“Se están dando pasos concretos para reducir esta práctica horrible”

La trata de personas es un desafío fundamental y de crucial importancia en el área de los derechos humanos y la aplicación de la ley. Todos los días, hombres, mujeres y niños son obligados a trabajar en lugares donde son explotados a cambio de una paga miserable: obras en construcción, prostíbulos, hogares privados y en el campo. Privadas de sus derechos humanos, muchas de las víctimas son objeto de violencia y de amenazas contra su persona y su familia.
En la actualidad, el comercio esclavo es la tercera industria criminal en el mundo. También es la de mayor crecimiento, ya que ha sido un delito de altas ganancias y bajo riesgo. Hasta ahora. 
Gobiernos y ciudadanos de todos los países, preocupados con esta cuestión, están respondiendo al llamado de la conciencia para ponerle fin a la degradación de hombres, mujeres y niños. Están dando pasos concretos para reducir esta práctica horrible y para ayudar a cientos de miles de personas que resultan ser sus víctimas. Esta semana, los gobiernos de Argentina y de Uruguay copatrocinaron la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas de la Organización de Estados Americanos. El encuentro fue una oportunidad para que la región trabaje unida: cada país puede aprender de los otros y desarrollar así un marco de referencia, dentro del cual abordar desafíos comunes en la lucha contra la trata de personas -incluyendo el trabajo forzado- dentro de nuestras fronteras y a lo largo de toda la región.

Compromiso internacional
Esta reunión es un ejemplo del creciente compromiso de la comunidad internacional de atacar frontalmente la trata de personas. Desde mi llegada a la Argentina hemos incrementado sustancialmente la cooperación bilateral y multilateral para combatir este flagelo. Los Estados-miembro de la OEA han demostrado gran liderazgo en la lucha contra este crimen. La mayoría de los países de la región ha ratificado el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Muchos han sancionado leyes antitrata, que disponen protección para todas las víctimas, ya sean extranjeras o locales, menores o adultas, hombres o mujeres. La toma de conciencia oficial y pública del problema (inclusive sobre los delitos de trabajo forzado) está creciendo. En América Latina y el Caribe, los procesamientos por tráfico de personas aumentan gradualmente. Por ejemplo, en 2007 hubo 409 procesamientos y 110 condenas. Esto representa más del doble de los esfuerzos conjuntos desde 2005.  
Con todo, hay todavía mucho trabajo por hacer. Tristemente, la extendida corrupción oficial a través de América Latina y el Caribe dificulta la imposición de duras condenas contra las redes criminales involucradas. En países donde la prostitución es legal, muchas autoridades judiciales desestiman potenciales casos de la explotación sexual y no investigan más allá para comprobar si los proxenetas y/o dueños de burdeles utilizaron fuerza, fraude o coerción para mantener a víctima adultas en estado de esclavitud sexual. O si los niños, que no están facultados a brindar su consentimiento a su propia explotación conforme al derecho internacional, son víctimas de abuso con fines comerciales. En los países donde los fiscales han logrado progresos, las causas judiciales se han centrado sensiblemente en el tráfico de menores para explotación sexual con fines comerciales, así como en el procesamiento de “clientes” que buscan sexo pago con niños.
Existen considerablemente menos casos de trata de personas con fines de explotación sexual que involucren adultos, así como también de delitos que impliquen trabajos forzados y servidumbre doméstica. En muchos países latinoamericanos, el trabajo forzado o el empleo infantil constituyen un delito administrativo, no un delito penal.

Turismo sexual
El turismo sexual también es un problema. Es una cuestión que debe abordarse desde todos los ángulos para ponerle fin tanto a la demanda local como a la de turistas. También es clave ponerle fin a la oferta.
Por último, la asistencia a la víctima provista por los gobiernos de la región está dirigida con abrumadora preponderancia a menores. Hay pocos o ningún servicio disponible para adultos.  Si bien la región ha progresado en el tema durante la última década, debemos reforzar la coordinación regional y continuar desarrollando nuestros programas y políticas nacionales de prevención, protección y procesamiento legal. Como democracias comprometidas con la defensa de la dignidad humana, los estados-miembro de la OEA están trabajando juntos para asegurar que esta forma moderna de esclavitud no persista durante el siglo XXI. EE.UU. se enorgullece de ser parte de esta iniciativa. Juntos, podemos ponerle fin a este horrible y degradante delito, persiguiendo a aquellos que lucran con el sufrimiento humano. Juntos podemos restablecer la dignidad de mujeres y niños prostituidos, del trabajador doméstico golpeado, del obrero agrícola atrapado, y del empleado textil explotado. (Especial para LA GACETA)