01 Septiembre 2015
BRASILIA.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) dará continuidad al proceso que investiga presuntas irregularidades en la campaña de reelección de la presidenta Dilma Rousseff, pese a que el fiscal general se manifestó a favor de archivarlo. Este proceso judicial, que investiga irregularidades en la contratación de una empresa gráfica por parte del comité de campaña de la mandataria, puede dar origen a una acción penal que derive en su destitución. Esto ocurriría en caso de que se comprueben las sospechas de que la campaña presidencial recibió, a través de empresas ficticias, como podría ser esa firma gráfica, recursos desviados del ente estatal Petrobras.
La decisión de proseguir con el proceso fue anunciada por el TSE, poco después de que el jefe del Ministerio Público (Fiscalía), Rodrigo Janot, recomendara que la causa fuera archivada porque a su entender no existen indicios “suficientemente consistentes” de irregularidades. Janot habló después de que el vicepresidente del TSE, Gilmar Mendes, solicitara a la fiscalía que iniciara la investigación.
El proceso en el TSE fue impulsado por un grupo liderado por el senador opositor Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). En la denuncia, se cuestionan varios aspectos de la campaña electoral que en 2014 alzó a Rousseff nuevamente a la presidencia del país, derrotando por estrecho margen a Neves. Además de a la Fiscalía, la Justicia Electoral solicitó investigaciones de las denuncias a la Recaudadora Federal y al Consejo de Control de Actividad Financiera (COAF).
Las finanzas de la campaña electoral de la política del Partido de los Trabajadores (PT) han sido objeto de varias denuncias. Los veredictos de esas acciones son aguardados por la oposición, que busca fundamentos jurídicos para destituir a la presidenta. En el marco de una de esas acciones, el propio Mendes solicitó a la Fiscalía de Sao Paulo que investigue irregularidades detectadas por el fisco paulista en la rendición de cuentas presentada por el PT, relativas a la campaña electoral de 2014. Agobiado por casos de corrupción, y por la caída de la economía, Rousseff revisó su proyección de presupuesto primario para el próximo año desde un superávit a un déficit, incrementando presión sobre el Congreso, que hasta aquí se mostró rebelde para ayudar a apuntalar las finanzas que amenazan la calificación de grado de inversión del país. (DPA)
La decisión de proseguir con el proceso fue anunciada por el TSE, poco después de que el jefe del Ministerio Público (Fiscalía), Rodrigo Janot, recomendara que la causa fuera archivada porque a su entender no existen indicios “suficientemente consistentes” de irregularidades. Janot habló después de que el vicepresidente del TSE, Gilmar Mendes, solicitara a la fiscalía que iniciara la investigación.
El proceso en el TSE fue impulsado por un grupo liderado por el senador opositor Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). En la denuncia, se cuestionan varios aspectos de la campaña electoral que en 2014 alzó a Rousseff nuevamente a la presidencia del país, derrotando por estrecho margen a Neves. Además de a la Fiscalía, la Justicia Electoral solicitó investigaciones de las denuncias a la Recaudadora Federal y al Consejo de Control de Actividad Financiera (COAF).
Las finanzas de la campaña electoral de la política del Partido de los Trabajadores (PT) han sido objeto de varias denuncias. Los veredictos de esas acciones son aguardados por la oposición, que busca fundamentos jurídicos para destituir a la presidenta. En el marco de una de esas acciones, el propio Mendes solicitó a la Fiscalía de Sao Paulo que investigue irregularidades detectadas por el fisco paulista en la rendición de cuentas presentada por el PT, relativas a la campaña electoral de 2014. Agobiado por casos de corrupción, y por la caída de la economía, Rousseff revisó su proyección de presupuesto primario para el próximo año desde un superávit a un déficit, incrementando presión sobre el Congreso, que hasta aquí se mostró rebelde para ayudar a apuntalar las finanzas que amenazan la calificación de grado de inversión del país. (DPA)
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