19 Diciembre 2014
REACCIÓN OFICIAL. Según Capitanich, el mensaje de la Iglesia hace referencia a la “corrupción privada”. dyn
BUENOS AIRES.- La Argentina no mostró avances en la lucha contra la corrupción desde 2001, según lo señaló un informe dado a conocer ayer por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que será sometida a una evaluación suplementaria en 2016.
El organismo -que integran 34 países, entre ellos, los países más desarrollados del mundo- informó que la Argentina exhibe pocos o nulos avances en la lucha contra la corrupción, a la vez que mantiene deficiencias en la ofensiva contra el cohecho trasnacional.
El trabajo expresó que ante los resultados poco alentadores evidenciados por la Argentina en la lucha contra la corrupción, el país será sometido a “una evaluación suplementaria en 2016”, según difundió la agencia AFP.
Las conclusiones fueron elaboradas por el Grupo de Trabajo sobre el Soborno que hace el seguimiento de la evolución del caso argentino desde 2001 sobre la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
“El Grupo de Trabajo está gravemente preocupado por el compromiso en el combate contra el cohecho trasnacional y por los pocos progresos que hizo Argentina desde las anteriores evaluaciones”, sostuvo el informe, que también hizo mención al contacto del Poder Ejecutivo con los jueces, el uso de procesos disciplinarios para presionar a jueces y el extraordinariamente alto número de vacantes judiciales y jueces sustitutos. Para la OCDE, la Argentina incurre en un serio incumplimiento de artículos clave de la Convención al no prever la responsabilidad corporativa en los casos de soborno y corrupción trasnacional.
La Argentina fue señalada por no haber aplicado recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OCDE desde 2001, en relación a la competencia nacional para enjuiciar al soborno y a las deficiencias extranjeras en el delito de cohecho trasnacional”. “Han habido pequeñas o ningunas mejoras en los problemas del sistema de justicia penal”, advirtió el informe, que, a su vez, destacó, entre otro puntos, los retrasos generalizados que siguen plagando la investigación de los delitos económicos.
De todas formas, el trabajo hizo mención a que el parlamento argentino aprobó recientemente un nuevo Código de Procedimiento Penal, impulsado por el Gobierno, para agilizar la Justicia, el cual aún debe ponerse en práctica.
La Iglesia argentina advirtió en un comunicado sobre la corrupción y falta de ejemplaridad en el país y aseguró que esta situación empobrece el nivel moral de la sociedad, a la vez que alertó que el odio cierra el camino de la reconciliación. Asimismo, exhortó a los argentinos a construir una Patria más fraterna, a privilegiar el diálogo y a un compromiso renovado con la paz.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró ayer que ese mensaje hace mención a la moral pública, a la corrupción y obviamente a la responsabilidad global de la sociedad y, en ese sentido, de los grupos privados. Y lamentó que la instalación mediática pretende transferir la responsabilidad al Estado o a los funcionarios de Gobierno.
“El impacto tiene que ver con la responsabilidad de la empresa privada, de los empresarios y personas de carne y hueso que promueven, inducen y ejecutan múltiples delitos penados por la ley y que, inexorablemente, forma parte de una crisis de carácter moral”, subrayó. (DyN)
El organismo -que integran 34 países, entre ellos, los países más desarrollados del mundo- informó que la Argentina exhibe pocos o nulos avances en la lucha contra la corrupción, a la vez que mantiene deficiencias en la ofensiva contra el cohecho trasnacional.
El trabajo expresó que ante los resultados poco alentadores evidenciados por la Argentina en la lucha contra la corrupción, el país será sometido a “una evaluación suplementaria en 2016”, según difundió la agencia AFP.
Las conclusiones fueron elaboradas por el Grupo de Trabajo sobre el Soborno que hace el seguimiento de la evolución del caso argentino desde 2001 sobre la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
“El Grupo de Trabajo está gravemente preocupado por el compromiso en el combate contra el cohecho trasnacional y por los pocos progresos que hizo Argentina desde las anteriores evaluaciones”, sostuvo el informe, que también hizo mención al contacto del Poder Ejecutivo con los jueces, el uso de procesos disciplinarios para presionar a jueces y el extraordinariamente alto número de vacantes judiciales y jueces sustitutos. Para la OCDE, la Argentina incurre en un serio incumplimiento de artículos clave de la Convención al no prever la responsabilidad corporativa en los casos de soborno y corrupción trasnacional.
La Argentina fue señalada por no haber aplicado recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OCDE desde 2001, en relación a la competencia nacional para enjuiciar al soborno y a las deficiencias extranjeras en el delito de cohecho trasnacional”. “Han habido pequeñas o ningunas mejoras en los problemas del sistema de justicia penal”, advirtió el informe, que, a su vez, destacó, entre otro puntos, los retrasos generalizados que siguen plagando la investigación de los delitos económicos.
De todas formas, el trabajo hizo mención a que el parlamento argentino aprobó recientemente un nuevo Código de Procedimiento Penal, impulsado por el Gobierno, para agilizar la Justicia, el cual aún debe ponerse en práctica.
La Iglesia argentina advirtió en un comunicado sobre la corrupción y falta de ejemplaridad en el país y aseguró que esta situación empobrece el nivel moral de la sociedad, a la vez que alertó que el odio cierra el camino de la reconciliación. Asimismo, exhortó a los argentinos a construir una Patria más fraterna, a privilegiar el diálogo y a un compromiso renovado con la paz.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró ayer que ese mensaje hace mención a la moral pública, a la corrupción y obviamente a la responsabilidad global de la sociedad y, en ese sentido, de los grupos privados. Y lamentó que la instalación mediática pretende transferir la responsabilidad al Estado o a los funcionarios de Gobierno.
“El impacto tiene que ver con la responsabilidad de la empresa privada, de los empresarios y personas de carne y hueso que promueven, inducen y ejecutan múltiples delitos penados por la ley y que, inexorablemente, forma parte de una crisis de carácter moral”, subrayó. (DyN)
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