1.805, en su mayoría a Osfatun, la obra social de los no docentes (del “Zurdo” Morales), que por su condición sindical puede gozar de subsidios del Gobierno nacional para prestaciones caras de alta complejidad. ¿Hay una intención no declarada de beneficiar al sindicato del “Zurdo”? Rollán lo sugiere: “este año fuimos testigos de la inauguración de un centro médico de la obra social sindical de Osfatun dentro de las localizaciones de nuestra propia Universidad, lugar donde la única obra social debería ser Asunt”, dice.
En el dictamen de González Navarro se mencionan varias desviaciones de Rollán a su responsabilidad, como la explicación de no haber hecho lugar a un pesido de sesión del consejo, no haber realizado una auditoría de la obra social y haber permitido un deterioro tal que se llega al borde de la disolución, como había dicho el síndico auditor.
Ahora bien, la salida que plantea del Consejo Superior deja varias dudas: se patea hacia adelante. Y el directorio de la entidad, la mayoría del cual entró con Rollán, ha participado por acción u omisión de lo que ha pasado. A ese mismo directorio se le encargó armar un plan de crisis en 15 días. Mientras tanto, sigue el drama de las prestaciones. En el informe de la UNT sobre la sesión del miércoles no se dice ni una palabra al respecto.
¿Se va hacia la disolución de la obra social por inviable? Fríamente, Rollán dice que la UNT se hará cargo del problema y también pone de manifiesto como otra causal los bajos sueldos de los docentes de la Universidad. Lo cual también reclama el sindicato Adiunt, siempre embretado en la paritaria que se hace a nivel nacional, que año a año frustra a los docentes de Tucumán, y de la cual las autoridades de la UNT no se hacen cargo.
Arrastrar los problemas no ha llevado a soluciones en la UNT. Dos denuncias por irregularidades con el dinero de Asunt llevan una década de arrastre en la Justicia Federal. Una es una acusación de fraude, con perjuicio de $ 305.000, entre mayo de 1999 y septiembre de 2001. Varios empleados imputados fueron sobreseidos por prescripción y sólo queda acusado el ex tesorero Raúl Figueroa, a la espera de juicio oral. Otra causa por un faltante de $ 1,7 millón, de 2006, contra Carlos Fiorito y otras seis personas que fueron procesadas en 2013 y a las que la Cámara de Apelaciones les concedió el sobreseimiento por prescripción, también está al borde. El fiscal General Antonio Gómez pidió que intervenga la Cámara Nacional de Casación penal, como último recurso contra el envejecimiento de la pesquisa.
Es decir: esperar que la Justicia resuelva los nidos de irregularidades que dejaron formarse el Consejo Superior y el Rectorado no sirve. Ahora el abogado especialista en denuncias de corrupción Oscar López ha hecho una presentación ante la Justicia por la crisis actual. ¿Irá a juicio dentro de una década? El consejero docente Daniel Yepez dio su sentencia la semana pasada: “acá nunca hay castigo”. Y la Universidad siguió funcionando.
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