Por Roberto Delgado
03 Octubre 2015
En los 12 años de gestión de José Alperovich, se duplicó la cantidad de policías -de 4.000 a 8.000- y también se duplicó el promedio de homicidios: pasó de unos 60 asesinatos por año a unos 120. Las cifras muestran el crecimiento de la violencia, que puede interpretarse de manera “oficial” como una especie de correlato del crecimiento de la población; y también puede ser analizado de manera crítica, como una tendencia inquietante, ya que la provincia está entrando en la zona de violencia epidémica, como considera la ONU que se mide el nivel de seguridad/inseguridad en una población cuando hay más de cinco muertos cada 100.000 habitantes. Este es uno de los 10 problemas que le deja José Alperovich a Juan Luis Manzur en una de las cuestiones más complicadas -por su fuerte impacto en la sociedad- para la gestión. Alperovich, que nunca pudo exhibir una política para mejorar las cifras, sólo ha propuesto “que los que delincan vayan presos” y ha repetido que “estamos trabajando”. Manzur, que en su silencio al respecto parece adherir a una especie de “continuidad con cambios”, sólo ha opinado que en materia de seguridad “estamos mejorando”. Veamos.
1) Aumento del índice de homicidios dolosos. El año pasado el Gobierno, que siempre había sostenido que el promedio en Tucumán era de 60 muertos por año, quedó descolocado frente al informe del “Plan integral de monitoreo preventivo de la conflictividad violenta” que había realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: contabilizaron 112 asesinatos en 2013 y eso encendía una luz de alarma. Si bien el entonces vocal de la Corte, Raúl Zaffaroni, mostró el informe (el relevamiento se hizo en varias provincias) como una prueba de que en Argentina hay más tranquilidad que la que sugiere la prensa, fue un indicio del crecimiento de la violencia en la provincia. El informe de este año (correspondiente a los homicidios de 2014) aún no ha sido presentado oficialmente, acaso porque nos encontramos en una época electoral, pese a que hace un mes y medio estaba casi listo. Las fuentes mencionaron que serían 120 las muertes violentas. Muestra una tendencia creciente con respecto al año anterior.
2) El delito callejero. Uno de los dramas argentinos que tiene su correlato en Tucumán: el motoarrebatador reina en las calles y ha generado mil estrategias infructuosas policiales, que incluyeron desde los operativos de control de documentos de motociclistas hasta una curiosa “zona de exclusión” de motos en el centro (idea de hace unos años). Esto ha dado lugar a que las comisarías estén llenas de motos secuestradas a conductores sin papeles pero el delito no ha cesado y ocupa aproximadamente el 30% de las tareas del personal del 911, según contó en agosto 2014 el jefe del área 911, comisario Luis Bacas. El fiscal V, Washington Navarro Dávila, también coincidió ese año en que los casos de arrebato y de violencia de género forman la mayor parte de las tareas a resolver en la fiscalía. Ha sido tan inmanejable este delito que el año pasado se sancionó una ley para dictar prisión preventiva a los arrebatadores atrapados, ley que ha sido inaplicable hasta ahora. Consecuencia: inquietud en los barrios, cuyos habitantes se sienten inseguros y contratan vigilancia privada o alarmas con botones antipánico. O bien salen a golpear a los arrebatadores cuando los capturan.
3) Imparable narcotráfico. Otro problema del país, que sólo ha crecido, tras una década de peleas entre los que buscan endurecer penas y los que quieren que se deje de perseguir a los adictos. A esa disputa se ha agregado la irresuelta cuestión del narcomenudeo, que cunde en las barriadas marginales. La Nación quiere que se haga cargo la Provincia, y el secretario de Seguridad, Paul Hofer, está de acuerdo. Pero hay quienes dicen, como el ministro fiscal Edmundo Jiménez, que si hasta ahora era difícil que se persiga a los verdaderos narcotraficantes (casi siempre se atrapa a “perejiles”, según reconocen los jueces federales), si los casos pasan a la provincia se cortará la cadena: Siempre se atrapará a narcoadictos chicos y los proveedores quedarán libres de problemas.
4) El problema de la ley. La Policía trabaja con una ley Orgánica de hace 50 años, que define su manera de actuar y da pautas de comportamiento. Es vetusta, verticalista, discriminatoria. También trabaja desde siempre con la ley de Contravenciones, que hace cinco años ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema nacional. La Justicia local ha emplazado al Gobierno a que se deje de usar esta ley discriminatoria y que se escapa a las normativas legales que usa el sistema penal. Cuando comenzó a complicarse la situación de inseguridad, a mitad de la década pasada -cuando Alperovich decía que para solucionar el problema de la seguridad había que encerrar a los 400 delincuentes que operaban en las calles- se acentuaron las discrepancias entre una Justicia que quería actuar con el Código Procesal Penal y la Policía que elegía las Contravenciones y se quejaba de que detenía a los ladrones y la Justicia los soltaba. Esas diferencias siguen. La Corte Suprema advirtió hace poco que no había que abusar con la prisión preventiva y por ello la ley contra arrebatadores casi no se aplica. Además, legisladores y expertos no han sabido qué hacer con la ley de Contravenciones, pese a que en la Legislatura se debatieron seis proyectos para cambiarla.
