28 Febrero 2014
El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) decidió atenerse a lo dispuesto por el jurado y desestimó casi todas las impugnaciones presentadas contra la administración de la prueba escrita en el proceso para seleccionar un vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Esta posición alcanza a los planteos de los postulantes Wendy Kassar, Guillermo Acosta y Enrique Pedicone. La única excepción fue el caso del concursante Benjamín Nuñez Arévalo, que sumó dos puntos previo visto bueno del tribunal que corrigió la oposición. En la sesión del 19 de febrero, el órgano había rechazado las objeciones presentadas contra la calificación de los antecedentes.
La decisión fue adoptada el miércoles pasado con el consenso de los consejeros Claudia Sbdar (presidenta); Federico Romano Norri; Adriana Najar; Graciela Suárez; Marcela Ruiz; Antonio Bustamante y Raúl Martínez Aráoz. Fuentes del Consejo informaron que no firmaron el acto los consejeros del sur presentes en la sesión -Isabel Nacul, Martín Tello y Rolando Granero- ni Eudoro Albo, que es vocal de la Cámara de Apelaciones y está excusado en este proceso.
El acuerdo en cuestión es irrecurrible en sede administrativa, según el reglamento del CAM. Ese dato no es menor puesto que el criterio adoptado supone un cambio en el orden de mérito provisorio elaborado el 12 de noviembre pasado a partir de los resultados de la calificación del curriculum y de la prueba escrita. Al sumar dos puntos, Nuñez Arévalo escaló una posición y relegó al concursante Walter Ojeda Ávila al sexto lugar. Después de la resolución de las impugnaciones, el orden de mérito provisorio, que incluye sólo a los postulantes que lograron los puntajes mínimos para pasar a la entrevista, luce así: 1) Juan Carlos Nacul (81 puntos); 2) Gustavo Romagnoli (75,5); 3) Pedicone (58,5); 4) Roberto Flores (58,25); 5) Núñez Arévalo (57,5); 6) Ojeda Ávila (56,5); 7) Miguel Á. Varela (54,5) y 8) Luis F. Morales Lezica (54). Quedaron afuera de este ranking y, por ende, del concurso, los candidatos Kassar; Acosta; Fernando R. Rivera; Enrique Cacici; Carlos G. Cattáneo y Augusto J. Paz Almonacid.
Sólo los cinco primeros finalistas tienen en principio posibilidades de ingresar a la terna que el CAM ha de elaborar tras la entrevista. Para entrar en el terceto, el sexto de la lista, Ojeda Ávila, no sólo tendría que sacar el puntaje perfecto en esta fase (10 puntos): también debería darse la casualidad de que los postulantes que lo preceden obtengan calificaciones bajas o falten a la entrevista. Si lo de Ojeda Ávila es difícil, lo de Varela y Morales Lezica parece imposible, sobre todo porque, últimamente, el CAM tiende a calificar las entrevistas de tal modo de no alterar la escala prevista en el orden de mérito.
En el caso de la codiciada vocalía de la Cámara de Apelaciones, los experimentados Nacul y Romagnoli sacaron una ventaja significativa al resto de los finalistas. Esta circunstancia -sumada al conservadurismo del CAM- les garantiza un lugar en la terna a cada uno de ellos. Toda la atención se concentra, entonces, en el tercer puesto porque entre Pedicone y Nuñez Arévalo hay -¡sólo!- tres puntos de diferencia, y entre Pedicone y el cuarto, Flores, hay -¡apenas!- 0,25 puntos de distancia. Es decir, la silla que ocupa Pedicone puede cambiar de dueño. Y resulta que este no es cualquier asiento: como el gobernador José Alperovich se resiste a nombrar a Nacul y Romagnoli -ambos siguen concursando porque fueron vetados varias veces-, todo hace pensar que el último integrante de la terna se quedará con el cargo que perteneció a Elva Graciela Jiménez, hermana de Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia.
Amenaza latente
El proceso de selección del vocal de la Cámara de Apelaciones quizá sea el más delicado de los que sustanció el CAM. Sucede que por ese tribunal de sala única -diseñado por Jiménez en 2003- pasa la revisión de la investigación penal preparatoria de los tres centros judiciales de la provincia.
