Precariedad y hacinamiento en las celdas tucumanas

Por LA GACETA 02 Julio 2015

Dos muertos, tres policías y 11 detenidos internados por principio de asfixia y llamas voraces que apenas se pudieron controlar, fue el trágico saldo que dejó el incendio de un calabozo de la Brigada de Investigaciones Norte, en Yerba Buena. No está claro cómo fue la génesis de esta tragedia; lo que sí está claro, es que lo vivido el lunes en pleno corazón de la “Ciudad Jardín” fue un grito de alerta sobre lo que ocurre en la mayoría de las cárceles tucumanas, a causa de la inexplicable resistencia a adoptar una política criminal coherente. El comisario Luis Mansilla, jefe de la Unidad Regional Norte, señaló que el incendio se produjo cuando los policías de esa dependencia quisieron realizar una requisa de rutina en el calabozo. Al parecer los presos prendieron fuego a un colchón y las llamas se propagaron por toda la celda. Sorprendidos por las llamas y en su desesperación por escapar del humo que los asfixiaba, los detenidos se amontonaron unos sobre otros en el minúsculo baño sin ventilación de la celda. El resultado fue funesto. Y, aunque no se produjeron más muertes gracias a la certera intervención de los bomberos de la zona, el incidente volvió a dejar al descubierto la manera en la que se manejan los presos en las cárceles tucumanas.

Mansilla comentó que ese calabozo está destinado a alojar detenidos altamente peligrosos. De hecho, los 19 reos encerrados en la minúscula celda, estaban procesados por hechos agravados y muchos de ellos eran reincidentes. Lo que no se explica es por qué estaban todos hacinados en una misma celda. Hacinamiento que provoca constantes riñas por un sitio donde dormir o por rencillas entre bandos contrarios. Además, la mayoría de los detenidos tenía orden judicial para ser alojados en el penal de Villa Urquiza, pero continuaban en la comisaría “por falta de cupo”.

Esta situación, inadmisible desde todo punto de vista, da cuenta de lo poco que se hace para mejorar el sistema carcelario. ¿Qué hubiera sucedido si, entre esos reos, se hubiera colocado a algún detenido por una simple contravención como suele pasar en algunas dependencias? Esta es la pregunta que desvela a muchos y que, hasta ahora, no tiene respuesta. Los padres de los presos, además, denunciaron complicidad entre la policía y los mismos detenidos, lo cual pone en tela de juicio la forma en que son dominadas las cárceles por grupos que, supuestamente apoyados por sus carceleros, imponen sus propias leyes. Así las cosas, va siendo tiempo que la Justicia y las autoridades tomen cartas en el asunto y definan la situación procesal de numerosos presos que aguardan su destino en precarias celdas y en condiciones inhumanas. Pero, además de trabajar seriamente para adecuar las cárceles a las necesidades reales de la provincia o de agilizar los procedimientos judiciales, también es urgente que se tomen decisiones apresuradas y se expidan normas que permitan subsanar algo de la congestión que habita en las comisarías.

Los muertos de la Unidad Regional Norte no son pues un hecho aislado. Son ante todo el reflejo de la ausencia de una política seria en materia criminal que se traduce en corrupción, en riesgos para miles de detenidos y en la falta de decisiones para evitar que las cárceles de la provincia sean motivo de preocupación y escenario de tragedias como la ocurrida el pasado lunes.