La supuesta médica trucha no contestó preguntas y actuó de manera alterada en una fiscalía penal

A fines de 2009, Andrea Lorena Martínez se presentó en la Policía y denunció que le habían robado la cartera. En el bolso, aseguró, tenía su libreta universitaria y los originales del título de médica y del certificado analítico de materias aprobadas. Así, justificaba no poder exhibir los documentos auténticos para su oficialización: se manejaba con fotocopias.

Sin embargo, el informe que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) remitió al fiscal de Instrucción de la IV° Nominación, Diego López Ávila, fue tajante. Martínez no sólo no figuraba en los registros de egresados de la unidad académica, sino que los que figuraban como firmantes del título no eran autoridades en la supuesta fecha de su expedición.

La mujer, detenida el lunes a la noche acusada de ejercer la medicina ilegalmente, ni siquiera se había inscripto como alumna en Medicina. La copia del título que había presentado en el Siprosa (Sistema Provincial de Salud) llevaba la firma del decano de esa facultad, Mateo Martínez, y del secretario Académico Rafael Antonio Tissera, y estaba fechado en diciembre de 2008.

Pero en esa fecha el decano de Medicina de la UNT era Horacio Deza. Este es uno de los principales puntos de la acusación que López Ávila realizó a Martínez, y que se encuadraría en varios delitos (falsificación de instrumento público, usurpación de títulos y honores y ejercicio ilegal de la medicina, entre otros).

El decano de la facultad de Medicina, Mateo Martínez, comentó ayer que luego de que verificaran que habían falsificado un título de la UNT, pidieron a la Dirección de Asuntos Jurídicos que analice si la Casa de Altos de Estudios debería presentarse como querellante en la causa. “Este es un intento de fraude que vino desde afuera de la comunidad universitaria”, afirmó el decano.

La investigación

La denuncia contra Andrea Martínez había sido presentada el 8 de marzo en la fiscalía de López Ávila, que se encontraba de turno. Una médica que trabaja en un hospital de la capital declaró que el día anterior el Siprosa le había notificado que había iniciado una investigación interna, porque una mujer estaba utilizando su número de matrícula.

Además de los pedidos de informes que el fiscal solicitó a la Universidad Nacional de Tucumán y a la Dirección General de Fiscalización Sanitaria del Siprosa, se dispuso que la división Delitos contra las Personas, a cargo del subcomisario Miguel Frías y del comisario Luis Núñez, realizara un seguimiento de la supuesta médica para lograr conocer en qué lugares estaba ejerciendo la profesión.

Según se logró determinar en la investigación, Martínez trabajaba en un centro nutricional ubicado en el microcentro (en el que se desempeñaba como directora médica), en dos Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) del Siprosa, en dos geriátricos de Banda del Río Salí y en el hospital de Simoca.

Martínez se presentaba como médica clínica, usaba recetarios, tenía su propio sello y prescribía medicamentos, de acuerdo con la acusación.

El martes a la tarde cuando fue llevada a Tribunales para que declare, Martínez pidió que se postergara la indagatoria ya que quería ser asistida por un abogado de su confianza, contaron fuentes judiciales. Ante esto se convocó al defensor Oficial de Turno y se dejó asentado en un acta que la declaración se iba a realizar ayer a la tarde. La supuesta médica trucha avaló el instrumento con su firma.

Distinta postura

Pero su lucidez mental habría sido distinta ayer, según relataron fuentes de la fiscalía de Instrucción. Desde que se sentó ante la instructora de la causa, Martínez se mantuvo en silencio.

Su actitud motivó que se diera por terminada la indagatoria, y cuando se le solicitó que firmara el acta de declaración, la acusada habría dibujado una flor en el papel. Finalmente, en la Fiscalía tuvieron que dejar asentada la impresión de su huella dactilar.

Incluso Martínez habría reaccionado a los gritos cuando vio a una de las empleadas de la fiscalía, contó una fuente que presenció la situación.

A la presentación que había realizado la médica a la cual Martínez le habría utilizado su número de matrícula, se le sumó la de una segunda profesional, a quien correspondería el número de legajo universitario que figuraba en el certificado analítico que presentó la acusada en el Siprosa. Esta médica sería otra damnificada de la supuesta profesional trucha.