Por LA GACETA
20 Abril 2015
Desde hace tiempo, se han convertido en blanco de los amigos de lo ajeno. La acción delictiva no reconoce edades ni lugares y desafían hasta a la misma Policía. Las escuelas suelen ser saqueadas con alguna frecuencia. En junio del año pasado, varios establecimientos educativos de Concepción se encontraban a merced de los ladrones y de los vendedores de droga. La N° 175, ubicada sobre la ruta 306, a sólo dos km de Villa de Leales, fue asaltada en varias ocasiones. Se llevaron computadoras, destruyeron puertas, hurtaron pollos, pantallas de gas, garrafas, una fotocopiadora, una televisión y un horno pizzero, con el cual los docentes les cocinaban a 135 alumnos.
En la sección Cartas de Lectores de nuestra edición de ayer, la directora de Escuela Nº 281 “José Dionisio Campos”, de Yonopongo, se quejaba por un nuevo latrocinio que había sucedido en el establecimiento que dirige. Recordaba que su carta de enero pasado señalaba que los robos son mucho más dolorosos cuando los bienes sustraídos son de uso cotidiano en el funcionamiento del comedor escolar, como un horno pizzero y ollas con capacidad de 100 litros. “Debo referirme a un nuevo hecho delictivo, ocurrido este viernes, sobre elementos indispensables para la elaboración de alimentos: garrafas. Puede parecer irrisorio a algunas personas que no conocen del esfuerzo diario para proveer de elementos ‘modernos’ a la cocina de la escuela, que impida remitirse a tiempos históricos -aunque se hace aún en muchas escuelas-, como lo era el cocinar a leña. La conclusión a la que llego es que mientras las comunidades sigan sin aportar datos para una investigación formal, los Ministerios de Seguridad y de Educación insistan en no trabajar en forma conjunta y elaborar un plan que evite en alguna medida estos hechos; mientras las comunidades educativas no tomen conciencia del tremendo daño que se sufre, porque ya está naturalizándose la situación, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo: educar a las generaciones futuras teniendo como metas la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la paz. Continuamos perdiendo como sociedad; continuamos perdiendo todos”, señalaba la docente Hilda Cristina Ponce.
En otra oportunidad, en este Editorial, hemos señalado que el problema de la delincuencia y de la inseguridad excede el ámbito policial y debería ser abordado en forma integral.
Quizás se podría movilizar a la comunidad, organizándola en patrullas vecinales rotativas, coordinadas con las fuerzas de seguridad. Tal vez podría convocarse a una parte de los miles de tucumanos que cobran un plan social para que oficiaran de serenos; en ese caso, deberían ser capacitados por la Policía.
Se suele decir que el delito no descansa, por lo tanto hay que apelar a la imaginación para encontrar nuevos modos de enfrentarlo, porque está visto que la respuesta habitual, de actuar luego del hecho consumado no sirve demasiado. Mientras la seguridad no forme parte de una política de Estado, que surja del aporte de organismos del gobierno, universidades, instituciones civiles, dirigentes barriales, será difícil combatir con eficacia la delincuencia. Tal vez la próxima administración se ocupe del tema teniendo en cuenta esta perspectiva.
Una escuela que se saquea es una autoagresión porque pierde no sólo la comunidad educativa, sino toda la sociedad.
En la sección Cartas de Lectores de nuestra edición de ayer, la directora de Escuela Nº 281 “José Dionisio Campos”, de Yonopongo, se quejaba por un nuevo latrocinio que había sucedido en el establecimiento que dirige. Recordaba que su carta de enero pasado señalaba que los robos son mucho más dolorosos cuando los bienes sustraídos son de uso cotidiano en el funcionamiento del comedor escolar, como un horno pizzero y ollas con capacidad de 100 litros. “Debo referirme a un nuevo hecho delictivo, ocurrido este viernes, sobre elementos indispensables para la elaboración de alimentos: garrafas. Puede parecer irrisorio a algunas personas que no conocen del esfuerzo diario para proveer de elementos ‘modernos’ a la cocina de la escuela, que impida remitirse a tiempos históricos -aunque se hace aún en muchas escuelas-, como lo era el cocinar a leña. La conclusión a la que llego es que mientras las comunidades sigan sin aportar datos para una investigación formal, los Ministerios de Seguridad y de Educación insistan en no trabajar en forma conjunta y elaborar un plan que evite en alguna medida estos hechos; mientras las comunidades educativas no tomen conciencia del tremendo daño que se sufre, porque ya está naturalizándose la situación, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo: educar a las generaciones futuras teniendo como metas la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la paz. Continuamos perdiendo como sociedad; continuamos perdiendo todos”, señalaba la docente Hilda Cristina Ponce.
En otra oportunidad, en este Editorial, hemos señalado que el problema de la delincuencia y de la inseguridad excede el ámbito policial y debería ser abordado en forma integral.
Quizás se podría movilizar a la comunidad, organizándola en patrullas vecinales rotativas, coordinadas con las fuerzas de seguridad. Tal vez podría convocarse a una parte de los miles de tucumanos que cobran un plan social para que oficiaran de serenos; en ese caso, deberían ser capacitados por la Policía.
Se suele decir que el delito no descansa, por lo tanto hay que apelar a la imaginación para encontrar nuevos modos de enfrentarlo, porque está visto que la respuesta habitual, de actuar luego del hecho consumado no sirve demasiado. Mientras la seguridad no forme parte de una política de Estado, que surja del aporte de organismos del gobierno, universidades, instituciones civiles, dirigentes barriales, será difícil combatir con eficacia la delincuencia. Tal vez la próxima administración se ocupe del tema teniendo en cuenta esta perspectiva.
Una escuela que se saquea es una autoagresión porque pierde no sólo la comunidad educativa, sino toda la sociedad.
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