Según el PE, una ley amparaba el retraso en Lomas

“A mí me da un poco de pena cómo los periodistas y los auditores hablan. En el año 2009 o 2008 se hizo una ley porque estaba el problema con el campo y no llegaba dinero. Permitía a las empresas que se demoren en un 25%”. Con esas palabras, el gobernador, José Alperovich, cuestionó ayer los resultados de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el megabarrio Lomas de Tafí publicados por LA GACETA. Según la AGN, las constructoras que ejecutaron trabajos en el emprendimiento entre 2009 y 2011 demoraron, en promedio, un 40% más de lo previsto en los contratos. Pese a ello, no fueron multadas por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), tal como prevé la Ley de Obras Públicas.

Alperovich citó la Ley N° 8.246 (vigente desde enero de 2010) para justificar los aplazos y desacreditar la publicación. El texto de la norma prevé, sin embargo, en su primer artículo tardanzas sólo de entre 45 días y el 25% como máximo (del plazo previsto en los contratos de adjudicación). Es decir, poco más de la mitad de la mora registrada por la auditoría nacional.

“No queríamos que se pare la obra pública. Sería lindo que estudien la ley que fue aprobada”, ironizó. Así, el titular del Ejecutivo cargó luego contra el titular de la Auditoría, Leandro Despouy. “Lástima que el auditor, que es de la oposición, diga la mitad. Las peores mentiras son las verdades dichas a medias. Uno ya está acostumbrado a escuchar sólo críticas de la oposición. Lo importante es que Lomas de Tafí es una gran obra”, concluyó.

El interventor del Ipvdu, Gustavo Durán, afirmó que las leyes 7.733 (2006), 8.072 (2008) y 8.246 (2010) preveían la demora en Lomas de Tafí (la primera fue derogada y la segunda establece como máximo de ampliación de plazos también el 25%). “Todo el emprendimiento tuvo demoras, pero en el marco de la legalidad. La Ley de Obras Públicas, mediante la que contrata la Provincia, tiene un capítulo entero con demoras en los plazos por distintas causas”, aseguró. En relación a las sanciones que no se aplicaron, añadió que “lo que seguro iba a pasar era la paralización de obra, y eso es lo peor que podía pasar. Con respecto a las multas, la ley dice claramente que no se debía aplicar multas porque faltaban pagos por parte del Estado provincial”.

El informe

La auditoría se efectuó sobre el programa de financiamiento “Techo Digno”, mediante el que se construyeron al menos 2.000 unidades del emprendimiento. Incluye el detalle de las “demoras registradas en los plazos de obra”. Si bien no detalla las empresas en falta, en las planillas del informe se consignan sectores de entre 200 y 300 casas que tenían hasta el 49% de tardanza. El megabarrio, ubicado en Tafí Viejo, comenzó a construirse en 2005 y costó alrededor de $ 900 millones.

La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) requirió nuevamente ayer la remoción de Durán. “Es necesario recordarle al interventor que se han violado normas de manera sistemática, lo cual generó problemas reales a los tucumanos. La infracción de esas leyes derivaron, por ejemplo, en la mora de la entrega de las escrituras traslativas de dominio, lo cual afecta gravemente los derechos de los ciudadanos y, en algunos casos (como Lomas de Tafí) permite abusos en cuanto a las condiciones y precio de las viviendas adjudicadas”, advirtió.