01 Septiembre 2012
BRASILIA.- La Justicia brasileña aceptó procesar a dos militares acusados de secuestros y desapariciones de personas durante la dictadura, en una decisión inédita que permite sortear la Ley de Amnistía, que garantizaba la impunidad para los ex represores.
El Segundo Tribunal Federal de Marabá, en el estado de Pará, acogió las denuncias presentadas por el Ministerio Público contra el coronel de la reserva Sebastiao Curió y el mayor de la reserva Licio Maciel, que habían sido rechazadas en marzo pasado, según el diario Folha de Sao Paulo. Los militares están acusados de secuestrar y hacer desaparecer entre enero y septiembre de 1974 a Maria Correa, Helio Navarro, Daniel Ribeiro, Antonio de Pádua Costa y Telma Cordeira, integrantes de la llamada Guerrilla de Araguia, creada por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) para combatir la dictadura militar.
La denuncia había sido rechazada en marzo bajo el amparo de la Ley de Amnistía, sancionada durante la dictadura en 1979 y refrendada el año pasado por el Supremo Tribunal Federal.
Pero la jueza Nair Pimienta de Castro, a cargo del juzgado, consideró válidos los argumentos del Ministerio Público de que en este caso no tendría aplicación la Ley de Amnistía al no haber caducado el delito de secuestro y desaparición, ya que las víctimas aún no fueron encontradas, por lo que su status legal es de desaparecidos.
La jueza sostiene que si el secuestro continúa hasta el momento no se aplica en este caso la Ley de Amnistía porque "ultrapasó" el período de los crímenes amnistiados en la norma. En su defensa, Maciel sostiene que no puede ser acusado de secuestro porque uno de los guerrilleros que figura como secuestrado y desaparecido fue baleado en combate y llevado a una enfermería, y que otros militares le habían informado que luego había muerto.
Curió y Maciel, quienes podrían ser condenados a entre dos y ocho años de cárcel por el delito de secuestro calificado, son los primeros procesados por la Justicia brasileña por crímenes cometidos durante la dictadura.
Todos los intentos anteriores de responsabilizar penalmente a acusados de violaciones a los derechos humanos encontraron la barrera de la Ley de Amnistía y la consideración de los jueces de que los delitos habían prescripto.
Una demanda parecida fue rechazada en San Pablo por la Justicia Federal contra el coronel Carlos Brilhante Ustra sobre el amparo de la Ley de Amnistía. (Télam)
El Segundo Tribunal Federal de Marabá, en el estado de Pará, acogió las denuncias presentadas por el Ministerio Público contra el coronel de la reserva Sebastiao Curió y el mayor de la reserva Licio Maciel, que habían sido rechazadas en marzo pasado, según el diario Folha de Sao Paulo. Los militares están acusados de secuestrar y hacer desaparecer entre enero y septiembre de 1974 a Maria Correa, Helio Navarro, Daniel Ribeiro, Antonio de Pádua Costa y Telma Cordeira, integrantes de la llamada Guerrilla de Araguia, creada por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) para combatir la dictadura militar.
La denuncia había sido rechazada en marzo bajo el amparo de la Ley de Amnistía, sancionada durante la dictadura en 1979 y refrendada el año pasado por el Supremo Tribunal Federal.
Pero la jueza Nair Pimienta de Castro, a cargo del juzgado, consideró válidos los argumentos del Ministerio Público de que en este caso no tendría aplicación la Ley de Amnistía al no haber caducado el delito de secuestro y desaparición, ya que las víctimas aún no fueron encontradas, por lo que su status legal es de desaparecidos.
La jueza sostiene que si el secuestro continúa hasta el momento no se aplica en este caso la Ley de Amnistía porque "ultrapasó" el período de los crímenes amnistiados en la norma. En su defensa, Maciel sostiene que no puede ser acusado de secuestro porque uno de los guerrilleros que figura como secuestrado y desaparecido fue baleado en combate y llevado a una enfermería, y que otros militares le habían informado que luego había muerto.
Curió y Maciel, quienes podrían ser condenados a entre dos y ocho años de cárcel por el delito de secuestro calificado, son los primeros procesados por la Justicia brasileña por crímenes cometidos durante la dictadura.
Todos los intentos anteriores de responsabilizar penalmente a acusados de violaciones a los derechos humanos encontraron la barrera de la Ley de Amnistía y la consideración de los jueces de que los delitos habían prescripto.
Una demanda parecida fue rechazada en San Pablo por la Justicia Federal contra el coronel Carlos Brilhante Ustra sobre el amparo de la Ley de Amnistía. (Télam)
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