Por Roberto Delgado
17 Febrero 2013
"Gassenbauer se ha puesto como objetivo tener una suerte de 12 apóstoles que lo lleven a diseñar políticas estructurales de seguridad". (Dicho por una fuente del Ministerio de Seguridad Ciudadana el 23 de enero).
Pasaron dos meses del escándalo del fallo absolutorio a los acusados en el caso de Marita Verón. En este tiempo, el nuevo ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, caminó con pies de plomo sobre el problema candente de la inseguridad y sin dar definiciones concretas -se escudó en que no conocía bien el asunto- dejó que se deslizaran algunas ideas entre anuncios del flamante secretario del área, Paul Hofer, y rumores sobre lo que vendrá. En estos dos meses, se cabalgó sobre la coyuntura con la idea de ofrecer un programa que sirva para "lograr que la población tucumana se sienta protegida", como dijo cuando asumió el 14 de diciembre.
Pura reacción
Cabalgar sobre la coyuntura ha implicado: 1) Seguir con atención los reclamos de Susana Trimarco y la Fundación María de los Ángeles: se echó al jefe y al subjefe de la seccional 2a, acusados de extorsionar a prostitutas en barrio Sur; se hicieron allanamientos en prostíbulos; y tras la vergüenza por la pésima instrucción del caso de Marita, se anunció la reestructuración del Departamento Judicial de la Policía, que centralizará las investigaciones y coordinará tareas entre fuerza de seguridad y Justicia. 2) Atender a Yerba Buena, inquieta por los robos en countries: se trasladó al jefe de la comisaría, Carlos Carrillo, que era un hombre fuerte del ex secretario Eduardo di Lella. 3) Calmar la presión de los agentes, que esperan mejoras salariales y que no habían visto ascensos en 2012: se pasó a retiro a 254 policías, con lo que se producirán movimientos. Pero la inquietud policial es más profunda: los subalternos dicen que el actual organigrama sólo contempla a 5.000 efectivos; pero hay 8.000 y por ello hay agentes que llevan hasta ocho años sin ascender. 4) Poner bajo sumario a media docena de agentes, ante dos denuncias de abusos en las comisarías 8a y 13a. 5) Anunciar que se repararán 12 comisarías y que se hará una alcaidía para detenidos contravencionales en la cárcel de Villa Urquiza. Por lo demás, Hofer, dijo que se trabajará sobre "la formación y capacitación de los cuerpos de seguridad; la operatividad y funcionalidad de la fuerza; y el mejoramiento de la calidad e imagen institucional".
Imagen distorsionada
Esto último es un problema. Tras las denuncias de abusos, Hofer explicó que quieren dar una imagen "cercana y agradable" de la Policía, pero esta no ayuda.
En primer lugar, porque no hay control sobre la discrecionalidad con la que pueden actuar los agentes en la soledad de sus seccionales. Esa discrecionalidad está amparada por un sistema que cobija el pensamiento de que la violencia es una buena forma -si no la principal- de resolver los problemas. Bajo ese concepto se piensa que a quienes se considera delincuentes hay que darles duro porque son "lacras". Ese pensamiento es estructural y se vincula con la idea de que la seguridad se brinda con represión, mas que con prevención.
En segundo lugar, porque los mismos policías tienen la imagen de que su tarea es "luchar contra el delito" y eso no es exacto. ¿Qué porcentaje de policías tuvieron alguna vez un enfrentamiento con disparos? ¿Cuántas prácticas de tiro tienen al año para estar en forma? ¿Y de gimnasia? ¿Cuántos detuvieron delincuentes? En realidad su rutina tiene que ver con problemas comunitarios: conflictos vecinales, ruidos, calidad de vida, basura, accidentes, perros sueltos, incendios, gente intoxicada. Se encargan de problemas sociales que ocurren cuando están cerradas otras áreas del Estado que deberían resolverlos.
Pero su imagen de guardianes contra el delito los lleva a responder con dos códigos de un modelo represivo: uno es la ley policial de la época de la dictadura -1970- y otro es la ley de Contravenciones señalada como inconstitucional hace tres años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta contradicción entre la visión tradicional de la Policía y las respuestas que necesita la sociedad es general en el país. Pero marca a fuego los problemas de seguridad en Tucumán. Hay quienes dicen que la creación de una Policía Judicial -para investigación de crímenes- y una policía estatal orientada a los problemas sociales ayudaría a zafar del intríngulis. Algo de eso intuyeron, astutamente, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse y el concejal Esteban Dumit, que entregan alarmas comunitarias en los barrios, sacando rédito político con su programa policial paralelo que se enfoca en un problema "micro" importante (el pequeño robo y el arrebato) que la Policía ha sido incapaz de solucionar.
