Por Juan Pablo Durán
28 Mayo 2012
En la Europa medieval del siglo XIV los mendigos eran personas indeseables a las que había que combatir y exterminar. Con la peste negra haciendo estragos en 1346, los linyeras de la época fueron estigmatizados como causantes de la enfermedad, a tal punto que no había rey que no quisiera deshacerse de ellos. Se les atribuía todo lo malo y lo inmoral. Cuando se agolpaban en las puertas de las iglesias eran arrestados y castigados por las fuerzas del orden.
Exactamente 666 años después (resten 2012 - 1346 y saquen la cuenta) un legislador tucumano propone modificar la Ley de Contravenciones, nacida en el fragor de la dictadura, por un nuevo código -en teoría- más blando y acorde con los nuevos tiempos. El alperovichista Marcelo Caponio plantea en su proyecto, a través del artículo 49: "serán sancionados con arresto de hasta cinco (5) días, los que siendo capaces de trabajar o teniendo medios de subsistencia, se entregaren profesionalmente a la mendicidad o la vagancia, salvo que carecieren de medios de subsistencia por causas independientes de su voluntad".
De manera intempestiva surgen los siguientes interrogantes: ¿cómo hará el Estado para verificar, fehacientemente, que quienes piden en las calles esconden su indigencia? ¿Colocarán cámaras ocultas en las viviendas para saber si se quedan en la cama más tiempo de normal? ¿Pedirán informes en el Veraz para corroborar si tienen la firma afectada? ¿Les preguntarán si alquilaron sus harapos en alguna casa de disfraces?
Siete siglos después los mendigos vuelven a ser criminalizados. En vez de castigar su situación de desdicha buscando el encarcelamiento, ¿no hubiese sido mejor que el Estado los ayude a recuperar su dignidad?
Exactamente 666 años después (resten 2012 - 1346 y saquen la cuenta) un legislador tucumano propone modificar la Ley de Contravenciones, nacida en el fragor de la dictadura, por un nuevo código -en teoría- más blando y acorde con los nuevos tiempos. El alperovichista Marcelo Caponio plantea en su proyecto, a través del artículo 49: "serán sancionados con arresto de hasta cinco (5) días, los que siendo capaces de trabajar o teniendo medios de subsistencia, se entregaren profesionalmente a la mendicidad o la vagancia, salvo que carecieren de medios de subsistencia por causas independientes de su voluntad".
De manera intempestiva surgen los siguientes interrogantes: ¿cómo hará el Estado para verificar, fehacientemente, que quienes piden en las calles esconden su indigencia? ¿Colocarán cámaras ocultas en las viviendas para saber si se quedan en la cama más tiempo de normal? ¿Pedirán informes en el Veraz para corroborar si tienen la firma afectada? ¿Les preguntarán si alquilaron sus harapos en alguna casa de disfraces?
Siete siglos después los mendigos vuelven a ser criminalizados. En vez de castigar su situación de desdicha buscando el encarcelamiento, ¿no hubiese sido mejor que el Estado los ayude a recuperar su dignidad?
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