26 Abril 2015
“(...) Tampoco es posible determinar el monto total de los gastos sociales porque la rendición de cuentas de los mismos se realiza dentro de una partida que incluye otro tipo de gastos, por lo que discriminar lo que corresponde a este concepto exclusivamente es imposible sin contar con la documentación respaldatoria del gasto”. Esta respuesta del presidente del Tribunal de Cuentas (TC), Miguel Chaiben Terraf, a un pedido de informes de Carlos Duguech sobre los gastos legislativos derivó en una denuncia policial.
El ciudadano efectuó una presentación en la Seccional I de esta capital para que la Justicia determine quiénes son los funcionarios del Poder Legislativo responsables de no enviar al TC la “rendición documentada” del dinero que se entrega mensualmente a los 49 parlamentarios provinciales.
Duguech justificó su demanda con disposiciones de la Constitución provincial (la que fija que el TC es el órgano de control y fiscalización del empleo de los recursos estatales y la que especifica que los legisladores sólo percibirán una dieta como retribución a sus funciones) y la Ley N°6.970 de administración financiera (exige que la rendición documentada de todo gasto del Estado debe ser remitida al TC para su examen).
El denunciante consideró que tanto autoridades como los legisladores estarían cometiendo un delito contra la administración pública. Subrayó en su escrito que se trataría de la violación del artículo 248 del Código Penal, que estipula que prisión de hasta dos años inhabilitación para el funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Duguech expresó que existe un “ocultamiento” del uso y destino de los dineros públicos.
De acuerdo con datos extraoficiales a los que pudo acceder LA GACETA a principios de año, el presupuesto de la Cámara para este período es de $ 970 millones. El 78% de ese dinero estaría destinado para salarios y el 22% restante, para gastos corrientes (funcionamiento del edificio, viáticos y eventos) y “gastos sociales”. Cada legislador cobraría por este último ítem discrecional, como mínimo, $ 65.000 mensuales.
El ciudadano efectuó una presentación en la Seccional I de esta capital para que la Justicia determine quiénes son los funcionarios del Poder Legislativo responsables de no enviar al TC la “rendición documentada” del dinero que se entrega mensualmente a los 49 parlamentarios provinciales.
Duguech justificó su demanda con disposiciones de la Constitución provincial (la que fija que el TC es el órgano de control y fiscalización del empleo de los recursos estatales y la que especifica que los legisladores sólo percibirán una dieta como retribución a sus funciones) y la Ley N°6.970 de administración financiera (exige que la rendición documentada de todo gasto del Estado debe ser remitida al TC para su examen).
El denunciante consideró que tanto autoridades como los legisladores estarían cometiendo un delito contra la administración pública. Subrayó en su escrito que se trataría de la violación del artículo 248 del Código Penal, que estipula que prisión de hasta dos años inhabilitación para el funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Duguech expresó que existe un “ocultamiento” del uso y destino de los dineros públicos.
De acuerdo con datos extraoficiales a los que pudo acceder LA GACETA a principios de año, el presupuesto de la Cámara para este período es de $ 970 millones. El 78% de ese dinero estaría destinado para salarios y el 22% restante, para gastos corrientes (funcionamiento del edificio, viáticos y eventos) y “gastos sociales”. Cada legislador cobraría por este último ítem discrecional, como mínimo, $ 65.000 mensuales.
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