Por Federico Türpe
12 Abril 2014
Una ley del Estado de Arkansas dispone que el río homónimo no puede crecer más alto que el puente de Main Street, en la ciudad de Little Rock.
La legislación no siempre está en comunión con lo que denominamos “sentido común”. Incluso, hay normas que rayan el absurdo o son directamente inaplicables, porque han sido sancionadas durante un contexto diferente al actual, o porque no han sido correctamente formuladas, o porque fueron aprobadas respondiendo a intereses espurios que a veces chocan de frente con la realidad. Y como de chocar se trata, en el Estado de Texas hay una ley que dispone que cuando dos trenes se encuentran en un cruce de vías deben detenerse completamente y ninguno puede continuar “hasta que el otro se haya ido”.
La insensatez en el fuero penal puede ser más peligrosa porque están en juego la vida y la libertad de las personas. Es lo que intentó explicar el martes el vocal de la Cámara Penal, Emilio Páez de la Torre, quien integró el tribunal que fijó la condena de los responsables del secuestro de María de los Angeles Verón.
“Jamás he visto el expediente”, dijo el camarista. “Para condenar, debo tener certezas. Y la certeza es algo intransferible, propio. Me resultó moralmente inaceptable fijar una pena en un caso que no he juzgado”, explicó.
La Corte Suprema le respondió ayer con la ley en la mano, argumentando que “el procedimiento no encuentra reparo constitucional” y recordando que, mediante sentencia, el 18 de diciembre de 2013 “se remitieron los 63 cuerpos del expediente referido a la Cámara Penal”. En otras palabras, los jueces recibieron del máximo tribunal 12.600 fojas y en tres meses debían condenar con penas de entre 10 y 22 años a diez personas a las que no juzgaron y en base a un expediente que no leyeron.
En Chicago existe una ley que prohibe comer en un lugar que se esté incendiando y, en Devon, Connecticut, es ilegal caminar hacia atrás de noche.
No se puede probar que la condena del caso Verón fue un “pedido especial” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para sosegar a una mujer que no mide sus palabras, como Susana Trimarco, y a quien todos prefieren tener de su lado. La misma mandataria que con su dedo índice apuntando al cielo no se cansó de fustigar al Poder Judicial por su falta de independencia y sobre el cual intentó avanzar en varias oportunidades.
Son los gestos contradictorios de una mandataria -y de toda una clase política- que brega por la paz y la unión de “los 40 millones argentinos” por Cadena Nacional y, trascartón, sale al Patio de las Palmeras a festejar y bailar las canciones hostiles y fascistoides de los chicos de La Cámpora.
En Pocatello, Idaho, una ley de 1912 prohibe llevar armas ocultas “a menos que se exhiban públicamente”, y en Seattle, Estado de Washington, es ilegal llevar un arma oculta que mida más de 1,8 metros de largo.
En un escenario donde la inseguridad encabeza todos los índices de preocupación, estas señales demuestran que los funcionarios están más interesados en cuidar sus propias espaldas que las de la sociedad.
La cuestión de fondo -impartir Justicia- importa poco: lo que vale es poder salir en la tele a dar buenas noticias, aunque sean inventadas, forzadas, tergiversadas, manipuladas. Si por un caso mediático se ejerce la máxima influencia política, imaginemos lo que ocurre si en el banquillo de los acusados hay alguien poderoso, como un vicepresidente, por ejemplo. Tal vez por eso ningún funcionario fue preso en la última década, o será que Argentina debería encabezar las mediciones mundiales de transparencia. ¡Qué injusticia! Menos mal que en este país no hay leyes como en Pennsilvania, donde está prohibido cantar en la ducha.
La legislación no siempre está en comunión con lo que denominamos “sentido común”. Incluso, hay normas que rayan el absurdo o son directamente inaplicables, porque han sido sancionadas durante un contexto diferente al actual, o porque no han sido correctamente formuladas, o porque fueron aprobadas respondiendo a intereses espurios que a veces chocan de frente con la realidad. Y como de chocar se trata, en el Estado de Texas hay una ley que dispone que cuando dos trenes se encuentran en un cruce de vías deben detenerse completamente y ninguno puede continuar “hasta que el otro se haya ido”.
La insensatez en el fuero penal puede ser más peligrosa porque están en juego la vida y la libertad de las personas. Es lo que intentó explicar el martes el vocal de la Cámara Penal, Emilio Páez de la Torre, quien integró el tribunal que fijó la condena de los responsables del secuestro de María de los Angeles Verón.
“Jamás he visto el expediente”, dijo el camarista. “Para condenar, debo tener certezas. Y la certeza es algo intransferible, propio. Me resultó moralmente inaceptable fijar una pena en un caso que no he juzgado”, explicó.
La Corte Suprema le respondió ayer con la ley en la mano, argumentando que “el procedimiento no encuentra reparo constitucional” y recordando que, mediante sentencia, el 18 de diciembre de 2013 “se remitieron los 63 cuerpos del expediente referido a la Cámara Penal”. En otras palabras, los jueces recibieron del máximo tribunal 12.600 fojas y en tres meses debían condenar con penas de entre 10 y 22 años a diez personas a las que no juzgaron y en base a un expediente que no leyeron.
En Chicago existe una ley que prohibe comer en un lugar que se esté incendiando y, en Devon, Connecticut, es ilegal caminar hacia atrás de noche.
No se puede probar que la condena del caso Verón fue un “pedido especial” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para sosegar a una mujer que no mide sus palabras, como Susana Trimarco, y a quien todos prefieren tener de su lado. La misma mandataria que con su dedo índice apuntando al cielo no se cansó de fustigar al Poder Judicial por su falta de independencia y sobre el cual intentó avanzar en varias oportunidades.
Son los gestos contradictorios de una mandataria -y de toda una clase política- que brega por la paz y la unión de “los 40 millones argentinos” por Cadena Nacional y, trascartón, sale al Patio de las Palmeras a festejar y bailar las canciones hostiles y fascistoides de los chicos de La Cámpora.
En Pocatello, Idaho, una ley de 1912 prohibe llevar armas ocultas “a menos que se exhiban públicamente”, y en Seattle, Estado de Washington, es ilegal llevar un arma oculta que mida más de 1,8 metros de largo.
En un escenario donde la inseguridad encabeza todos los índices de preocupación, estas señales demuestran que los funcionarios están más interesados en cuidar sus propias espaldas que las de la sociedad.
La cuestión de fondo -impartir Justicia- importa poco: lo que vale es poder salir en la tele a dar buenas noticias, aunque sean inventadas, forzadas, tergiversadas, manipuladas. Si por un caso mediático se ejerce la máxima influencia política, imaginemos lo que ocurre si en el banquillo de los acusados hay alguien poderoso, como un vicepresidente, por ejemplo. Tal vez por eso ningún funcionario fue preso en la última década, o será que Argentina debería encabezar las mediciones mundiales de transparencia. ¡Qué injusticia! Menos mal que en este país no hay leyes como en Pennsilvania, donde está prohibido cantar en la ducha.
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