En tercer lugar, la deformación de la tarea profesional en una sociedad atormentada por la violencia, a tal punto que la seguridad no es un objetivo de mejora social, sino un negocio. Proliferan las agencias privadas de seguridad, que ven crecer la demanda de servicios mensuales de alarmas monitoreadas -estiman que en dos años el 20 % de las casas los tendrá contratados- y los policías públicos tienen un ingreso paralelo con los servicios adicionales de custodia. Unos 1.000 policías trabajan en bancos, comercios y empresas, cinco horas por día, a 30 pesos la hora, de los cuales un 6 % va a la caja de servicio adicional de la Jefatura de Policía. Redondeando, a esa caja le entran unos 150.000 pesos por mes. ¿Quién controla eso? ¿Y qué otros ingresos tiene la Policía, que la transforman en una gran caja recaudadora? Tareas que poco y nada tienen que ver con "luchar contra el delito".
Esta actividad mal hecha, sólo recaudatoria, llena de claroscuros que hacen que muchos agentes no estén protegidos por el seguro, no ha hecho de esta sociedad un lugar mejor. Al contrario. Basta ver las crónicas para ver que la violencia no cesa -como los asesinatos de tres jubilados desde enero, entre ellos la pianista Mirtha Raia- y pese a la proliferación de cámaras de vigilancia, hoy nadie puede decir que está seguro en las calles: hace tres días le arrebataron el bolso a la fiscala de Instrucción VI en la puerta de su casa.
Atados a las "buenas ondas"
Aún falta que se hagan los grandes anuncios sobre la seguridad. Hasta ahora habló más el presidente de la Corte Suprema, Antonio Estofán, que describió que se está haciendo un trabajo conjunto entre Policía y Justicia porque hay "muy buena onda" con el Ministerio de Seguridad, lo cual habla de la precariedad de las buenas intenciones.
También se rumorea que pronto habrá un 911 para llamadas de emergencia y que se buscará aplicar una suerte de "tolerancia cero" contra el delito. Para eso se está preparando el equipo de los 12 apóstoles -acaso serán el jefe, el subjefe y los encargados de las cinco regionales y de cinco departamentos policiales: Personal, Inteligencia Criminal, Operaciones, Logística y Judicial-. ¿O serán asesores ajenos a la fuerza policial?
"Nada quedará librado al azar", dijo Paul Hofer. Si son doce apóstoles, y se mantienen las buenas ondas, será una cuestión de fe.
Pasaron dos meses del escándalo del fallo absolutorio a los acusados en el caso de Marita Verón. En este tiempo, el nuevo ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, caminó con pies de plomo sobre el problema candente de la inseguridad y sin dar definiciones concretas -se escudó en que no conocía bien el asunto- dejó que se deslizaran algunas ideas entre anuncios del flamante secretario del área, Paul Hofer, y rumores sobre lo que vendrá. En estos dos meses, se cabalgó sobre la coyuntura con la idea de ofrecer un programa que sirva para "lograr que la población tucumana se sienta protegida", como dijo cuando asumió el 14 de diciembre.
Pura reacción
Cabalgar sobre la coyuntura ha implicado: 1) Seguir con atención los reclamos de Susana Trimarco y la Fundación María de los Ángeles: se echó al jefe y al subjefe de la seccional 2a, acusados de extorsionar a prostitutas en barrio Sur; se hicieron allanamientos en prostíbulos; y tras la vergüenza por la pésima instrucción del caso de Marita, se anunció la reestructuración del Departamento Judicial de la Policía, que centralizará las investigaciones y coordinará tareas entre fuerza de seguridad y Justicia. 2) Atender a Yerba Buena, inquieta por los robos en countries: se trasladó al jefe de la comisaría, Carlos Carrillo, que era un hombre fuerte del ex secretario Eduardo di Lella. 3) Calmar la presión de los agentes, que esperan mejoras salariales y que no habían visto ascensos en 2012: se pasó a retiro a 254 policías, con lo que se producirán movimientos. Pero la inquietud policial es más profunda: los subalternos dicen que el actual organigrama sólo contempla a 5.000 efectivos; pero hay 8.000 y por ello hay agentes que llevan hasta ocho años sin ascender. 4) Poner bajo sumario a media docena de agentes, ante dos denuncias de abusos en las comisarías 8a y 13a. 5) Anunciar que se repararán 12 comisarías y que se hará una alcaidía para detenidos contravencionales en la cárcel de Villa Urquiza. Por lo demás, Hofer, dijo que se trabajará sobre "la formación y capacitación de los cuerpos de seguridad; la operatividad y funcionalidad de la fuerza; y el mejoramiento de la calidad e imagen institucional".
