Solicitan la prisión preventiva para los policías imputados

La fiscala Marta Mariana Rivadeneira, que está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de la I° Nominación, elevó ayer el pedido de prisión preventiva para los cuatro policías que están siendo acusados de torturar a G.A, un hombre apodado “El Amarillo”.

El video que mostraba los apremios ilegales a los que -el 20 de septiembre pasado- fue sometido “El Amarillo” fue difundido por LA GACETA. Después de conocerse públicamente estos hechos aberrantes que tuvieron incluso una repercusión internacional, la fiscala Rivadeneira abrió una investigación de oficio que derivó en la detención de los imputados.

En el requerimiento de prisión preventiva que se remitió al Juzgado de Instrucción de la II° Nominación la fiscala Rivadeneira sostiene que “se imputa a los cuatro agentes al considerarlos presuntos coautores materiales y responsables del delito de vejaciones y apremios ilegales en perjuicio de G. A. en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Pública”.

Esa es la acusación que se hizo en contra de los agentes José María Carabajal, Horacio Manuel Álvarez, Víctor Eloy Quinteros y Jorge Alejandro Marchese. Los cuatro policías prestaban servicio en la división Motorizada del sistema 911 y estaban asignados a dar apoyo en la jurisdicción de la Seccional 5ª cuando, según la hipótesis judicial, incurrieron en los vejámenes por los que están siendo acusados.

En este contexto, las fuentes judiciales que fueron consultadas por este diario aclararon que, si bien el delito de apremios ilegales es excarcelable, la fiscala consideró que la situación procesal de los imputados se agravó al estar en concurso con el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. A partir de ahora, el Juzgado de la II° Nominación dispondrá de 10 días hábiles para analizar las pruebas de la causa y determinar si se hará lugar al pedido de prisión preventiva.

En esta etapa de instrucción de la causa los imputados no están obligados a declarar. Fue por esto que dos de los policías se abstuvieron a su derecho de dar su versión de los hechos mientras que otros dos, que habrían trasladado a la víctima después de la tortura, si hablaron y negaron su participación en los vejámenes sufridos por la víctima.

Esta causa sacudió la estructura de la Policía de Tucumán. Y, una vez que se resuelva la cuestión penal, los imputados enfrentarán un trámite administrativo (podrían ser echados de la fuerza).