Los intereses en pugna quedaron expuestos desde el primer momento del concurso, que fue abierto el 21 de febrero del año pasado. El cargo atrajo a un juez (Acosta); a un funcionario del Ministerio de Gobierno y Justicia, y abogado de la senadora Beatriz Rojkés (Cattáneo); a un ex legislador e intendente justicialista (Pedicone) y a numerosos funcionarios judiciales. El CAM manejó con pinzas la tramitación de este proceso (sobre todo, la integración del jurado encargado de administrar la prueba) porque permanentemente pendió sobre él la amenaza de la judicialización.
La decisión fue adoptada el miércoles pasado con el consenso de los consejeros Claudia Sbdar (presidenta); Federico Romano Norri; Adriana Najar; Graciela Suárez; Marcela Ruiz; Antonio Bustamante y Raúl Martínez Aráoz. Fuentes del Consejo informaron que no firmaron el acto los consejeros del sur presentes en la sesión -Isabel Nacul, Martín Tello y Rolando Granero- ni Eudoro Albo, que es vocal de la Cámara de Apelaciones y está excusado en este proceso.
El acuerdo en cuestión es irrecurrible en sede administrativa, según el reglamento del CAM. Ese dato no es menor puesto que el criterio adoptado supone un cambio en el orden de mérito provisorio elaborado el 12 de noviembre pasado a partir de los resultados de la calificación del curriculum y de la prueba escrita. Al sumar dos puntos, Nuñez Arévalo escaló una posición y relegó al concursante Walter Ojeda Ávila al sexto lugar. Después de la resolución de las impugnaciones, el orden de mérito provisorio, que incluye sólo a los postulantes que lograron los puntajes mínimos para pasar a la entrevista, luce así: 1) Juan Carlos Nacul (81 puntos); 2) Gustavo Romagnoli (75,5); 3) Pedicone (58,5); 4) Roberto Flores (58,25); 5) Núñez Arévalo (57,5); 6) Ojeda Ávila (56,5); 7) Miguel Á. Varela (54,5) y 8) Luis F. Morales Lezica (54). Quedaron afuera de este ranking y, por ende, del concurso, los candidatos Kassar; Acosta; Fernando R. Rivera; Enrique Cacici; Carlos G. Cattáneo y Augusto J. Paz Almonacid.
Sólo los cinco primeros finalistas tienen en principio posibilidades de ingresar a la terna que el CAM ha de elaborar tras la entrevista. Para entrar en el terceto, el sexto de la lista, Ojeda Ávila, no sólo tendría que sacar el puntaje perfecto en esta fase (10 puntos): también debería darse la casualidad de que los postulantes que lo preceden obtengan calificaciones bajas o falten a la entrevista. Si lo de Ojeda Ávila es difícil, lo de Varela y Morales Lezica parece imposible, sobre todo porque, últimamente, el CAM tiende a calificar las entrevistas de tal modo de no alterar la escala prevista en el orden de mérito.
En el caso de la codiciada vocalía de la Cámara de Apelaciones, los experimentados Nacul y Romagnoli sacaron una ventaja significativa al resto de los finalistas. Esta circunstancia -sumada al conservadurismo del CAM- les garantiza un lugar en la terna a cada uno de ellos. Toda la atención se concentra, entonces, en el tercer puesto porque entre Pedicone y Nuñez Arévalo hay -¡sólo!- tres puntos de diferencia, y entre Pedicone y el cuarto, Flores, hay -¡apenas!- 0,25 puntos de distancia. Es decir, la silla que ocupa Pedicone puede cambiar de dueño. Y resulta que este no es cualquier asiento: como el gobernador José Alperovich se resiste a nombrar a Nacul y Romagnoli -ambos siguen concursando porque fueron vetados varias veces-, todo hace pensar que el último integrante de la terna se quedará con el cargo que perteneció a Elva Graciela Jiménez, hermana de Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia.
Amenaza latente
El proceso de selección del vocal de la Cámara de Apelaciones quizá sea el más delicado de los que sustanció el CAM. Sucede que por ese tribunal de sala única -diseñado por Jiménez en 2003- pasa la revisión de la investigación penal preparatoria de los tres centros judiciales de la provincia.
Los intereses en pugna quedaron expuestos desde el primer momento del concurso, que fue abierto el 21 de febrero del año pasado. El cargo atrajo a un juez (Acosta); a un funcionario del Ministerio de Gobierno y Justicia, y abogado de la senadora Beatriz Rojkés (Cattáneo); a un ex legislador e intendente justicialista (Pedicone) y a numerosos funcionarios judiciales. El CAM manejó con pinzas la tramitación de este proceso (sobre todo, la integración del jurado encargado de administrar la prueba) porque permanentemente pendió sobre él la amenaza de la judicialización.
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