“No hay un avance del narcotráfico, hay un retroceso del Estado”, afirmó Sanjuan

La frontera norte de Argentina es endeble y el narcotráfico aprovechó esa debilidad para instalar organizaciones que le permitan comercializar estupefacientes a gran escala. Ese es el análisis que hizo el juez Federal Ricardo Sanjuán acerca del avance de los narcos en el país, en una entrevista con LA GACETA.

Consultado sobre los buzones que se instalaron a principios de agosto en la provincia para la recepción de denuncias anónimas (ver “La Justicia investiga 56 denuncias anónimas”), el magistrado explicó cuál es la situación que impera en la actualidad. “No hay un avance del narcotráfico, hay un retroceso del Estado. El Estado fue retrocediendo ante todas estas organizaciones o grupos dedicados al narcotráfico que empujaron la frontera (norte) de Argentina hasta llevarla -prácticamente- a los controles que se realizan en la frontera de Tucumán con Salta. Esto es lo que ocurre en el norte. Aunque otros jueces me dijeron que en el Litoral está pasando lo mismo”, aseguró.

El límite con Bolivia es una línea lábil y descontrolada donde la vigilancia no responde a las necesidades de control que se requieren, según indicó Sanjuán. “No hay radarización ni controles en el norte y los aviones que deben proteger la frontera no están. El ‘Escudo Norte’, que supuestamente funciona, no existe. Además, lo que ocurrió en Rosario con la banda de ‘Los Monos’ no es una excepción en el país. Acá en el norte es igual, porque para que existan todos estos centros de distribución pequeños o Pymes, como prefiero llamarlos, tiene que haber mayoristas que los provean de la droga que venden”, consideró.

En su planteo, el magistrado develó las falencias con las que se enfrentan la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad. “Esto se disparó después de un caso puntual que ocurrió en el Juzgado Federal de Orán, que es la zona más caliente debido a su proximidad con la frontera. Ese juzgado estuvo unos 20 años sin ponerse en vigencia. Y cuando se lo puso en función significó una especie de ‘paraguas de conflictos’ para los juzgados federales de Salta y Jujuy. Se vio colapsado de tal manera por las denuncias que recibía y por la falta de espacio para alojar a los detenidos, que llegó a poner en peligro la integridad física de los jueces y funcionarios de ese juzgado”, afirmó Sanjuán.

Señores de la ruta
El juez explicó que la intendencia de Orán había habilitado una especie de playa de estacionamiento para que “los paseros” (personas que cruzan la frontera) que venían de Bolivia dejaran la mercadería con la que se cargaban los vehículos que la transportaban a distintas ciudades del país. “Esos convoys formados por colectivos, autos y camionetas se organizaban para cruzar los controles de Gendarmería ocupando las dos manos de la ruta. Aceleraban a unos 80 o 100 km/h y no había manera de pararlos. Como los gendarmes no tenían manera alguna de detenerlos, le informaron acerca de esta situación a la Justicia Federal para que intervenga. Ese fue uno de los motivos por los que se hicieron las reuniones en Rosario de la Frontera y Orán (entre jueces federales) porque se comprobó la ineficiencia que había para controlar a estos convoys formados hasta por 60 vehículos en los que viajaban entre 300 y 350 personas, que pasaban los controles llevando la ropa que vendían en ‘las saladitas’ que hay por todo el país y que aprovechaban para traficar drogas”, explicó.

La organización de estos “tours de compras” tenía su matriz en Tucumán. Y uno de estos casos trascendió públicamente con un operativo que se realizó en junio en la zona de Ticucho. “Esto venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. Cuando no se los controla, pueden llevar cualquier cosa. El cabecilla de esta organización era un tucumano al que se le secuestraron armas y fue detenido. Este hombre tenía contactos en toda la frontera. Cuando los jueces fuimos a la reunión que se realizó en Orán quisimos dejarles en claro (a los narcos) que no tenemos la intención de retroceder. Además, nos sirvió para mejorar la comunicación entre los juzgados y entre los sectores de Inteligencia que tienen las fuerzas de seguridad. Se estaban produciendo procedimientos contradictorios porque en una jurisdicción volteábamos a un camioncito y la droga nos pasaba por todos lados” (sic), remarcó.

Economía ilegal
Para Sanjuán, los dealers y las personas que se dedican a la venta de droga por menudeo funcionan como Pymes. “El menudeo no existiría si en cada lugar por el que pasa la droga que se transporta hacia los grandes centros urbanos, como puede ser Buenos Aires, no fuera quedando droga. Es por eso que la droga se va encareciendo en la medida en que va pasando de un lugar a otro, porque para pasar los traficantes pagan con dinero o con droga. Y en estas Pymes, como les digo yo, hay muchas personas que viven de esta actividad. La Digedrop viene realizando, dentro de sus posibilidades, un buen trabajo en contra de esta venta al menudeo, como se la suele llamar. Sin embargo, es necesario que haya reparticiones de esta fuerza especial de la Policía en todas las regionales de la provincia. Ya les comuniqué este planteo a las autoridades del Poder Ejecutivo que se ocupan de esta área”, precisó el magistrado.

Por último, Sanjuán también se refirió a las denuncias que reciben por vía telefónica sobre la venta de droga. “El 0800 es prácticamente un fracaso porque la gente tiene miedo de ser reconocida por su voz. Por eso iniciamos la ‘Campaña por la Vida’, instalando buzones para denuncias anónimas”, remarcó.