Por LA GACETA
04 Agosto 2015
Su existencia está atada a la desocupación, a la pobreza, a la marginalidad, a la explotación infantil, al maltrato a los equinos. Desde hace mucho tiempo, se habla de erradicar los carros de tracción a sangre, pero siguen formando parte del paisaje urbano. Por otro lado, vecinos, carreros y basura forman parte de una trilogía que hasta el momento, nadie ha podido desarticular en pro de la higiene ciudadana.
“El municipio se prepara para erradicar a cerca de 3.000 carros” se titulaba nuestra crónica del 16 de marzo de 2013. Se informaba que el Concejo había aprobado una ordenanza que proponía reemplazar con motocarros los móviles con tracción a sangre. “El objetivo es realizar un censo de los vehículos, los animales y las personas que trabajan con ellos. Aunque los datos no son precisos, se calcula que en San Miguel de Tucumán hay entre 2.500 y 3.000 carros (tirados por caballos y por seres humanos). Y que son entre 15.000 y 20.000 las personas vinculadas con esta actividad.... La iniciativa que también incluye la creación del Registro Municipal de la Actividad de la Tracción a Sangre fue presentada en octubre del año pasado”, señalaba la crónica. La ordenanza fue vetada en abril de ese año.
Esta, como otras que continúan irresueltas, una historia antigua que se inició en 1984, con la promulgación de la ordenanza 374 que prohibió la circulación de vehículos de tracción a sangre en una buena parte del ejido municipal. En 1997, los ediles instaron al intendente a que se efectuaran los controles correspondientes. En diciembre de 2007 informamos que alrededor de 600 carros tirados por caballos, de un total de 2.000 que circulaban en el Gran San Miguel de Tucumán, habían ingresado en la legalidad y que sus propietarios podían trabajar sin riesgo de que les secuestraran los vehículos, de acuerdo con lo informado por la división de Delitos Rurales y Ecológicos de la Policía provincial. Estos debían pintar la patente en los costados del vehículo y registrarse junto con el caballo. La Policía señaló en ese momento que en la provincia había alrededor 14.000 carros, cifra que equivalía al 6% del parque automotor tucumano de entonces.
En 2008, el titular de esa división de la Policía provincial que propuso empadronar a los carreros. En diciembre de 2011, el Concejo aprobó una norma para que los cartoneros pudiesen tener acceso a créditos sociales para reemplazar sus carros tirados por caballos por motocarros. El proyecto se apoyaba la experiencia realizada en Medellín. En los fundamentos, un concejal del FPV proponía que los cartoneros entregaran los animales enfermos al Estado, a ONGs o a particulares, para que estos se ocuparan de recuperarlos y cuidarlos en lugares aptos. En la ciudad colombiana, la experiencia había sido exitosa; en poco tiempo los trabajadores habían triplicado sus ingresos y los animales que habían sido recibidos por alguna entidad, se habían recuperado por completo.
Sería positivo que la próxima administración tomara la decisión de abordar este problema social desde distintos ángulos e intentar encaminarlo y en el mejor de los caos, darle una solución definitiva. En su base, subsiste una cuestión económica, la falta de educación y de un trabajo digno. Sería importante que la basura dejara de ser su medio vida, así como el de su familia. Si ello se lograra, se habrá dado un paso significativo en la condición humana de estos comprovincianos.
“El municipio se prepara para erradicar a cerca de 3.000 carros” se titulaba nuestra crónica del 16 de marzo de 2013. Se informaba que el Concejo había aprobado una ordenanza que proponía reemplazar con motocarros los móviles con tracción a sangre. “El objetivo es realizar un censo de los vehículos, los animales y las personas que trabajan con ellos. Aunque los datos no son precisos, se calcula que en San Miguel de Tucumán hay entre 2.500 y 3.000 carros (tirados por caballos y por seres humanos). Y que son entre 15.000 y 20.000 las personas vinculadas con esta actividad.... La iniciativa que también incluye la creación del Registro Municipal de la Actividad de la Tracción a Sangre fue presentada en octubre del año pasado”, señalaba la crónica. La ordenanza fue vetada en abril de ese año.
Esta, como otras que continúan irresueltas, una historia antigua que se inició en 1984, con la promulgación de la ordenanza 374 que prohibió la circulación de vehículos de tracción a sangre en una buena parte del ejido municipal. En 1997, los ediles instaron al intendente a que se efectuaran los controles correspondientes. En diciembre de 2007 informamos que alrededor de 600 carros tirados por caballos, de un total de 2.000 que circulaban en el Gran San Miguel de Tucumán, habían ingresado en la legalidad y que sus propietarios podían trabajar sin riesgo de que les secuestraran los vehículos, de acuerdo con lo informado por la división de Delitos Rurales y Ecológicos de la Policía provincial. Estos debían pintar la patente en los costados del vehículo y registrarse junto con el caballo. La Policía señaló en ese momento que en la provincia había alrededor 14.000 carros, cifra que equivalía al 6% del parque automotor tucumano de entonces.
En 2008, el titular de esa división de la Policía provincial que propuso empadronar a los carreros. En diciembre de 2011, el Concejo aprobó una norma para que los cartoneros pudiesen tener acceso a créditos sociales para reemplazar sus carros tirados por caballos por motocarros. El proyecto se apoyaba la experiencia realizada en Medellín. En los fundamentos, un concejal del FPV proponía que los cartoneros entregaran los animales enfermos al Estado, a ONGs o a particulares, para que estos se ocuparan de recuperarlos y cuidarlos en lugares aptos. En la ciudad colombiana, la experiencia había sido exitosa; en poco tiempo los trabajadores habían triplicado sus ingresos y los animales que habían sido recibidos por alguna entidad, se habían recuperado por completo.
Sería positivo que la próxima administración tomara la decisión de abordar este problema social desde distintos ángulos e intentar encaminarlo y en el mejor de los caos, darle una solución definitiva. En su base, subsiste una cuestión económica, la falta de educación y de un trabajo digno. Sería importante que la basura dejara de ser su medio vida, así como el de su familia. Si ello se lograra, se habrá dado un paso significativo en la condición humana de estos comprovincianos.
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