16 Febrero 2012
Mediadores amenazan con judicializar una ley
La cláusula transitoria del proyecto de enmienda a la Ley 7.844 modifica el régimen de honorarios aplicable a mediaciones en trámite. El Colegio de Abogados de la Capital y el Círculo de Mediadores Judiciales rechazan la disposición impulsada por el oficialismo. Un imprevisto llamado La Cámpora.
IMPONENTE. El flamante edificio que albergará todas las oficinas del Poder Legislativo demandó una inversión estatal cercana a los $ 130 millones. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
La enmienda propuesta a la Ley 7.844, que establece la mediación obligatoria previa a la iniciación de los juicios, no sólo cambia el régimen de honorarios de los mediadores para el futuro (salvo excepciones, el estipendio será soportado por los particulares): una cláusula transitoria incluida al final del proyecto promovido por el bloque alperovichista también modifica esta peliaguda cuestión del sistema respecto de las mediaciones actualmente en trámite.
Si lo primero ya es materia de contundente rechazo por parte de los mediadores (afectados inmediatos por los cambios contenidos en el proyecto que será tratado en la sesión de mañana), lo segundo directamente entra en la categoría de un disgusto de proporciones bíblicas. Tanto que, transgrediendo incluso la esencia de la mediación (método de resolución de conflictos alternativo al juicio), los mediadores anunciaron que se preparan para una ofensiva de carácter judicial.
"La disposición transitoria es una aberración jurídica. Hay derechos adquiridos que la nueva norma debe respetar. Pero, como los legisladores no entienden este límite, vamos a tener que ir a la Justicia. Habrá muchos planteos", anticipó Ricardo Vitellini, titular del Círculo de Mediadores Judiciales de Tucumán (asociación civil con personería en trámite).
Una observación similar hizo el Colegio de Abogados de la Capital en un escrito que giró ayer a la legisladora oficialista y presidenta de la comisión de Legislación General, Carolina Vargas Aignasse. "Esta cláusula podría generar planteos por afectación de derechos adquiridos porque el mediador pierde los emolumentos cuando se cierra la mediación por incomparecencia, fallecimiento, acuerdo previo a la primera audiencia o desistimiento, cuando la Ley 7.844 preveía que le correspondía un honorario básico (equivalente al precio de una consulta escrita sugerido por los colegios de abogados de la Capital y del Sur -o sea, $ 1.500-) y la reforma propuesta le otorga el derecho a percibir el 20% de ese honorario", expuso la institución que representa a los letrados. Su presidente, Eudoro Aráoz, resumió el tema en estos términos: "el artículo rompe el principio de irretroactividad de las leyes e impone un cambio de reglas en un juego en marcha que generará conflictos. Debe ser eliminada".
Sentido común
El reproche concreto contra la cláusula transitoria fue analizado en la intimidad del bloque alperovichista durante la mañana de ayer. Según trascendió, tras consultar el asunto con autoridades del Poder Judicial, la mayoría legislativa estaría dispuesta a modificar esta modificación en la deliberación previa a la votación de la ley. No estaban aún definidos, sin embargo, los alcances del nuevo texto que, a menos que mañana ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor, sancionarán los parlamentarios afines al gobernador, José Alperovich. El martes, el mandatario dijo que era "de sentido común" que la partes unidas o desunidas por un problema paguen al mediador, salvo los casos de actuación con beneficio para litigar sin gastos.
A una presión imprevista que obligue a postergar el tratamiento de la enmienda apuesta, precisamente, el grupo de mediadores que esta semana tocó las puertas de cabecillas locales de La Cámpora, agrupación nacional liderada por Máximo Kichner. "Cada mediador está hablando con los contactos que tiene", explicó Vitellini, que confirmó que hubo reuniones con "camporistas", pero que estas se hicieron por fuera del Círculo que dirige y que aún no sabían si contaban o no con el respaldo de la organización. "Nosotros hemos dedicado nuestros esfuerzos a visitar a los legisladores opositores", informó. Y se quejó: "sólo tuvimos una semana para movilizarnos en contra de esta reforma sumamente perjudicial para la mediación".
