Por Carlos Páez de la Torre H
27 Noviembre 2014
“SALA” DE LA FINCA SANTA BÁRBARA. A principios del siglo XIX, tenía este aspecto la casa del antes llamado “Chorrillo de Santa Bárbara”. A su muerte, Villafañe legó el importante fundo a sus sobrinos Molina. la gaceta / archivo
Es conocido que, producida la expulsión de los Jesuitas, al sacerdote tucumano de esa orden, Diego León de Villafañe (1741-1830), se le permitió quedarse en Tucumán. Vivía en la actual esquina San Martín y Laprida (en el solar donde se alza “La Continental”) y tenía una importante propiedad rural, llamada “Chorrillo de Santa Bárbara”, luego conocida como “Finca Santa Bárbara”.
El 7 de diciembre de 1824, Villafañe se presentó a la Sala de Representantes. Expuso, dice el acta, “que desde el año 19 no se le abonaba su pensión alimenticia declarada por los Reyes de España después de la extinción de la Sociedad de Jesús”. Que esta pensión “había sido confirmada por los Gobiernos Nacionales, declarándose afectado su pago por la Tesorería del Tucumán, su patria, lo que no se había realizado desde la Representación de la Provincia”. En suma, pedía que la Sala se pronunciase “terminantemente sobre la realización del pago”.
El asunto fue enviado a comisión y durmió varios meses en los cajones. El 21 de julio de 1825, se leyó otra nota de Villafañe a la Sala, donde pedía una definición. El cuerpo intimó a Hacienda a dar un informe en seis días.
Finalmente, el 25 de agosto de 1825, tras el informe del ministro de Hacienda, expresa el acta, “la Sala acordó que desde esta fecha se le pase mensualmente lo que le corresponde en razón de su pensión alimenticia; y que por la cantidad que se le adeuda, por lo devengado se le entregue de contado 200 pesos, otros 200 a principios del año venidero; y si a más de estas cantidades señaladas aun le restan algunos pesos, que le vayan pagando 15 pesos mensuales sin perjuicio de su pensión alimenticia, hasta cubrirle todo su haber”.
El 7 de diciembre de 1824, Villafañe se presentó a la Sala de Representantes. Expuso, dice el acta, “que desde el año 19 no se le abonaba su pensión alimenticia declarada por los Reyes de España después de la extinción de la Sociedad de Jesús”. Que esta pensión “había sido confirmada por los Gobiernos Nacionales, declarándose afectado su pago por la Tesorería del Tucumán, su patria, lo que no se había realizado desde la Representación de la Provincia”. En suma, pedía que la Sala se pronunciase “terminantemente sobre la realización del pago”.
El asunto fue enviado a comisión y durmió varios meses en los cajones. El 21 de julio de 1825, se leyó otra nota de Villafañe a la Sala, donde pedía una definición. El cuerpo intimó a Hacienda a dar un informe en seis días.
Finalmente, el 25 de agosto de 1825, tras el informe del ministro de Hacienda, expresa el acta, “la Sala acordó que desde esta fecha se le pase mensualmente lo que le corresponde en razón de su pensión alimenticia; y que por la cantidad que se le adeuda, por lo devengado se le entregue de contado 200 pesos, otros 200 a principios del año venidero; y si a más de estas cantidades señaladas aun le restan algunos pesos, que le vayan pagando 15 pesos mensuales sin perjuicio de su pensión alimenticia, hasta cubrirle todo su haber”.
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