07 Octubre 2015
DESTROZOS. En San Pablo, pese a los desmanes, no hubo imputados. la gaceta / foto de diego aráoz
Los incidentes acontecidos en tres comunas rurales durante los comicios del 23 de agosto no pasarán inadvertidos para seis candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición. Ocurre que, ayer, la Junta Electoral Provincial (JEP) resolvió darles de baja y notificar a los partidos políticos involucrados para que procedan a reemplazarlos, si es que pretenden participar de los comicios complementarios convocados para el 8 de noviembre.
El miércoles 23 de septiembre, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a nuevas elecciones en las localidades donde, por distintos hechos de violencia -que hasta desencadenaron la quema de urnas-, se vieron afectadas 46 mesas. Puntualmente, se llamó a comicios complementarios en las comunas de Los Ralos, San Pablo y Villa Nougués, San Ignacio, y Sargento Moya, aunque sólo en la categoría de comisionado comunal. En Los Ralos, los incidentes derivaron en la detención del militante del Partido Obrero José Kobak, que estuvo detenido por ocho días en la Brigada Este. En San Pablo fue uno de los lugares donde los incidentes fueron más violentos, con agresiones y ataques contra efectivos de Gendarmería.
A partir de ese decreto, la Junta Electoral Provincial solicitó informes a la Justicia para conocer las causas penales abiertas en las localidades en las que se produjeron desmanes. “De esas actuaciones judiciales y de conformidad a los informes expedidos por las Fiscalías de Instrucción, se ha logrado determinar que entre los involucrados de los referidos hechos de violencia (quemas de urnas de votación, entre otras conductas reprochables) se encuentran identificados distintos candidatos oficializados y que fueron imputados en el marco de esas causas a raíz de que habrían incurrido en delitos penales, sin perjuicio de resaltar que, con sus conductas, afectaron gravemente el normal desarrollo de los comicios, correspondiendo aclarar que esos hechos fueron los que provocaron la nulidad de las respectivas elecciones y mesas de votación en las comunas rurales de San Pablo y Villa Nougués, San Ignacio, Sargento Moya y Los Ralos”, sostiene la resolución N° 990 de la JEP.
Y detalla los nombres de los postulantes involucrados: en Los Ralos, Kobak (Frente de Izquierda), Hernán Ariel Marinucci (Partido de los Trabajadores) y Walter Ezequiel Paz (Crecer para la Victoria); en San Ignacion, José Carmelo Armenta (Frente para la Victoria) y Pedro Ignacio Moreno (suplente del FpV); y en Sargento Moya, Hugo Adolfo Alarcón (Acuerdo para el Bicentenario). En el caso de San Pablo, en cambio, no hay ningún imputado.
“Los hechos de violencia alteraron el normal desarrollo del proceso electoral dañando los cimientos sobre los cuales debe asentarse el sistema democrático, por ello no parece justo que quienes fueron candidatos y se encuentran seriamente involucrados en las causas penales originadas para determinar las responsabilidades penales por esos hechos, puedan verse beneficiados por sus propias acciones reprochables, permitiéndoseles participar nuevamente de las mismas elecciones contra las que atentaron”, añadieron Antonio Gandur (presidente) y Ana María Rosa Paz (vocal).
Tras la resolución de la Junta Electoral, los partidos políticos involucrados tendrán cinco días para reemplazar a los candidatos suspendidos. Además, la JEP dejó a criterio de cada agrupación la decisión sobre qué mecanismo utilizar para cubrir esas vacantes.
El miércoles 23 de septiembre, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a nuevas elecciones en las localidades donde, por distintos hechos de violencia -que hasta desencadenaron la quema de urnas-, se vieron afectadas 46 mesas. Puntualmente, se llamó a comicios complementarios en las comunas de Los Ralos, San Pablo y Villa Nougués, San Ignacio, y Sargento Moya, aunque sólo en la categoría de comisionado comunal. En Los Ralos, los incidentes derivaron en la detención del militante del Partido Obrero José Kobak, que estuvo detenido por ocho días en la Brigada Este. En San Pablo fue uno de los lugares donde los incidentes fueron más violentos, con agresiones y ataques contra efectivos de Gendarmería.
A partir de ese decreto, la Junta Electoral Provincial solicitó informes a la Justicia para conocer las causas penales abiertas en las localidades en las que se produjeron desmanes. “De esas actuaciones judiciales y de conformidad a los informes expedidos por las Fiscalías de Instrucción, se ha logrado determinar que entre los involucrados de los referidos hechos de violencia (quemas de urnas de votación, entre otras conductas reprochables) se encuentran identificados distintos candidatos oficializados y que fueron imputados en el marco de esas causas a raíz de que habrían incurrido en delitos penales, sin perjuicio de resaltar que, con sus conductas, afectaron gravemente el normal desarrollo de los comicios, correspondiendo aclarar que esos hechos fueron los que provocaron la nulidad de las respectivas elecciones y mesas de votación en las comunas rurales de San Pablo y Villa Nougués, San Ignacio, Sargento Moya y Los Ralos”, sostiene la resolución N° 990 de la JEP.
Y detalla los nombres de los postulantes involucrados: en Los Ralos, Kobak (Frente de Izquierda), Hernán Ariel Marinucci (Partido de los Trabajadores) y Walter Ezequiel Paz (Crecer para la Victoria); en San Ignacion, José Carmelo Armenta (Frente para la Victoria) y Pedro Ignacio Moreno (suplente del FpV); y en Sargento Moya, Hugo Adolfo Alarcón (Acuerdo para el Bicentenario). En el caso de San Pablo, en cambio, no hay ningún imputado.
“Los hechos de violencia alteraron el normal desarrollo del proceso electoral dañando los cimientos sobre los cuales debe asentarse el sistema democrático, por ello no parece justo que quienes fueron candidatos y se encuentran seriamente involucrados en las causas penales originadas para determinar las responsabilidades penales por esos hechos, puedan verse beneficiados por sus propias acciones reprochables, permitiéndoseles participar nuevamente de las mismas elecciones contra las que atentaron”, añadieron Antonio Gandur (presidente) y Ana María Rosa Paz (vocal).
Tras la resolución de la Junta Electoral, los partidos políticos involucrados tendrán cinco días para reemplazar a los candidatos suspendidos. Además, la JEP dejó a criterio de cada agrupación la decisión sobre qué mecanismo utilizar para cubrir esas vacantes.
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