La fuente de financiamiento de ese instituto concebido para aliviar el trabajo de Tribunales es el meollo de esta discutida enmienda que pretende liberar al Estado de la obligación de pagar remuneraciones -haya o no acuerdo- en los casos que no superan los $ 10.000. El año pasado, el gasto en mediación ascendió a $ 4,5 millones, cifra que resulta tan razonable para los mediadores como exorbitante para el poder político.
Si lo primero ya es materia de contundente rechazo por parte de los mediadores (afectados inmediatos por los cambios contenidos en el proyecto que será tratado en la sesión de mañana), lo segundo directamente entra en la categoría de un disgusto de proporciones bíblicas. Tanto que, transgrediendo incluso la esencia de la mediación (método de resolución de conflictos alternativo al juicio), los mediadores anunciaron que se preparan para una ofensiva de carácter judicial.
"La disposición transitoria es una aberración jurídica. Hay derechos adquiridos que la nueva norma debe respetar. Pero, como los legisladores no entienden este límite, vamos a tener que ir a la Justicia. Habrá muchos planteos", anticipó Ricardo Vitellini, titular del Círculo de Mediadores Judiciales de Tucumán (asociación civil con personería en trámite).
Una observación similar hizo el Colegio de Abogados de la Capital en un escrito que giró ayer a la legisladora oficialista y presidenta de la comisión de Legislación General, Carolina Vargas Aignasse. "Esta cláusula podría generar planteos por afectación de derechos adquiridos porque el mediador pierde los emolumentos cuando se cierra la mediación por incomparecencia, fallecimiento, acuerdo previo a la primera audiencia o desistimiento, cuando la Ley 7.844 preveía que le correspondía un honorario básico (equivalente al precio de una consulta escrita sugerido por los colegios de abogados de la Capital y del Sur -o sea, $ 1.500-) y la reforma propuesta le otorga el derecho a percibir el 20% de ese honorario", expuso la institución que representa a los letrados. Su presidente, Eudoro Aráoz, resumió el tema en estos términos: "el artículo rompe el principio de irretroactividad de las leyes e impone un cambio de reglas en un juego en marcha que generará conflictos. Debe ser eliminada".
Sentido común
El reproche concreto contra la cláusula transitoria fue analizado en la intimidad del bloque alperovichista durante la mañana de ayer. Según trascendió, tras consultar el asunto con autoridades del Poder Judicial, la mayoría legislativa estaría dispuesta a modificar esta modificación en la deliberación previa a la votación de la ley. No estaban aún definidos, sin embargo, los alcances del nuevo texto que, a menos que mañana ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor, sancionarán los parlamentarios afines al gobernador, José Alperovich. El martes, el mandatario dijo que era "de sentido común" que la partes unidas o desunidas por un problema paguen al mediador, salvo los casos de actuación con beneficio para litigar sin gastos.
A una presión imprevista que obligue a postergar el tratamiento de la enmienda apuesta, precisamente, el grupo de mediadores que esta semana tocó las puertas de cabecillas locales de La Cámpora, agrupación nacional liderada por Máximo Kichner. "Cada mediador está hablando con los contactos que tiene", explicó Vitellini, que confirmó que hubo reuniones con "camporistas", pero que estas se hicieron por fuera del Círculo que dirige y que aún no sabían si contaban o no con el respaldo de la organización. "Nosotros hemos dedicado nuestros esfuerzos a visitar a los legisladores opositores", informó. Y se quejó: "sólo tuvimos una semana para movilizarnos en contra de esta reforma sumamente perjudicial para la mediación".
La fuente de financiamiento de ese instituto concebido para aliviar el trabajo de Tribunales es el meollo de esta discutida enmienda que pretende liberar al Estado de la obligación de pagar remuneraciones -haya o no acuerdo- en los casos que no superan los $ 10.000. El año pasado, el gasto en mediación ascendió a $ 4,5 millones, cifra que resulta tan razonable para los mediadores como exorbitante para el poder político.
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