5) Sin decisión sobre la reforma al Código Procesal Penal. El año pasado terminó el estudio para completar el proceso de oralidad en lo penal, iniciado en 1991. Se pretendía acortar plazos procesales e introducir el principio de oportunidad para que no se gaste el sistema en causas menores (se preveían alternativas de solución de conflictos). Alperovich, simplemente, ignoró el tema. Ahí quedó.
6) Fracaso de la teoría “Más policías=más seguridad”. El Gobierno inició una primera etapa (2003-2006) con un ministerio llamado de “seguridad ciudadana”, con la idea de incorporar novedades como la policía comunitaria pero cuando ocurrió el crimen de Paulina Lebbos (nunca resuelto) comenzó a abandonar las novedades y se volcó al modelo más tradicional y represor de Policía. En 2006 se incorporaron 1.000 agentes y ahora los efectivos son 8.000. No obstante, al motoarrebato y a las quejas vecinales por inseguridad -como las que sacudieron el año pasado a Barrio Sur y este año a Concepción y Monteros, se suma la triste cifra de 200 crímenes impunes que cada martes reclaman Alberto Lebbos y los familiares de víctimas.
Además de agentes, el Gobierno ha incorporado vehículos (motos y autos patrulleros), GPS, cámaras de vigilancia y el sistema del 911. Pero la tecnología no ha servido, como tampoco sirvió el anuncio de fines de la década pasada del entonces ministro Mario López Herrera de que se informatizarían las comisarías: los agentes usan sus propias laptops o las viejas máquinas de escribir Lettera 33 u Olivetti.
7) Confusión de prevención con reacción. Con la implementación del 911, el gobierno apuesta a un sistema para dar respuestas a las llamadas de auxilio ante hechos consumados. Lo vende como prevención, pero es reacción. Sería preventivo si se usaran los datos que puede aportar el sistema para identificar y geolocalizar llamadas y hacer un mapa de los lugares calientes (“hotspots”) y diseñar políticas de seguridad. Pero no lo hace. La consecuencia del sistema del 911 ha sido que los agentes se la pasen circulando en los autos sin relacionarse con los vecinos. Las comisarías se han ido vaciando y han quedado despojadas de sentido. La gente ya no puede pedir ayuda allí.
8) Falta de datos. Otra característica nacional que se replica en Tucumán. Así como en 2006 la Nación cambió las reglas del Indec y sembró la incertidumbre en las estadísticas, también en 2009 cambió la política de la Dirección Nacional de Política Criminal, a cargo de Mariano Ciafardini, y minimizó los relevamientos estadísticos de seguridad. Apenas la Corte Suprema ha hecho experimentos sesgados como el índice de homicidios. Aunque el secretario de Seguridad tucumano habla de mapas del delito, no hay elementos claros de relevamiento adecuado de datos. Tampoco se hacen encuestas de victimización. Sin datos, es difícil pensar en el diseño de estrategias preventivas.
9) Policía autónoma, bajo constante sospecha de corrupción. No sólo los casos penales de mezcla de negocios con delitos, como el de los “Sacapresos” mostraron el riesgo de una fuerza librada a su suerte sin control ni diseño político de los funcionarios, sino también la diversificación de sus tareas hacia múltiples actividades generadoras de dinero. Desde el cobro de tasas para riñas de gallos hasta el conflictivo sistema de servicio de vigilancia adicional, en el cual están obligados a trabajar casi todos los agentes. No hay un control concreto, pero los policías están haciendo este servicio en todos los organismos públicos y en comercios, industrias y todo tipo de actividades privadas que muevan algo de dinero. De ahí a la corrupción hay un paso. Se dice que el sistema de los presos en las comisarías -que la Justicia ha exigido, sin éxito, que se termine- también sirve para hacer negocios policiales.
10) Constantes episodios de torturas. El caso del joven golpeado en la Villa Obrera de Tafí Viejo se inscribe en la tradición de una fuerza de seguridad que opera como en la dictadura, a troche y moche, mientras el Gobierno esconde la cabeza en un hoyo sin ocuparse de reglamentar la ley contra la tortura ni de castigar a los efectivos que reprimieron a los manifestantes en la plaza Independencia del 24 de agosto.
