04 Julio 2015
POSTURA. Herrera, en una visita reciente a LA GACETA, refutó acusaciones. la gaceta / foto de hector peralta (archivo)
Guillermo Segundo Herrera, titular de la Fiscalía de Instrucción de la X Nominación, se convirtió en el primer magistrado del Poder Judicial en realizar una “autodenuncia” ante la Legislatura para pedir que se investigue su desempeño.
El funcionario judicial presentó ayer un escrito en el que solicita que la comisión de Juicio Político analice una serie de denuncias formuladas por el Colegio de Abogados de la Capital. Este organismo cuestiona la tramitación en el fuero penal de querellas entre particulares sobre asuntos que consideran de naturaleza civil. Según consignó Herrera, los letrados colegiados lo acusan de adoptar medidas que no apuntaban a resolver la pesquisa, sino a presionar a una de las partes y lograr la resolución abrupta del conflicto una vez que los litigantes llegaban “a un acuerdo o transacción patrimonial”.
“No he de abrir juicio de valor alguno sobre la existencia de tales hechos, ni expresaré argumento defensivo alguno, pues esta presentación debe interpretarse como una noticia institucional a vuestra honorabilidad a través de la ‘autodenuncia’”, redactó el fiscal de Instrucción en el texto que entregó ayer en mesa de entradas del Poder Legislativo. Y agregó que, si la comisión de Juicio Político así lo resuelve, tendrá la chance de expresar su descargo. “Considero que esa sería la oportunidad para ejercer mi defensa y exponer mi verdad”, sostuvo Herrera.
La “autodenuncia” del fiscal no tiene precedentes en la Legislatura, según relataron fuentes del cuerpo colegiado. De hecho, esta situación fue contemplada por el propio Herrera en su escrito.
“La Constitución de Tucumán y la Ley Provincial de Juicio Político (N° 8.199) no prevén ni tampoco prohiben que el procedimiento se inicie a petición del magistrado cuya conducta ha de controlar vuestra honorabilidad”, señaló. Y agregó que la Carta Magna argentina y las leyes nacionales tampoco ponen reparos al respecto. “Ha de interpretarse que consecuentemente está permitida la autodenuncia por imperio del principio de libertad, establecido en el artículo 19 de la Constitución nacional”, expresó.
En marzo y abril de este año, el Colegio de Abogados de la Capital resolvió denunciar -y luego ampliar la acusación- en contra de Herrera por su desempeño en al menos cinco causas penales, conocidas como “Jorrat”, “Rigourd”, “Valdez”, “Teves” y “Albarracín”.
El fiscal citó el “núcleo fáctico” de las sospechas que ventilaron los letrados colegiados. “(Se trata de) la posible existencia de un patrón de conducta que responde a una misma matriz, consistente en la tramitación de denuncias o querellas relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; en la hiperactividad de la Fiscalía Penal de Instrucción de la X Nominación, orientada más a la adopción y el requerimiento de medidas que no tenían relación con la investigación en sí, sino más bien direccionadas a la realización de actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el posterior cese abrupto del interés investigativo una vez que los particulares llegaban a un arreglo o transacción patrimonial”, indicaron los abogados.
Tras esta acusación, se iniciaron acciones penales y administrativas. El Cuerpo de Auditores, que actúa bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), formuló objeciones por una serie de presuntas anomalías en la oficina a cargo de Herrera.
El fiscal aseguró en declaraciones públicas que esos auditores actuaban como una “Gestapo” (institución policial de la Alemania nazi), a cargo del presidente de la CSJT, Antonio Gandur. De hecho, anunció que iba a solicitar también un juicio político en contra del titular del alto tribunal, aunque todavía no concretó ese planteo.
Según Herrera, el Cuerpo de Auditores está conformado por “empleados públicos no constitucionales”. Por eso, entiende que debe ser la Legislatura quien analice su desempeño como funcionario.
“Naturalmente que vuestra honorabilidad debe efectuar un control político de mi conducta, por lo que no es óbice alguno que se encuentren en trámite las citadas causas. La potestad legislativa para el control político de los magistrados no reconoce ni admite valladar alguno, y la supremacía de vuestra jurisdicción política la coloca por sobre cualquier trámite pendiente que pudiere haber en las esferas judiciales o administrativas”, redactó Herrera en el texto que dirigió a los legisladores.
Receso
La comisión de Juicio Político de la Legislatura se reunió el lunes pasado, y notificó a sus miembros del receso invernal durante la feria judicial, previsto en la normativa.
Ese grupo de trabajo está presidido por el alperovichista Sisto Terán Nougués, y lo completan otros nueve oficialistas y el opositor Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
Debido al receso, la comisión no abordará la autodenuncia realizada por Herrera. En la Legislatura ya había una acusación en contra del magistrado, formulada por el ciudadano Walter Fabián Delgado, quien es querellante y a la vez acusado por presunta usurpación.
