20 Noviembre 2014
Pablo Esteban Guzmán aparecía en varias imágenes en la zona en la que se concentraron los sediciosos, frente a la Subjefatura de Policía. Pero el ex efectivo se había acercado para actuar como intermediario, según declararon varias autoridades de la fuerza. Por eso, es una de las 23 personas a las que los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni pidieron su sobreseimiento.
Los policías que se vieron beneficiados con la solicitud que los fiscales realizaron al juez Víctor Pérez, se encontraban imputados por la sedición de diciembre de 2013, que provocó un caos social en la provincia y por la que el fin de semana solicitaron que 47 policías y ex policías sean juzgados.
Los fiscales consideraron que este grupo de acusados logró justificar por qué aparecían en filmaciones o en documentaciones. Roberto Emilio Gómez, por ejemplo, estuvo cumpliendo servicios adicionales en una farmacia y trabajando en la comisaría de Burruyacu durante los saqueos. Su nombre había sido incorporado al informe interno que realizó la Policía porque supuestamente aparecía en fotografías del grupo sedicioso. Sin embargo, se acreditó que no era el de la imagen.
Otros policías, en tanto, estuvieron en el lugar de la protesta ya que sus jefes les habían ordenado que custodien los patrulleros secuestrados, porque los baúles contenían armas y chalecos. Ellos son Martín Álvarez, Jorge Galván, Diego González Roncari, Ramón Brito, Javier Ruiz Díaz, Matías Palomino, Julio Ruiz, Argemina Salazar, José Coca Rondoletto, Héctor Rasgido, Luis García, Mauricio Rivero, José Leal, Ángel Ríos, Pablo Reyes y Juan Moya.
Por su parte, los policías Andrés Leguina, Walter Ruiz, Fanny Ávila y Matías Romano (todos en situación pasiva), manifestaron haberse acercado por diversos motivos a la Subjefatura, y en ningún caso se comprobó su participación en la sedición.
Una particular situación es la de Noel Molina Fernández, quien si bien nunca fue citado a declarar como imputado, fue mencionado por los informes que elaboró la Policía. Los fiscales no encontraron elementos para sostener alguna sospecha en su contra, por lo que también lo incluyeron en la lista de los sobreseidos.
Los policías que se vieron beneficiados con la solicitud que los fiscales realizaron al juez Víctor Pérez, se encontraban imputados por la sedición de diciembre de 2013, que provocó un caos social en la provincia y por la que el fin de semana solicitaron que 47 policías y ex policías sean juzgados.
Los fiscales consideraron que este grupo de acusados logró justificar por qué aparecían en filmaciones o en documentaciones. Roberto Emilio Gómez, por ejemplo, estuvo cumpliendo servicios adicionales en una farmacia y trabajando en la comisaría de Burruyacu durante los saqueos. Su nombre había sido incorporado al informe interno que realizó la Policía porque supuestamente aparecía en fotografías del grupo sedicioso. Sin embargo, se acreditó que no era el de la imagen.
Otros policías, en tanto, estuvieron en el lugar de la protesta ya que sus jefes les habían ordenado que custodien los patrulleros secuestrados, porque los baúles contenían armas y chalecos. Ellos son Martín Álvarez, Jorge Galván, Diego González Roncari, Ramón Brito, Javier Ruiz Díaz, Matías Palomino, Julio Ruiz, Argemina Salazar, José Coca Rondoletto, Héctor Rasgido, Luis García, Mauricio Rivero, José Leal, Ángel Ríos, Pablo Reyes y Juan Moya.
Por su parte, los policías Andrés Leguina, Walter Ruiz, Fanny Ávila y Matías Romano (todos en situación pasiva), manifestaron haberse acercado por diversos motivos a la Subjefatura, y en ningún caso se comprobó su participación en la sedición.
Una particular situación es la de Noel Molina Fernández, quien si bien nunca fue citado a declarar como imputado, fue mencionado por los informes que elaboró la Policía. Los fiscales no encontraron elementos para sostener alguna sospecha en su contra, por lo que también lo incluyeron en la lista de los sobreseidos.
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