Esa Policía que sigue actuando como hace 50 años es la que ha sido denunciada por tapar y encubrir en el caso de Paulina Lebbos, por actuar mal en el caso de Marita Verón, por haber sido complaciente con los prostíbulos, por no saber actuar en los casos de violencia de género, por tener siempre como respuesta sus teorías de la “sábana corta”, del “operativo cerrrojo” y de que “el delincuente no se hace, sino que nace”. Esa Policía inmune a los cambios, con empleados nuevos (la mayoría son jóvenes nacidos en democracia) con un modelo viejo, es la que no ha dado respuesta a la creciente violencia. Manzur no ha dicho qué va a hacer en esta materia. Apenas, que la característica fundamental de su carrera tiene que ver con la planificación. Menudo desafío tiene por delante.
1) Aumento del índice de homicidios dolosos. El año pasado el Gobierno, que siempre había sostenido que el promedio en Tucumán era de 60 muertos por año, quedó descolocado frente al informe del “Plan integral de monitoreo preventivo de la conflictividad violenta” que había realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: contabilizaron 112 asesinatos en 2013 y eso encendía una luz de alarma. Si bien el entonces vocal de la Corte, Raúl Zaffaroni, mostró el informe (el relevamiento se hizo en varias provincias) como una prueba de que en Argentina hay más tranquilidad que la que sugiere la prensa, fue un indicio del crecimiento de la violencia en la provincia. El informe de este año (correspondiente a los homicidios de 2014) aún no ha sido presentado oficialmente, acaso porque nos encontramos en una época electoral, pese a que hace un mes y medio estaba casi listo. Las fuentes mencionaron que serían 120 las muertes violentas. Muestra una tendencia creciente con respecto al año anterior.
2) El delito callejero. Uno de los dramas argentinos que tiene su correlato en Tucumán: el motoarrebatador reina en las calles y ha generado mil estrategias infructuosas policiales, que incluyeron desde los operativos de control de documentos de motociclistas hasta una curiosa “zona de exclusión” de motos en el centro (idea de hace unos años). Esto ha dado lugar a que las comisarías estén llenas de motos secuestradas a conductores sin papeles pero el delito no ha cesado y ocupa aproximadamente el 30% de las tareas del personal del 911, según contó en agosto 2014 el jefe del área 911, comisario Luis Bacas. El fiscal V, Washington Navarro Dávila, también coincidió ese año en que los casos de arrebato y de violencia de género forman la mayor parte de las tareas a resolver en la fiscalía. Ha sido tan inmanejable este delito que el año pasado se sancionó una ley para dictar prisión preventiva a los arrebatadores atrapados, ley que ha sido inaplicable hasta ahora. Consecuencia: inquietud en los barrios, cuyos habitantes se sienten inseguros y contratan vigilancia privada o alarmas con botones antipánico. O bien salen a golpear a los arrebatadores cuando los capturan.
3) Imparable narcotráfico. Otro problema del país, que sólo ha crecido, tras una década de peleas entre los que buscan endurecer penas y los que quieren que se deje de perseguir a los adictos. A esa disputa se ha agregado la irresuelta cuestión del narcomenudeo, que cunde en las barriadas marginales. La Nación quiere que se haga cargo la Provincia, y el secretario de Seguridad, Paul Hofer, está de acuerdo. Pero hay quienes dicen, como el ministro fiscal Edmundo Jiménez, que si hasta ahora era difícil que se persiga a los verdaderos narcotraficantes (casi siempre se atrapa a “perejiles”, según reconocen los jueces federales), si los casos pasan a la provincia se cortará la cadena: Siempre se atrapará a narcoadictos chicos y los proveedores quedarán libres de problemas.
4) El problema de la ley. La Policía trabaja con una ley Orgánica de hace 50 años, que define su manera de actuar y da pautas de comportamiento. Es vetusta, verticalista, discriminatoria. También trabaja desde siempre con la ley de Contravenciones, que hace cinco años ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema nacional. La Justicia local ha emplazado al Gobierno a que se deje de usar esta ley discriminatoria y que se escapa a las normativas legales que usa el sistema penal. Cuando comenzó a complicarse la situación de inseguridad, a mitad de la década pasada -cuando Alperovich decía que para solucionar el problema de la seguridad había que encerrar a los 400 delincuentes que operaban en las calles- se acentuaron las discrepancias entre una Justicia que quería actuar con el Código Procesal Penal y la Policía que elegía las Contravenciones y se quejaba de que detenía a los ladrones y la Justicia los soltaba. Esas diferencias siguen. La Corte Suprema advirtió hace poco que no había que abusar con la prisión preventiva y por ello la ley contra arrebatadores casi no se aplica. Además, legisladores y expertos no han sabido qué hacer con la ley de Contravenciones, pese a que en la Legislatura se debatieron seis proyectos para cambiarla.