Así, la feria judicial dilatará aún más el clima de tensión que se vive en los Tribunales. En un mes, cuando la Justicia provincial retome su ritmo habitual, se verán las consecuencias.
El funcionario judicial presentó ayer un escrito en el que solicita que la comisión de Juicio Político analice una serie de denuncias formuladas por el Colegio de Abogados de la Capital. Este organismo cuestiona la tramitación en el fuero penal de querellas entre particulares sobre asuntos que consideran de naturaleza civil. Según consignó Herrera, los letrados colegiados lo acusan de adoptar medidas que no apuntaban a resolver la pesquisa, sino a presionar a una de las partes y lograr la resolución abrupta del conflicto una vez que los litigantes llegaban “a un acuerdo o transacción patrimonial”.
“No he de abrir juicio de valor alguno sobre la existencia de tales hechos, ni expresaré argumento defensivo alguno, pues esta presentación debe interpretarse como una noticia institucional a vuestra honorabilidad a través de la ‘autodenuncia’”, redactó el fiscal de Instrucción en el texto que entregó ayer en mesa de entradas del Poder Legislativo. Y agregó que, si la comisión de Juicio Político así lo resuelve, tendrá la chance de expresar su descargo. “Considero que esa sería la oportunidad para ejercer mi defensa y exponer mi verdad”, sostuvo Herrera.
La “autodenuncia” del fiscal no tiene precedentes en la Legislatura, según relataron fuentes del cuerpo colegiado. De hecho, esta situación fue contemplada por el propio Herrera en su escrito.
“La Constitución de Tucumán y la Ley Provincial de Juicio Político (N° 8.199) no prevén ni tampoco prohiben que el procedimiento se inicie a petición del magistrado cuya conducta ha de controlar vuestra honorabilidad”, señaló. Y agregó que la Carta Magna argentina y las leyes nacionales tampoco ponen reparos al respecto. “Ha de interpretarse que consecuentemente está permitida la autodenuncia por imperio del principio de libertad, establecido en el artículo 19 de la Constitución nacional”, expresó.
En marzo y abril de este año, el Colegio de Abogados de la Capital resolvió denunciar -y luego ampliar la acusación- en contra de Herrera por su desempeño en al menos cinco causas penales, conocidas como “Jorrat”, “Rigourd”, “Valdez”, “Teves” y “Albarracín”.
El fiscal citó el “núcleo fáctico” de las sospechas que ventilaron los letrados colegiados. “(Se trata de) la posible existencia de un patrón de conducta que responde a una misma matriz, consistente en la tramitación de denuncias o querellas relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; en la hiperactividad de la Fiscalía Penal de Instrucción de la X Nominación, orientada más a la adopción y el requerimiento de medidas que no tenían relación con la investigación en sí, sino más bien direccionadas a la realización de actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el posterior cese abrupto del interés investigativo una vez que los particulares llegaban a un arreglo o transacción patrimonial”, indicaron los abogados.
Tras esta acusación, se iniciaron acciones penales y administrativas. El Cuerpo de Auditores, que actúa bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), formuló objeciones por una serie de presuntas anomalías en la oficina a cargo de Herrera.
El fiscal aseguró en declaraciones públicas que esos auditores actuaban como una “Gestapo” (institución policial de la Alemania nazi), a cargo del presidente de la CSJT, Antonio Gandur. De hecho, anunció que iba a solicitar también un juicio político en contra del titular del alto tribunal, aunque todavía no concretó ese planteo.
Según Herrera, el Cuerpo de Auditores está conformado por “empleados públicos no constitucionales”. Por eso, entiende que debe ser la Legislatura quien analice su desempeño como funcionario.
“Naturalmente que vuestra honorabilidad debe efectuar un control político de mi conducta, por lo que no es óbice alguno que se encuentren en trámite las citadas causas. La potestad legislativa para el control político de los magistrados no reconoce ni admite valladar alguno, y la supremacía de vuestra jurisdicción política la coloca por sobre cualquier trámite pendiente que pudiere haber en las esferas judiciales o administrativas”, redactó Herrera en el texto que dirigió a los legisladores.
Receso
La comisión de Juicio Político de la Legislatura se reunió el lunes pasado, y notificó a sus miembros del receso invernal durante la feria judicial, previsto en la normativa.
Ese grupo de trabajo está presidido por el alperovichista Sisto Terán Nougués, y lo completan otros nueve oficialistas y el opositor Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
Debido al receso, la comisión no abordará la autodenuncia realizada por Herrera. En la Legislatura ya había una acusación en contra del magistrado, formulada por el ciudadano Walter Fabián Delgado, quien es querellante y a la vez acusado por presunta usurpación.
Así, la feria judicial dilatará aún más el clima de tensión que se vive en los Tribunales. En un mes, cuando la Justicia provincial retome su ritmo habitual, se verán las consecuencias.
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