20 Noviembre 2014
CONGOJA. Los testigos se mostraron conmocionados tras la medida judicial. LA GACETA / FOTO DE franco vera
Las historias de horror que relataron los ex detenidos en el Tribunal Oral Federal (TOF) volvieron ayer a su escenario original. Una decena de testigos-víctima recorrió y reconoció tres pabellones y otras dependencias de la cárcel provincial en el contexto de la megacausa por crímenes de lesa humanidad “Villa Urquiza”.
El pabellón de encausados y el de “la muerte”. Las celdas individuales. Los sitios donde habrían matado a Juan Carlos Suter y a José Torrente. El sector donde estuvieron alojadas 29 mujeres y al menos nueve niños en condiciones infrahumanas. La oficina del director de la cárcel Marcos Hidalgo (fallecido), caracterizado como “cruel” en las declaraciones. Esas fueron las dependencias señaladas por los sobrevivientes.
Escenas de dolor
Al acercarse a los muros de la penitenciaría, Lilian Reynaga revivió una escena de hace casi 40 años. Luego de que la secuestraron, en julio de 1975, pasó por diversos centros clandestinos. En uno de los traslados, entre la sede de la Policía Federal y el Instituto del Buen Pastor, la llevaron en el mismo auto que Benito Moya (detenido entre julio de 1975 y junio de 1981). “Me acuerdo clarito cuando me trajeron con Benito en el mismo vehículo. A él lo bajaron aquí y me lo acuerdo paradito esperando que le abrieran la puerta. Fue cuando nos ‘blanquearon’, pasamos a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, cuando decidieron que íbamos a vivir”, relató. Moya también participó de la inspección y recordó ese momento con los ojos llorosos: “fue un calvario lo que vivimos tras el Golpe de Estado (24 de marzo de 1976). La pasamos tan mal aquí. Es duro recordar a los compañeros que estuvieron y fueron asesinados”. Ayer fue la primera vez que ambos volvieron a Villa Urquiza. “Fue bastante difícil entrar”, reconoció Reynaga, presidenta de la asociación de ex presos políticos. Moya afirmó que sentían, sin embargo, la obligación de estar allí, para aportar a la causa.
“Esto es conmocionante”, calificó Gustavo Herrera. Remarcó que en el área de penados pudo reconocer su celda y la contigua, de la que sacaron a Suter para matarlo. “Están hasta los números puestos en la puertas. Se pudo constatar que en la que estaba Suter era la 213 y que la de la par, la mía, la 211”, precisó. Reflexionó respecto de la situación de los detenidos allí desde 1974 y hasta el retorno de la democracia: “para que más de 100 personas estemos en este campo de concentración hacía falta todo un aparato del estado y complicidades como las de la Justicia y la Iglesia”.
El área en la que estaban las mujeres con sus niños luce diferente, de acuerdo con los testigos. “Logramos dimensionar que era más chico de lo que recordábamos. Fue inconcebible que podamos pasar tanto tiempo ahí, no teníamos contacto con el exterior ni ventilación. Aisladas y hacinadas”, retrató.
Teresa Sosa estaba aún shokeada al terminar la medida. “Tuve mi hija aquí, en cautiverio. Sobrevivíamos como podíamos. Porque eso no fue vivir. Todo está cambiado. Apenas es visible ahora la letrina y un caño donde nos bañábamos. Pudimos reconocer donde nació Enriquito. Espero que no ocurra nunca más y que los responsables estén presos como deben estar”, requirió. Teresa fue una de las detenidas que asistió el parto de Hortencia Juárez en un calabozo en 1976.
Graciela Achin aseguró que fue “tremendo” cuando en un pasaje de la recorrida tuvo que reconocer la oficina de Hidalgo. “Le había pedido una entrevista para pedirle por la vida de mi marido, que estaba detenido-desaparecido. Rememoré ese día y no pensé que me iba a sacudir así”, expresó. Su esposo, Santiago Omar Vicente, permanece desaparecido.
“Terminamos la inspección con la sensación de haber cumplido con la memoria de los compañeros”, concluyó Luis Ortiz.
Los testigos estuvieron contenidos por miembros del equipo interinstitucional de psicólogos que acompaña a las víctimas durante los juicios. Guillermo Anachuri, representante local del Centro “Dr. Fernando Ulloa”, explicó que volver a ingresar al penal fue muy movilizante para los sobrevivientes, pero que posibilitó un aporte a la reconstrucción de la memoria de cada uno, pero también de la colectiva.
El fiscal Leopoldo Peralta Palma valoró los resultados de la medida para el proceso oral. La querellante Julia Vitar subrayó que los jueces y las partes pudieron obtener una idea más completa de cómo fue la situación de encierro ilegal de las víctimas. Bernardo Lobo Bugeau, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que los datos obtenidos fueron fundamentales, sobre todo, en relación a los asesinatos de Torrente y Suter.
