Allanaron una cortada de ladrillos por supuesto trabajo esclavo

La Justicia Federal allanó una cortada de ladrillos de Las Talitas para verificar si 31 obreros estaban en condiciones de esclavitud laboral. La denuncia fue enviada al Juzgado Federal N° 2 por Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y comprometería a Héctor Daghero quien, según la Justicia, sería el dueño de la propiedad donde funciona la cortada.

La investigación comenzó en abril y, tal como lo explicó por la tarde el funcionario judicial Daniel Weisenberg, era imprescindible tomar por sorpresa a los empleadores de estos obreros para comprobar que estaban trabajando en condiciones de explotación. “En la cortada había grupos familiares completos. Es decir que también había niños dentro de esta propiedad cuando se realizó el operativo. A pesar de esto todavía no podemos afirmar que haya habido explotación infantil”, precisó.

Uno de los motivos por los cuales la Justicia todavía no se pronunció acerca de esta supuesta explotación infantil es porque ni los acusados ni las víctimas prestaron declaración. Según Weisenberg, era clave actuar con celeridad y sigilo para tener éxito en la medida. Por eso, cuando los oficiales de Gendarmería Nacional, que estuvieron a cargo del allanamiento, llegaron por la mañana a la cortada y encontraron a los 31 obreros en plena tarea.

Para llegar a la cortada se debe ingresar por un angosto camino vecinal. Sobre la ruta, antes de ese acceso, se encuentra la vivienda del intendente de Las Talitas, Luis Morghenstein.

Ese camino está situado en el Kilómetro 9 de la ruta provincial 305. A unos 200 metros de la ruta está la propiedad de Daghero en la que hay varias torres de ladrillo que, en sus bases, tienen fuego encendido que se mantiene con leña. Algunos metros más atrás hay precarias viviendas que -según el funcionario judicial- tienen precarias instalaciones eléctricas y no cuentan con agua potable. “Todavía no hay imputados en la causa. Pero si consideramos que el propietario es mencionado en la investigación, podríamos decir que él es quien está siendo acusado por esta situación”, agregó Weisenberg.

Juan Carlos Valor, defensor de Daghero, negó las acusaciones. Afirmó que su cliente arrienda las tierras donde está la cortada y que no tiene vinculación con esta supuesta trata de personas con fines de explotación laboral.

Francisco Menteros, uno de los obreros bolivianos que sería explotado, dijo que cada 1.000 ladrillos que producen cobran unos $ 400. Pero ese proceso, según dijo, incluye armado, corte y secado de cada ladrillo. Esa tarea que requiere un trabajo de, al menos, unos tres días.

El obrero también dijo: “no sé qué es explotación. Nosotros trabajamos para comer y no tener que salir a robar”. Junto a estos ciudadanos bolivianos había una veintena de tucumanos trabajando en la cortada. También se informó que habría más trabajadores irregulares en la cortada.