Imagen distorsionada
Esto último es un problema. Tras las denuncias de abusos, Hofer explicó que quieren dar una imagen "cercana y agradable" de la Policía, pero esta no ayuda.
En primer lugar, porque no hay control sobre la discrecionalidad con la que pueden actuar los agentes en la soledad de sus seccionales. Esa discrecionalidad está amparada por un sistema que cobija el pensamiento de que la violencia es una buena forma -si no la principal- de resolver los problemas. Bajo ese concepto se piensa que a quienes se considera delincuentes hay que darles duro porque son "lacras". Ese pensamiento es estructural y se vincula con la idea de que la seguridad se brinda con represión, mas que con prevención.
En segundo lugar, porque los mismos policías tienen la imagen de que su tarea es "luchar contra el delito" y eso no es exacto. ¿Qué porcentaje de policías tuvieron alguna vez un enfrentamiento con disparos? ¿Cuántas prácticas de tiro tienen al año para estar en forma? ¿Y de gimnasia? ¿Cuántos detuvieron delincuentes? En realidad su rutina tiene que ver con problemas comunitarios: conflictos vecinales, ruidos, calidad de vida, basura, accidentes, perros sueltos, incendios, gente intoxicada. Se encargan de problemas sociales que ocurren cuando están cerradas otras áreas del Estado que deberían resolverlos.
Pero su imagen de guardianes contra el delito los lleva a responder con dos códigos de un modelo represivo: uno es la ley policial de la época de la dictadura -1970- y otro es la ley de Contravenciones señalada como inconstitucional hace tres años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta contradicción entre la visión tradicional de la Policía y las respuestas que necesita la sociedad es general en el país. Pero marca a fuego los problemas de seguridad en Tucumán. Hay quienes dicen que la creación de una Policía Judicial -para investigación de crímenes- y una policía estatal orientada a los problemas sociales ayudaría a zafar del intríngulis. Algo de eso intuyeron, astutamente, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse y el concejal Esteban Dumit, que entregan alarmas comunitarias en los barrios, sacando rédito político con su programa policial paralelo que se enfoca en un problema "micro" importante (el pequeño robo y el arrebato) que la Policía ha sido incapaz de solucionar.
En tercer lugar, la deformación de la tarea profesional en una sociedad atormentada por la violencia, a tal punto que la seguridad no es un objetivo de mejora social, sino un negocio. Proliferan las agencias privadas de seguridad, que ven crecer la demanda de servicios mensuales de alarmas monitoreadas -estiman que en dos años el 20 % de las casas los tendrá contratados- y los policías públicos tienen un ingreso paralelo con los servicios adicionales de custodia. Unos 1.000 policías trabajan en bancos, comercios y empresas, cinco horas por día, a 30 pesos la hora, de los cuales un 6 % va a la caja de servicio adicional de la Jefatura de Policía. Redondeando, a esa caja le entran unos 150.000 pesos por mes. ¿Quién controla eso? ¿Y qué otros ingresos tiene la Policía, que la transforman en una gran caja recaudadora? Tareas que poco y nada tienen que ver con "luchar contra el delito".
Esta actividad mal hecha, sólo recaudatoria, llena de claroscuros que hacen que muchos agentes no estén protegidos por el seguro, no ha hecho de esta sociedad un lugar mejor. Al contrario. Basta ver las crónicas para ver que la violencia no cesa -como los asesinatos de tres jubilados desde enero, entre ellos la pianista Mirtha Raia- y pese a la proliferación de cámaras de vigilancia, hoy nadie puede decir que está seguro en las calles: hace tres días le arrebataron el bolso a la fiscala de Instrucción VI en la puerta de su casa.
Atados a las "buenas ondas"
Aún falta que se hagan los grandes anuncios sobre la seguridad. Hasta ahora habló más el presidente de la Corte Suprema, Antonio Estofán, que describió que se está haciendo un trabajo conjunto entre Policía y Justicia porque hay "muy buena onda" con el Ministerio de Seguridad, lo cual habla de la precariedad de las buenas intenciones.
También se rumorea que pronto habrá un 911 para llamadas de emergencia y que se buscará aplicar una suerte de "tolerancia cero" contra el delito. Para eso se está preparando el equipo de los 12 apóstoles -acaso serán el jefe, el subjefe y los encargados de las cinco regionales y de cinco departamentos policiales: Personal, Inteligencia Criminal, Operaciones, Logística y Judicial-. ¿O serán asesores ajenos a la fuerza policial?
"Nada quedará librado al azar", dijo Paul Hofer. Si son doce apóstoles, y se mantienen las buenas ondas, será una cuestión de fe.
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