El juicio -el décimo de derechos humanos en Tucumán- determinará las responsabilidades de 10 ex guardiacárceles, ex policías y ex militares en los delitos cometidos contra una treintena de presos políticos y secuestrados en el penal. De acuerdo con la acusación fiscal, bajo la fachada de la cárcel funcionó un cruento centro clandestino de detención desde antes del Operativo Independencia y hasta el retorno de la democracia.
El pabellón de encausados y el de “la muerte”. Las celdas individuales. Los sitios donde habrían matado a Juan Carlos Suter y a José Torrente. El sector donde estuvieron alojadas 29 mujeres y al menos nueve niños en condiciones infrahumanas. La oficina del director de la cárcel Marcos Hidalgo (fallecido), caracterizado como “cruel” en las declaraciones. Esas fueron las dependencias señaladas por los sobrevivientes.
Escenas de dolor
Al acercarse a los muros de la penitenciaría, Lilian Reynaga revivió una escena de hace casi 40 años. Luego de que la secuestraron, en julio de 1975, pasó por diversos centros clandestinos. En uno de los traslados, entre la sede de la Policía Federal y el Instituto del Buen Pastor, la llevaron en el mismo auto que Benito Moya (detenido entre julio de 1975 y junio de 1981). “Me acuerdo clarito cuando me trajeron con Benito en el mismo vehículo. A él lo bajaron aquí y me lo acuerdo paradito esperando que le abrieran la puerta. Fue cuando nos ‘blanquearon’, pasamos a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, cuando decidieron que íbamos a vivir”, relató. Moya también participó de la inspección y recordó ese momento con los ojos llorosos: “fue un calvario lo que vivimos tras el Golpe de Estado (24 de marzo de 1976). La pasamos tan mal aquí. Es duro recordar a los compañeros que estuvieron y fueron asesinados”. Ayer fue la primera vez que ambos volvieron a Villa Urquiza. “Fue bastante difícil entrar”, reconoció Reynaga, presidenta de la asociación de ex presos políticos. Moya afirmó que sentían, sin embargo, la obligación de estar allí, para aportar a la causa.
“Esto es conmocionante”, calificó Gustavo Herrera. Remarcó que en el área de penados pudo reconocer su celda y la contigua, de la que sacaron a Suter para matarlo. “Están hasta los números puestos en la puertas. Se pudo constatar que en la que estaba Suter era la 213 y que la de la par, la mía, la 211”, precisó. Reflexionó respecto de la situación de los detenidos allí desde 1974 y hasta el retorno de la democracia: “para que más de 100 personas estemos en este campo de concentración hacía falta todo un aparato del estado y complicidades como las de la Justicia y la Iglesia”.
El área en la que estaban las mujeres con sus niños luce diferente, de acuerdo con los testigos. “Logramos dimensionar que era más chico de lo que recordábamos. Fue inconcebible que podamos pasar tanto tiempo ahí, no teníamos contacto con el exterior ni ventilación. Aisladas y hacinadas”, retrató.
Teresa Sosa estaba aún shokeada al terminar la medida. “Tuve mi hija aquí, en cautiverio. Sobrevivíamos como podíamos. Porque eso no fue vivir. Todo está cambiado. Apenas es visible ahora la letrina y un caño donde nos bañábamos. Pudimos reconocer donde nació Enriquito. Espero que no ocurra nunca más y que los responsables estén presos como deben estar”, requirió. Teresa fue una de las detenidas que asistió el parto de Hortencia Juárez en un calabozo en 1976.
Graciela Achin aseguró que fue “tremendo” cuando en un pasaje de la recorrida tuvo que reconocer la oficina de Hidalgo. “Le había pedido una entrevista para pedirle por la vida de mi marido, que estaba detenido-desaparecido. Rememoré ese día y no pensé que me iba a sacudir así”, expresó. Su esposo, Santiago Omar Vicente, permanece desaparecido.
“Terminamos la inspección con la sensación de haber cumplido con la memoria de los compañeros”, concluyó Luis Ortiz.
Los testigos estuvieron contenidos por miembros del equipo interinstitucional de psicólogos que acompaña a las víctimas durante los juicios. Guillermo Anachuri, representante local del Centro “Dr. Fernando Ulloa”, explicó que volver a ingresar al penal fue muy movilizante para los sobrevivientes, pero que posibilitó un aporte a la reconstrucción de la memoria de cada uno, pero también de la colectiva.
El fiscal Leopoldo Peralta Palma valoró los resultados de la medida para el proceso oral. La querellante Julia Vitar subrayó que los jueces y las partes pudieron obtener una idea más completa de cómo fue la situación de encierro ilegal de las víctimas. Bernardo Lobo Bugeau, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que los datos obtenidos fueron fundamentales, sobre todo, en relación a los asesinatos de Torrente y Suter.
El juicio -el décimo de derechos humanos en Tucumán- determinará las responsabilidades de 10 ex guardiacárceles, ex policías y ex militares en los delitos cometidos contra una treintena de presos políticos y secuestrados en el penal. De acuerdo con la acusación fiscal, bajo la fachada de la cárcel funcionó un cruento centro clandestino de detención desde antes del Operativo Independencia y hasta el retorno de la democracia.
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