5) Sin decisión sobre la reforma al Código Procesal Penal. El año pasado terminó el estudio para completar el proceso de oralidad en lo penal, iniciado en 1991. Se pretendía acortar plazos procesales e introducir el principio de oportunidad para que no se gaste el sistema en causas menores (se preveían alternativas de solución de conflictos). Alperovich, simplemente, ignoró el tema. Ahí quedó.
6) Fracaso de la teoría “Más policías=más seguridad”. El Gobierno inició una primera etapa (2003-2006) con un ministerio llamado de “seguridad ciudadana”, con la idea de incorporar novedades como la policía comunitaria pero cuando ocurrió el crimen de Paulina Lebbos (nunca resuelto) comenzó a abandonar las novedades y se volcó al modelo más tradicional y represor de Policía. En 2006 se incorporaron 1.000 agentes y ahora los efectivos son 8.000. No obstante, al motoarrebato y a las quejas vecinales por inseguridad -como las que sacudieron el año pasado a Barrio Sur y este año a Concepción y Monteros, se suma la triste cifra de 200 crímenes impunes que cada martes reclaman Alberto Lebbos y los familiares de víctimas.
Además de agentes, el Gobierno ha incorporado vehículos (motos y autos patrulleros), GPS, cámaras de vigilancia y el sistema del 911. Pero la tecnología no ha servido, como tampoco sirvió el anuncio de fines de la década pasada del entonces ministro Mario López Herrera de que se informatizarían las comisarías: los agentes usan sus propias laptops o las viejas máquinas de escribir Lettera 33 u Olivetti.
7) Confusión de prevención con reacción. Con la implementación del 911, el gobierno apuesta a un sistema para dar respuestas a las llamadas de auxilio ante hechos consumados. Lo vende como prevención, pero es reacción. Sería preventivo si se usaran los datos que puede aportar el sistema para identificar y geolocalizar llamadas y hacer un mapa de los lugares calientes (“hotspots”) y diseñar políticas de seguridad. Pero no lo hace. La consecuencia del sistema del 911 ha sido que los agentes se la pasen circulando en los autos sin relacionarse con los vecinos. Las comisarías se han ido vaciando y han quedado despojadas de sentido. La gente ya no puede pedir ayuda allí.
8) Falta de datos. Otra característica nacional que se replica en Tucumán. Así como en 2006 la Nación cambió las reglas del Indec y sembró la incertidumbre en las estadísticas, también en 2009 cambió la política de la Dirección Nacional de Política Criminal, a cargo de Mariano Ciafardini, y minimizó los relevamientos estadísticos de seguridad. Apenas la Corte Suprema ha hecho experimentos sesgados como el índice de homicidios. Aunque el secretario de Seguridad tucumano habla de mapas del delito, no hay elementos claros de relevamiento adecuado de datos. Tampoco se hacen encuestas de victimización. Sin datos, es difícil pensar en el diseño de estrategias preventivas.
9) Policía autónoma, bajo constante sospecha de corrupción. No sólo los casos penales de mezcla de negocios con delitos, como el de los “Sacapresos” mostraron el riesgo de una fuerza librada a su suerte sin control ni diseño político de los funcionarios, sino también la diversificación de sus tareas hacia múltiples actividades generadoras de dinero. Desde el cobro de tasas para riñas de gallos hasta el conflictivo sistema de servicio de vigilancia adicional, en el cual están obligados a trabajar casi todos los agentes. No hay un control concreto, pero los policías están haciendo este servicio en todos los organismos públicos y en comercios, industrias y todo tipo de actividades privadas que muevan algo de dinero. De ahí a la corrupción hay un paso. Se dice que el sistema de los presos en las comisarías -que la Justicia ha exigido, sin éxito, que se termine- también sirve para hacer negocios policiales.
10) Constantes episodios de torturas. El caso del joven golpeado en la Villa Obrera de Tafí Viejo se inscribe en la tradición de una fuerza de seguridad que opera como en la dictadura, a troche y moche, mientras el Gobierno esconde la cabeza en un hoyo sin ocuparse de reglamentar la ley contra la tortura ni de castigar a los efectivos que reprimieron a los manifestantes en la plaza Independencia del 24 de agosto.
Esa Policía que sigue actuando como hace 50 años es la que ha sido denunciada por tapar y encubrir en el caso de Paulina Lebbos, por actuar mal en el caso de Marita Verón, por haber sido complaciente con los prostíbulos, por no saber actuar en los casos de violencia de género, por tener siempre como respuesta sus teorías de la “sábana corta”, del “operativo cerrrojo” y de que “el delincuente no se hace, sino que nace”. Esa Policía inmune a los cambios, con empleados nuevos (la mayoría son jóvenes nacidos en democracia) con un modelo viejo, es la que no ha dado respuesta a la creciente violencia. Manzur no ha dicho qué va a hacer en esta materia. Apenas, que la característica fundamental de su carrera tiene que ver con la planificación. Menudo desafío tiene por delante.
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