Menos requisitos para los gastos de funcionarios

Sólo cuatro legisladores (una oficialista y tres opositores) hicieron uso de la palabra para debatir la modificación a la Ley de Administración Financiera (N° 6.970). Pese a la brevedad de este debate, quedaron flotando en el recinto interrogantes sobre cuáles pueden ser los efectos de este cambio, que habilita al Poder Ejecutivo (PE) a “autorizar y aprobar contrataciones, cualquiera sea su importe”. Además, el Gobierno provincial “podrá delegar dichas facultades en los funcionarios que el mismo (en alusión al PE) determine reglamentariamente”.

Así, los nuevos párrafos de la Ley de Administración Financiera permitirán a responsables de diferentes áreas del PE -la norma no especifica cuáles- a realizar compras y contrataciones de servicios, entre otros trámites, sin tope específico ni necesidad de autorización de la Casa de Gobierno cuando los montos superen los $ 13.000, como estaba previsto en el texto original.

“Con estas modificaciones (a la Ley de Administración Financiera) lo que se busca es hacer más expeditivo y eficiente el sistema de compras y ventas para la Provincia”, explicó la alperovichista Beatriz Bordinaro de Peluffo, del bloque Tucumán Crece, para defender los cambios a la Ley N° 6.970. Ante la ausencia (con aviso) del titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Ramiro González Navarro, la dirigente del sur hizo las veces de miembro informante, ya que ese comité -integrado sólo por oficialistas- no tiene vicepresidente.

Bordinaro detalló que los cambios “permiten que el PE pueda delegar la facultad de autorizar y aprobar contrataciones en funcionarios, cualquiera sea la compra. Esto está orientado a lograr mejores resultados de la gestión”, agregó.

El artículo 55° de la Ley N° 6.970 establecía que “toda compra” y “contrataciones” que se realicen por cuenta de la Provincia deben ser efectuadas por licitación pública. “No obstante, podrá contratarse por licitación privada o concurso de precios cuando el importe estimado de la operación no sea superior $ 8.000”, expresaba el párrafo original.

Ahora, se autorizó al PE “a modificar los montos consignados” en ese artículo “en base a los valores de índices de precios elaborados por organismos oficiales”.

El artículo 56° señalaba que el PE debía aprobar “las contrataciones que excedan $ 13.000”, y guardaba la potestad de determinar a los funcionarios que autorizaban los gastos. La modificación de ayer eliminó el monto señalado. También “borró” las cifras expresadas en el último párrafo del artículo 59° de la Ley de Administración Financiera, que remarcaban la intervención del PE cuando el monto fuera superior a los $ 13.000.

“Esto es muy delicado: aparentemente, se concentra en el PE todo tipo de contratación, y a continuación el gobierno puede delegar esa facultad a funcionarios de menor jerarquía”, acusó el radical Federico Romano Norri. El demócrata cristiano José Manuel Páez también aportó críticas: “esto constituye una delegación de facultades al PE que son propias a la Legislatura; esto autoriza a modificar los topes de $ 8.000 y $ 13.000 para las contrataciones directas”.

El ministro de Economía, Jorge Jiménez, fue consultado por LA GACETA para conocer el impacto de esta modificación. Según explicó, las contrataciones directas son facultades propias y originarias del PE. Mencionó que Desarrollo Social y Salud la tienen, en la medida que poseen presupuesto. “No queremos que se aumenten los límites”, afirmó. Agregó que la idea es controlar los gastos, en especial los de consumo. Y agregó que los topes para las erogaciones serán fijados por decreto.