La Justicia frena la expropiación de Ciccone

La Justicia frena la expropiación de Ciccone

Un juez en lo comercial determinó que la ley viola, en parte, la Constitución

02 Octubre 2013
BUENOS AIRES.- A 13 meses de aprobada la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, que no iba a costarle un peso al Estado nacional, la Justicia aplicó un freno a los planes del Gobierno nacional.

Según publicó La Nación, el juez en lo Comercial Javier Cosentino determinó que esa ley de expropiación viola, al menos de manera parcial, la Constitución, al igual que el "convenio de avenimiento" que dispuso la Casa Rosada para compensar la eventual indemnización por la deuda por $ 275,7 millones que mantenía la imprenta con la AFIP.

Cosentino, a cargo del concurso de la firma, avanzó además sobre algunas figuras decisivas en la compleja trama del "caso Ciccone". Apartó al ex presidente y representante legal de la imprenta Alejandro Vandenbroele y al interventor oficial de la firma, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, de las negociaciones que deberían llevar al cobro de esa indemnización. El juez delegó esa responsabilidad en el síndico del concurso, Martín Stolkiner, tras exponer que Lorenzino afrontaba "un claro conflicto de intereses que tornaba incompatible su actuación", ya que debería reclamarle al Gobierno que él integra una indemnización que él a su vez debería pagar.

El magistrado firmó el fallo el viernes -pero trascendió el lunes- tras escuchar los últimos meses argumentos contrapuestos de la familia Ciccone -tiene el 30% de las acciones-, Vandenbroele -como presidente de la compañía y de The Old Fund, con el 70% restante-, de Lorenzino, de la AFIP, del síndico y del fiscal.

El fallo comenzó a ser notificado el viernes y se descuenta en Tribunales que será apelado por todos, ya que Cosentino buscó una solución salomónica, al admitir planteos de cada uno, pero también cerrarles la puerta a otros reclamos.

El juez en comercial determinó que ahora el síndico deberá efectuar "un cálculo matemático" para determinar la compensación de las acreencias que le corresponderían a la AFIP, sin perjudicar al resto de los acreedores.

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